El registrador nacional, Hernán Penagos, inició su intervención destacando la autonomía constitucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, subrayando que esta entidad no tiene un superior jerárquico dentro del Gobierno.
Durante su intervención, se refirió a lo estipulado en el artículo 104 de la Constitución Política, que establece los requisitos necesarios para convocar una consulta popular. En ese contexto, informó que ya se han recibido los documentos relacionados con la iniciativa.
El primero de ellos fue entregado por la presidencia del Senado y certifica la votación en la cual se negó la convocatoria a la consulta popular en la plenaria de esa corporación. El segundo documento fue remitido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, e incluye el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro convoca oficialmente a la consulta.
Penagos también abordó las demandas presentadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en particular en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Allí se reconoce la existencia de un acto administrativo del Senado, respaldado por la Procuraduría General de la Nación, que niega la consulta.
Además, indicó que han llegado múltiples solicitudes y acciones legales a las altas cortes y a la Registraduría, con el objetivo de buscar la nulidad del decreto presidencial.
Frente a este panorama, Penagos anunció que la Registraduría solicitará conceptos jurídicos a las altas cortes para poder tomar una decisión de fondo sobre el camino a seguir. Asimismo, expresó que pedirá que los trámites judiciales se resuelvan con celeridad, dada la importancia del asunto.
En cuanto al aspecto financiero, señaló que para realizar una consulta popular se requiere un concepto presupuestal claro. Advirtió que la inversión estimada de 750 mil millones de pesos representa una suma significativa y no puede ponerse en riesgo sin un respaldo legal sólido, ya que podría generar un eventual detrimento patrimonial.
Finalmente, Penagos afirmó que es inviable ejecutar la consulta en los tiempos propuestos por el Gobierno. Explicó que se requiere una planeación logística detallada, que incluye la capacitación de jurados, impresión y distribución del material electoral, incluso en el exterior.
Concluyó asegurando que todas sus actuaciones están enmarcadas en la Constitución y que el camino a seguir se definirá una vez se pronuncien las autoridades judiciales competentes.
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