En una nueva proposición presentada ante el Senado de la República, la senadora María Fernanda Cabal Molina exhortó formalmente al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego a someterse a un examen toxicológico y una evaluación psiquiátrica, argumentando razones de interés público, moralidad y la idoneidad del mandatario para continuar ejerciendo su cargo.
La solicitud, dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario general, Diego Alejandro González, se sustenta en el artículo 194 de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 244 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, los cuales regulan la discusión de políticas y temas generales en el Congreso de la República.
“Esta solicitud se enmarca en el ejercicio del control político por parte del Congreso y se motiva en hechos públicos y notorios que comprometen la moralidad pública, la seguridad nacional y el correcto desempeño del Jefe de Estado”, afirma la senadora Cabal en el documento. Entre los hechos que motivan esta iniciativa, se mencionan revelaciones hechas por el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la excanciller Laura Sarabia, según audios publicados por la revista Semana. Asimismo, se refiere a una carta pública de la periodista María Jimena Duzán, fechada el 5 de noviembre de 2023, en la que se dirige directamente al presidente Petro: “Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo develé. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral.”
Otro de los argumentos citados en la proposición son las declaraciones recientes del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien manifestó haber presenciado comportamientos del mandatario relacionados con el consumo de drogas durante un viaje oficial a Francia. “Fue en París cuando pude confirmar que usted tenía el problema de drogadicción… su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, aseveró Leyva según la senadora.
La proposición concreta que el presidente debe someterse, en un plazo no mayor a quince días calendario contados a partir de su aprobación, a dos exámenes médicos realizados por una entidad médica pública o privada de reconocida idoneidad. El primero sería un examen toxicológico completo, con el objetivo de descartar o confirmar el consumo de sustancias psicoactivas. El segundo, una evaluación psiquiátrica integral, destinada a determinar la plena capacidad cognitiva, emocional y funcional del presidente para continuar ejerciendo su cargo.
La senadora Cabal concluye que este llamado forma parte de un debate más amplio sobre “la responsabilidad, la salud mental y física, y la idoneidad del Presidente de la República para continuar ejerciendo el mandato constitucional.”
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Casa de Nariño sobre esta solicitud.
