Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, fue condenada nuevamente por su participación en actos de corrupción relacionados con trámites irregulares a favor de una EPS en el departamento del Cauca.
La sentencia fue emitida luego de que Carrascal aceptara su responsabilidad por el delito de cohecho impropio, en el marco de un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. En este, la exfuncionaria reconoció haber recibido 300 millones de pesos a cambio de favorecer a Asmet Salud EPS en un proceso administrativo desarrollado en el año 2017.
El Tribunal validó el preacuerdo entre las partes, lo que derivó en una pena de 38 meses y 12 días de prisión domiciliaria, debido a su condición de madre cabeza de hogar. También se le impuso una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 80 meses y una multa de $31.249.680, correspondiente a 40 salarios mínimos legales vigentes en 2018.
Según la investigación, los pagos habrían sido entregados en dos partes: 50 millones de pesos en diciembre de 2017 y 250 millones en enero de 2018. Las evidencias recopiladas incluyen registros de reuniones entre Carrascal y Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de Asmet Salud EPS en ese momento.
Durante el proceso se demostró que la exfuncionaria asesoró directamente a la administración de la EPS en la elaboración de un plan de mejoramiento financiero y administrativo, lo cual derivó en la renovación de su licencia de funcionamiento. Esto, a pesar de que la entidad presentaba deficiencias en la atención a usuarios y serios cuestionamientos sobre su situación financiera.
Las pruebas aportadas por la Fiscalía indican que Carrascal gestionó documentos internos y solicitó ajustes que facilitaron la aprobación del plan, dilatando controles y suavizando medidas que debían ser más estrictas según los estándares regulatorios.
La juez de conocimiento destacó que la actuación de la exfuncionaria puso intereses particulares por encima del interés general, y facilitó condiciones para que la EPS continuara operando en medio de observaciones por su desempeño.
Como parte del acuerdo judicial, Carrascal se comprometió a devolver el monto recibido en un plazo de seis meses. Sin embargo, según el reporte, hasta el momento solo ha restituido una parte del dinero pactado.
Esta condena se suma a otra emitida en mayo de 2022, en la cual Carrascal fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por recibir sobornos de al menos 700 millones de pesos en otros procesos, en los que también intercedió a favor de EPS, IPS y cajas de compensación familiar utilizando su posición en la entidad de control.
