En la madrugada de este martes 3 de febrero se llevó a cabo la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, hacia los Estados Unidos, país donde deberá responder ante la Corte del Distrito Este de Texas por cargos relacionados con narcotráfico internacional y concierto para delinquir. Marín Silva fue trasladado bajo un fuerte esquema de seguridad desde la Estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).
Es importante indicar que el presidente Gustavo Petro firmó la orden ejecutiva correspondiente para la extradición de alias Pipe Tuluá. En territorio estadounidense deberá responder, además, por su presunta participación en la coordinación del envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, operaciones que, según el expediente judicial de ese país, incluían la distribución de estupefacientes a través de rutas que atravesaban Centroamérica y México antes de llegar a ese destino.
La orden de extradición se ejecutó en un contexto en el que Marín ya cumplía en Colombia una condena de 30 años de prisión por delitos como homicidio, extorsión y concierto para delinquir, impuestos en procesos judiciales locales.
Cabe recordar que este hombre era el jefe de la banda criminal denominada La Inmaculada, con presencia en el departamento del Valle del Cauca, y era requerido por la justicia estadounidense desde mayo de 2025, cuando se emitieron las solicitudes formales de entrega internacional por cargos ligados al narcotráfico.
La extradición de Marín se concretó horas antes de un encuentro bilateral entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, convocado en Washington para discutir, entre otros temas, cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Entre tanto, Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, dejó en poder de un medio de comunicación nacional una carta y un audio en los que solicitó que no se generaran retaliaciones ni actos de violencia tras su extradición. También pidió no tomar represalias contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), contra el comercio local ni contra el alcalde del municipio de Tuluá.
