La alocución presidencial del 29 de diciembre, en la que Petro anunció el incremento del salario mínimo para 2026, dejó planteados no solo los argumentos del Gobierno para decretar el ajuste, sino también varios puntos de debate que atraviesan la política salarial.
La decisión se tomó luego de que fracasara la mesa de concertación entre el Ejecutivo, los empresarios y las centrales sindicales, escenario que obligó al Gobierno a fijar por decreto un aumento del 23,7% tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte, llevando el ingreso mensual, antes de descuentos, a una cifra cercana a los 2 millones de pesos.
Durante su intervención, el mandatario centró su explicación en la necesidad de evaluar el salario mínimo más allá de su valor nominal. Insistió en que el análisis debía hacerse en términos reales, considerando la inflación, la productividad y el impacto del ingreso en la economía.
Bajo esa premisa, sostuvo que el salario no solo incide sobre quienes lo devengan directamente, sino que tiene efectos sobre otros trabajadores, la economía popular y los niveles de consumo. Esta lectura contrasta con los planteamientos de sectores empresariales que, en anteriores discusiones, han advertido sobre los costos laborales y sus efectos en el empleo.
Uno de los puntos que más espacio ocupó en la alocución fue la introducción del concepto de salario mínimo vital familiar. Petro afirmó que esta figura está respaldada por la Constitución de 1991 y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero reconoció que no había sido aplicada de forma explícita en Colombia.
El cálculo presentado por el Gobierno parte de un promedio de 3,4 personas por hogar, con 1,5 trabajadores por familia, y del costo estimado de la canasta familiar. A partir de esas variables, se fijó un salario mínimo vital familiar de $1.746.882 sin auxilio de transporte y de $2.000.000 con este incluido, cifras que se convierten en el principal referente del ajuste.
El presidente detalló que el incremento corresponde a un aumento del 23% sobre el salario base y de 24,5% en el auxilio de transporte, aclarando que este último no se aplica de manera homogénea en todo el país.
También explicó que el aumento real del salario mínimo, descontando la inflación proyectada, sería del 18,7%, un dato con el que el Gobierno busca sustentar que el ajuste representa una mejora efectiva del ingreso. Sin embargo, el énfasis en el impacto real no despeja las dudas sobre el efecto que tendrá el aumento en sectores productivos con menor margen financiero.
En su discurso, Petro anticipó críticas desde sectores económicos y empresariales, que han señalado en otras ocasiones posibles riesgos sobre el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas. Frente a ello, el presidente afirmó que los indicadores actuales muestran reducciones en desempleo y pobreza, y sostuvo que el aumento salarial apunta a fortalecer la demanda interna, al incrementar la capacidad de consumo de los hogares.
El mandatario también afirmó que el aumento acumulado del salario mínimo durante su administración alcanzaría cerca del 36% en términos reales, una cifra que, según expuso, no se registraba desde la década de 1960.
Reconoció que el ajuste puede generar presiones inflacionarias y planteó que estas responden a disputas en la distribución del ingreso, dejando abierta una discusión que seguirá marcando el debate económico en el inicio de 2026.
