La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras auditorías realizadas a entidades territoriales y al uso de recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con el ente de control, durante el año 2025 se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país, las cuales permitieron identificar presuntas irregularidades relacionadas con sobrecostos, pagos sin soporte y fallas en procesos contractuales.
Según el comunicado oficial, “en las auditorías de cumplimiento realizadas a 68 entidades territoriales sobre recursos del Presupuesto General destinados al PAE 2024 (…) se establecieron más de 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones”, los cuales corresponden principalmente a sobrecostos y pagos que no cuentan con respaldo de ejecución.
Adicionalmente, la Contraloría informó que en el uso de recursos del Sistema General de Regalías, destinados a financiar el PAE en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, así como en el municipio de Arauca, se detectaron hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones. Estos corresponden a las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.
El organismo de control señaló que estas irregularidades se originaron por “deficiencias en varias etapas de los procesos contractuales, así como en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del Programa de Alimentación”.
Más allá del impacto fiscal, la Contraloría lanzó una alerta por las consecuencias sociales que tendría el manejo inadecuado del programa. En el marco del Control Social Participativo, advirtió sobre la posible afectación de 783.000 estudiantes en el país.
Según el informe, el problema radica en que “el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026 en 11 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC)”, situación que pone en riesgo la garantía del derecho a la alimentación de miles de niños y adolescentes.
La Contraloría explicó que las auditorías adelantadas cubren más del 90 % de las Entidades Territoriales Certificadas, lo que refleja un panorama amplio sobre la ejecución del PAE a nivel nacional y evidencia la necesidad de correctivos urgentes para evitar nuevas afectaciones tanto fiscales como sociales.
