La Gobernación de Antioquia informó que mantiene presencia institucional en el municipio de Briceño, al norte del departamento, para atender la emergencia humanitaria derivada del desplazamiento masivo de familias campesinas desde la zona rural hacia el casco urbano. De acuerdo con las autoridades locales, cerca de 2.081 personas, provenientes de 23 veredas, abandonaron sus hogares en los últimos días debido a la presión ejercida por grupos armados ilegales que operan en la región.
Según la Administración Departamental, desde el momento en que se conoció la situación, se activaron los protocolos de atención a víctimas del desplazamiento forzado. La Gobernación, a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, dispuso de transporte, alimentación y acompañamiento a las familias que llegaron al casco urbano en busca de refugio.
Asimismo, se confirmó que funcionarios de la Secretaría de Salud e Inclusión Social se encuentran en el municipio desde este martes para brindar atención médica, psicológica y social a los afectados. El propósito es garantizar condiciones básicas de asistencia y coordinar acciones con las autoridades municipales y organismos humanitarios que apoyan la respuesta.
De acuerdo con información conocida por las autoridades, el desplazamiento se habría originado por las amenazas y órdenes impartidas por alias Chejo y alias Primo Gay, señalados como cabecillas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá. Estas estructuras ilegales habrían exigido a los pobladores abandonar sus viviendas, generando una salida masiva hacia el área urbana de Briceño.
El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, indicó que las tropas mantienen presencia activa en la zona rural y que se han intensificado las operaciones militares con el fin de garantizar el retorno seguro de las familias a sus lugares de origen. “Nuestras unidades permanecen en los sectores afectados para proteger a la población civil y restablecer las condiciones de seguridad que permitan su regreso”, afirmó el oficial.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que hace un llamado urgente al Gobierno nacional para adoptar medidas inmediatas que fortalezcan la respuesta institucional. El organismo solicitó asegurar la atención integral de las personas desplazadas y adoptar acciones que mitiguen el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos.
La entidad también instó a los entes territoriales y a las fuerzas militares a coordinar esfuerzos para recuperar el control de la zona y evitar que las comunidades sigan siendo víctimas de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Mientras tanto, las autoridades locales y departamentales continúan con la caracterización de las familias desplazadas y la evaluación de las necesidades prioritarias. La Gobernación reiteró su compromiso de mantener la asistencia humanitaria y trabajar por el restablecimiento de la tranquilidad en esta zona del norte de Antioquia.
