El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció esta mañana en una entrevista con Blu Radio que el Gobierno Nacional adeuda al Grupo EPM 2.1 billones de pesos por concepto de subsidios de tarifa de energía desde el año pasado. Esta cifra incluye montos pendientes como 197.000 millones de pesos a EPM, 44.000 millones a la CHEC y 608.000 millones a Afinia, entre otros. Según Gutiérrez, esta deuda pone en riesgo la estabilidad del sector energético del país y podría desencadenar un apagón nacional.
El panorama es aún más crítico si se suma la deuda de 2.3 billones de pesos que el Gobierno tiene con EPM por la opción tarifaria. Esto eleva el monto total adeudado a 4.4 billones de pesos, afectando no solo las finanzas de Medellín, sino también a millones de colombianos que dependen de la energía eléctrica y de los proyectos sociales y de infraestructura financiados por la empresa.
La situación en Afinia, filial de EPM que opera en la región de la Costa Caribe, es particularmente delicada. Según las advertencias hechas en 2024, de no solucionarse la crisis financiera, la compañía podría quedarse sin recursos para operar a partir de febrero de este año, lo que pondría en peligro la prestación del servicio eléctrico en varios departamentos del país.
Para lo anterior, se reitera que el Gobierno Nacional debe cumplir con sus compromisos para evitar un colapso en los servicios públicos esenciales. Además, se hace un llame de atención sobre las posibles repercusiones sociales y económicas de esta situación.
Por su parte, las empresas del sector energético insisten en la necesidad de un pronto desembolso por parte del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema energético en Colombia. La incertidumbre generada por estas deudas representa un desafío para la sostenibilidad del sector en el corto plazo.