En el departamento de Guaviare, un grupo de soldados del Ejército Nacional fue víctima de un ataque armado atribuido a integrantes de las disidencias de las Farc. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, en el hecho habrían resultado muertos varios uniformados y otros estarían en condición de secuestrados. Hasta el momento, las autoridades continúan adelantando las labores de verificación para establecer con precisión el número de víctimas, pero se calcula que al menos 10 soldados perdieron la vida.
El ataque se produce en un contexto de creciente violencia contra la fuerza pública. En las últimas semanas, diversas regiones del país han registrado un aumento significativo en las acciones armadas, enmarcadas en lo que se ha denominado como un nuevo “plan pistola” contra policías y militares. Estos atentados, en su mayoría cometidos con artefactos explosivos al paso de patrullas, han dejado hasta ahora cerca de una decena de muertos entre miembros de la Policía Nacional y el Ejército.
Denuncias sobre falta de respuesta preventiva
Varios gobernadores han denunciado públicamente estos actos violentos, calificándolos como terroristas y exigiendo una respuesta más eficaz del Gobierno Nacional. Entre ellos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien criticó la falta de acción preventiva por parte del Ministerio de Defensa. Según Rendón, pese a las advertencias sobre la inminencia de estos ataques, no se implementaron las medidas necesarias para proteger a las tropas en terreno.
La situación ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales, quienes advierten que la violencia contra la fuerza pública evidencia un deterioro de las condiciones de seguridad en varias zonas del país, particularmente en regiones donde operan grupos armados ilegales.
Se esperan nuevos reportes oficiales
Por el momento, el Ejército continúa en la zona realizando operaciones para garantizar la seguridad y esclarecer los hechos. Las autoridades han anunciado que en las próximas horas se ofrecerá un informe oficial con los datos confirmados sobre los soldados fallecidos y los que podrían estar en poder de los grupos armados.
A estos hechos se suman ataques a policías y soldados en Urabá, en donde un soldado en permiso habría sido asesinado por el Clan del Golfo y en la Guajira en donde se habría presentado otro hecho violento yo contra la fuerza pública.
La gravedad de los acontecimientos subraya la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad y proteger a los miembros de la fuerza pública que enfrentan un escenario de riesgo creciente en varias regiones del país
