La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta pública ante la eventual expedición de un decreto del Ministerio de Salud que introduciría criterios territoriales para la habilitación de Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que podría derivar en un traslado masivo de afiliados entre aseguradoras.
El pronunciamiento surge en el contexto de actos administrativos que se encuentran en etapa de consulta pública y recepción de comentarios ciudadanos.
El documento, suscrito por el vocero Álvaro Enrique Molina y representantes de asociaciones vinculadas a distintas EPS, advierte que la medida tendría efectos directos sobre millones de usuarios del sistema.
Según la Mesa, el volumen estimado de traslados alcanzaría 6.606.371 afiliados, distribuidos entre varias entidades receptoras. Entre los movimientos señalados se mencionan 3.198.875 usuarios hacia Nueva EPS, 289.262 hacia Savia Salud y 533.429 hacia S.O.S., además de otros traslados que no fueron detallados en el comunicado.
Las organizaciones indican que el escenario se relaciona con un ajuste en el esquema de habilitación territorial que modificaría la operación de las aseguradoras. En su pronunciamiento, la Mesa califica el asunto como de alcance nacional y lo vincula con lo que denomina una crisis humanitaria en salud que, según afirma, impacta a pacientes, usuarios y trabajadores del sector.
El comunicado expone tres preocupaciones centrales frente al eventual traslado. La primera se refiere a la libre escogencia de EPS, al señalar que los usuarios podrían ser reasignados sin un proceso de selección individual. La segunda apunta a la capacidad de respuesta de las entidades receptoras, varias de las cuales, según la Mesa, se encuentran bajo intervención o presentan limitaciones operativas. La tercera se relaciona con la continuidad de tratamientos médicos, en especial para pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o de manejo especializado.
El documento también menciona a la Contraloría General de la República y sostiene que, de acuerdo con informes y declaraciones públicas citadas por la organización, las EPS intervenidas no habrían alcanzado mejoras suficientes en la prestación del servicio. Asimismo, advierte que una reasignación de afiliados hacia aseguradoras con restricciones administrativas o financieras podría aumentar presiones económicas sobre EPS e IPS y generar mayores costos asumidos directamente por los usuarios.
En su llamado, la Mesa solicita a los entes de control seguimiento sobre las decisiones regulatorias en curso y pide que no se adopten medidas que, a su juicio, no contribuyan a resolver la situación del sistema. También solicita el cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la garantía del derecho a la salud.
