El días pasados el congresista Alejandro Toro Ramírez se pronunció para supuestamente retractarse de las afirmaciones calumniosas que hizo en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Sin embargo, se conoció que lo anterior se había dado de manera irregular y que no cumplía con lo que la ley le había solicitado a Toro. Por esta razón, el Alcalde se pronunció de manera inmediata y afirmó en ese momento que: “Hasta para retractarse de sus mentiras y calumnias son mañosos. Son muy valientes a la hora de mentir y muy cobardes a la hora de las disculpas”. El mandatario de los medellinenses también señaló que Toro había publicado un texto diferente al aprobado por el magistrado de la Corte Suprema y luego lo borró, repitiendo el proceso de publicación y eliminación para evitar que el mensaje tuviera mayor alcance. “Pero la falsedad sí la dejó publicada. Es una burla a la justicia”, agregó adjuntando capturas del contenido modificado.
Con base a lo anterior, hace unos minutos se conoció que efectivamente el alcalde Gutiérrez tenía razón, ya que en el marco de la diligencia de conciliación celebrada el pasado 18 de octubre, con relación al caso de la denuncia el representante a la Cámara, David Alejandro Toro Ramírez, se comprometió, de manera libre y voluntaria, a darle cumplimiento a dos aspectos: el primero, relacionado con la divulgación en sus redes sociales de la integridad de un comunicado que fue redactado conjuntamente por querellante y querellado, avalado y acompañado de sus respectivos apoderados judiciales; y el segundo, la lectura integra de dicho comunicado en sus redes sociales.
Sin embargo, tras observarse que el comunicado no ha sido divulgado ni leído en los precisos y exactos términos redactados y consignados en el acta de conciliación, la Corte Suprema conminó a Toro Ramírez a que, en un término no mayor a 24 horas, dé cumplimiento estricto a lo acordado. Se le exige que la divulgación se limite a los términos consignados en el acta y que, en el mismo plazo, remita constancia de su realización, pues de lo contrario, se entenderá que ha incumplido los términos pactados.
La Corte Suprema ahora espera el cumplimiento estricto de los términos del acuerdo por parte de Toro Ramírez, ya que cómo se mencionó anteriormente, tiene un plazo máximo de 24 horas para evitar mayores sanciones.
