El impuesto del 4×1.000 continuará vigente a pesar de las expectativas de diversos sectores que promovieron su eliminación. Aunque la reforma tributaria de 2022 establecía su posible desmonte a partir del 13 de diciembre de 2024, las condiciones necesarias para su retiro aún no se han cumplido.
Según la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, la principal razón de la continuidad del gravamen radica en la falta de un sistema tecnológico adecuado para verificar los movimientos financieros. Esta responsabilidad fue asignada a bancos y cooperativas, muchas de las cuales no cuentan con la infraestructura para desarrollar e implementar este mecanismo en el corto plazo.
Uno de los principales obstáculos es la capacidad limitada de cooperativas en zonas rurales para cumplir con los requerimientos tecnológicos. De acuerdo con Navarro, alrededor de 122 cooperativas de ahorro y crédito básicas no cuentan con la infraestructura para adoptar el sistema exigido por la norma.
Navarro señaló que la modernización digital del sector bancario es un paso fundamental para viabilizar la eliminación del 4×1.000. Sin embargo, las condiciones actuales muestran que la implementación de un sistema de verificación integral en todo el país tomará años.
El Gobierno y las entidades financieras han trabajado en estrategias para fortalecer la infraestructura tecnológica en las regiones apartadas. No obstante, los avances han sido graduales y el desarrollo de un sistema robusto sigue siendo un reto pendiente.
Cabe recordar que el 4×1.000 fue implementado en 1998 como una medida temporal para enfrentar la crisis económica y bancaria de la época. Con el tiempo, se consolidó como una fuente permanente de ingresos para el Estado. Su estructura implica el cobro de $4 por cada $1.000 retirados o transferidos a través de cuentas bancarias y otros productos financieros.
El impuesto ha sido objeto de críticas debido a su impacto en la bancarización y su posible efecto en la informalidad económica. No obstante, su relevancia en la recaudación fiscal ha dificultado su eliminación.
El panorama actual indica que el 4×1.000 continuará aplicándose mientras persistan las limitaciones tecnológicas y financieras para su desmonte. En este contexto, la modernización del sector financiero será determinante para definir el futuro de este impuesto en Colombia.
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