En una audiencia con estricta reserva, la Fiscalía General de la Nación imputó al exconcejal de Medellín por el Partido Conservador, Lucas Cañas Jaramillo, por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación se centra en presuntas irregularidades ocurridas entre 2018 y 2019, cuando el hospital público La María firmó millonarios contratos con Vasalud IPS, empresa vinculada a Cañas. Pese a las acusaciones, Lucas Cañas se declaró inocente.
Según la Fiscalía, durante el tiempo en cuestión, el hospital, dirigido por Misael Alberto Cadavid Jaramillo, adjudicó a Vasalud IPS contratos por $2.105 millones para la provisión de medicamentos y otros insumos. No obstante, la empresa no cumplía con los requisitos para ser proveedor. Vasalud, creada en 2014 en Barranquilla con objeto social en el sector salud, fue adquirida por Cañas en 2018 y trasladada a Medellín. Poco después, el exconcejal cedió sus acciones a su madre, aunque, según la investigación, continuó controlando la compañía.
Interceptaciones telefónicas evidenciarían que el propio Cañas denominaba a Vasalud como una «empresa de papel». Además, los contratos carecían de estudios de mercado o comparación de precios que justificaran su adjudicación. De hecho, la primera factura emitida por la empresa data del 17 de julio de 2018, mientras que su inscripción como proveedor se realizó 15 días después.
La Fiscalía también reveló inconsistencias en las sedes registradas por Vasalud en Medellín, donde no se encontró presencia física de la empresa. En una dirección funcionaba un centro de formación laboral y en otra, un edificio residencial con restricciones para actividades comerciales. Además, 37 laboratorios farmacéuticos listados como proveedores negaron haber tenido vínculos con la empresa, y otros 20 no contaban con información verificable.
Otra irregularidad clave fue la falta de registro Invima y números de lote en algunos medicamentos suministrados, lo que impide su trazabilidad y certificación legal.
La Fiscalía señala que Cañas, Cadavid y el representante legal de Vasalud, Juan Camilo Moncada Cárdenas, habrían actuado en conjunto para facilitar la contratación irregular. De ser hallado culpable, Cañas podría enfrentar una pena de entre 12 y 27 años de prisión. No obstante, el ente investigador no halló evidencia de enriquecimiento ilícito en sus cuentas ni detrimento patrimonial de la IPS.
Noticia en desarrollo.
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