La Corte Constitucional acogió la solicitud presentada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y decretó la suspensión provisional del Decreto de Emergencia Económica. La decisión se conoció luego de que el alto tribunal analizara la medida cautelar dentro del control automático de constitucionalidad del decreto.
De acuerdo con el pronunciamiento, Asocapitales acompañó desde el inicio la acción promovida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante la presentación de una coadyuvancia formal ante la Corte Constitucional, con el objetivo de solicitar la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras se adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
En un comunicado fechado en Panamá el 29 de enero de 2026, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales informó que valora la decisión del alto tribunal de suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 y las medidas económicas adoptadas al amparo del estado de emergencia. Según se indicó, la Corte tuvo en cuenta la solicitud de medida cautelar presentada por Asocapitales dentro del trámite constitucional correspondiente.
El documento señala que, en su decisión, la Corte Constitucional examinó los argumentos técnicos y jurídicos presentados por la Asociación. En dichos argumentos, Asocapitales advirtió “la ausencia de hechos sobrevinientes, la desviación en el uso del estado de excepción y el grave riesgo que la declaratoria de emergencia representaba para el equilibrio de poderes, la autonomía territorial y la estabilidad fiscal del país”.
La organización reiteró que su intervención se dio desde el inicio del proceso y que su actuación tuvo como propósito respaldar la solicitud de suspensión inmediata del decreto mientras se define su constitucionalidad. En ese sentido, el comunicado destaca que Asocapitales presentó una coadyuvancia formal ante la Corte Constitucional con el fin de evitar que continuaran produciéndose los efectos de la medida económica decretada.
Asimismo, el texto subraya que la acción promovida por el alcalde de Medellín fue acompañada por la Asociación desde sus primeras etapas, en el marco del control automático que ejerce la Corte Constitucional sobre los decretos expedidos durante los estados de excepción.
La suspensión provisional decretada por la Corte implica que las medidas económicas adoptadas bajo el Decreto 1390 de 2025 quedan sin efectos mientras el alto tribunal emite un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. La decisión se da en medio del debate jurídico e institucional sobre el uso del estado de emergencia económica y sus implicaciones para el orden constitucional, la distribución de competencias entre los poderes públicos y la autonomía de las entidades territoriales.
