Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el Decreto Legislativo 1390 de 2025, expedido por el Gobierno nacional, una cadena de pronunciamientos se generaron desde el Ejecutivo, el Congreso y organizaciones sociales, que advirtieron sobre efectos fiscales, jurídicos y políticos.
La determinación quedó consignada en el Auto 082 de 2026 y mantiene en pausa la declaratoria de emergencia económica mientras el alto tribunal adelanta el estudio de constitucionalidad de fondo.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la suspensión al señalar que la emergencia no estaba sustentada únicamente en un faltante fiscal, sino en lo que denominó un “déficit de riesgo” asociado al cumplimiento de obligaciones del Estado. En su mensaje, sostuvo que la interrupción de la emergencia podría comprometer el pago de la deuda pública y la seguridad social, y planteó que el debate de fondo se centra en quién asume el impacto de la crisis fiscal.
En la misma línea se pronunció la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien afirmó que la decisión sienta un precedente problemático en el uso de la suspensión provisional. A su juicio, esta herramienta desdibuja elementos del Estado constitucional y social de derecho. Rusinque reiteró su respaldo a la tesis de una convocatoria constituyente, en el marco de las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abordó el alcance jurídico de la medida y explicó que la suspensión implica la interrupción temporal de la habilitación excepcional prevista en el artículo 215 de la Constitución, lo que impediría al Gobierno expedir nuevos decretos legislativos mientras esté suspendido el decreto declaratorio. No obstante, precisó que la decisión no supone de manera automática la caída de los decretos ya expedidos durante el tiempo en que la emergencia produjo efectos, los cuales seguirían vigentes hasta que exista un pronunciamiento específico sobre ellos.
En el Congreso, la senadora Aída Avella calificó la decisión como un error que, en su criterio, desconoce los fines esenciales del Estado establecidos en la Constitución de 1991 y reduce los mecanismos de protección para la población de menores ingresos.
El representante Wilson Arias afirmó que la Corte se estaría apartando de una línea jurisprudencial histórica sobre los estados de excepción y sostuvo que la determinación tiene un trasfondo político. En un pronunciamiento posterior, el congresista insistió en que se trataría de un cambio regresivo en la jurisprudencia constitucional, asociado a litigios estratégicos de sectores opositores al Gobierno.
El representante Heráclito Landínez advirtió que la suspensión provisional de un decreto legislativo en el marco de una emergencia económica no tiene antecedentes y alertó sobre eventuales impactos en el equilibrio presupuestal y en la inversión pública social.
En el mismo sentido, la senadora Sandra Ramírez afirmó que la decisión favorece a grandes intereses económicos. A través de su cuenta de X, calificó el fallo como “vergonzoso” y lo ubicó en un contexto electoral, al señalar que, en su lectura, bloquea medidas orientadas al bienestar social.
El exsenador Gustavo Bolívar, quienes interpretaron la suspensión como un revés para iniciativas de financiación e inversión social impulsadas por el Ejecutivo.
Desde el movimiento sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó la decisión y afirmó que envía un mensaje negativo para la institucionalidad. Según el dirigente, la suspensión agrava las dificultades del Gobierno para garantizar recursos en un escenario de estrechez fiscal.
Mientras la Corte avanza en el análisis de fondo, el debate público se concentra en los alcances de la suspensión y en la relación entre el Ejecutivo y el alto tribunal, en medio de un clima de tensión política e institucional.
