La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió que el aumento del salario mínimo del 23 % anunciado por el Gobierno Nacional para 2026 generará un incremento adicional promedio cercano a los $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano de las ciudades capitales, sobre el ajuste previamente proyectado con base en un incremento del 11 %.
El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo para 2026, incluyendo el auxilio de transporte, quedará en $2 millones. De acuerdo con Asocapitales, este incremento impacta de manera directa la estructura financiera de los sistemas de transporte público masivo y estratégico, debido a que entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos indexados al salario mínimo.
La asociación explicó que, por esta razón, cada incremento salarial se traslada automáticamente a los costos de operación, incluso sin ampliación de flota, rutas o frecuencias, afectando el costo por kilómetro recorrido y el equilibrio financiero de los sistemas.
En ese sentido, el director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, señaló que “un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”.
Asocapitales indicó además que este impacto no se limita a los grandes sistemas de transporte masivo de las principales áreas metropolitanas, sino que afecta de forma sensible a las ciudades capitales intermedias, donde operan sistemas estratégicos de menor escala, con menor respaldo financiero y mayores restricciones fiscales, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a choques de costos laborales.
En el caso de Cali, la asociación señaló que el aumento del salario mínimo se refleja en un mayor costo operativo del sistema MIO, en un contexto de baja demanda relativa y altos costos fijos. Esta situación profundiza el déficit estructural del sistema y obliga al municipio a destinar mayores recursos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias y prevenir reducciones en la calidad del servicio.
Por su parte, en Medellín, aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá presenta un mejor equilibrio financiero, Asocapitales advirtió que el incremento salarial impacta los costos de operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones, lo que podría traducirse en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras.
La asociación reiteró que el incremento salarial proyectado genera presiones adicionales sobre los sistemas de transporte público urbano y llamó la atención sobre la necesidad de garantizar respaldo financiero para proteger a los usuarios y evitar incrementos abruptos en las tarifas en las ciudades capitales del país.
