Audifarma S.A. ha advertido que, de no resolverse los incumplimientos en los pagos por parte de la Nueva EPS, se verá obligada a suspender la prestación del servicio de dispensación de medicamentos a partir del 28 de febrero de 2025.
En una carta enviada a Bernardo Armando Camacho Rodríguez, agente especial interventor de la Nueva EPS, la empresa informó que, aunque se había acordado un giro de recursos por $110.000 millones de pesos para enero de 2025, hasta el momento solo se han desembolsado $43.282 millones de pesos, lo que representa menos de la mitad de lo pactado. Además, Audifarma señala que la EPS no ha enviado la información necesaria para legalizar pagos pendientes por $486.315 millones de pesos, situación que está retrasando los procesos de conciliación de cartera.
El documento recuerda que en diciembre de 2024 ambas partes, con la intermediación de la Superintendencia Nacional de Salud, acordaron garantizar la continuidad en la dispensación de medicamentos a los afiliados. Sin embargo, el incumplimiento en los pagos pone en riesgo la disponibilidad de insumos esenciales para millones de usuarios, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o de alto costo.
“El adecuado flujo de recursos en el sector salud es una condición indispensable para garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios farmacéuticos”, señala Audifarma en la carta. Asimismo, recalca que la falta de pago no solo afecta la prestación del servicio, sino que también vulnera el derecho fundamental a la salud, consagrado en la Constitución y en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
La empresa también advierte que esta situación ha generado un desequilibrio en la cadena de abastecimiento, afectando a los laboratorios farmacéuticos y aumentando el riesgo de desabastecimiento. “Se hace un llamado a la Nueva EPS a cumplir las condiciones pactadas que posibiliten la prestación del servicio y eviten en todo caso el cese del suministro”, enfatiza Audifarma.
Finalmente, la compañía reitera la urgencia de que la Nueva EPS despliegue las acciones necesarias para ajustar el flujo de recursos y generar los pagos pendientes antes de finalizar febrero. De lo contrario, advierte que no podrá continuar con la prestación del servicio, afectando a miles de afiliados en todo el país.
El documento también fue remitido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, personeros municipales, veedurías ciudadanas y el Ministerio de Salud y Protección Social.
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