El Congreso de la República aprobó la nueva reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, una de sus principales apuestas legislativas desde el inicio de su mandato. Aunque la iniciativa ya superó el trámite legislativo, está pendiente la sanción presidencial, y no se descartan objeciones de parte del Ejecutivo antes de su promulgación definitiva; además, que también debe pasar a control constitucional por parte de la corte.
La reforma entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2025, con implementación progresiva hasta el año 2027, en un intento por reducir el impacto económico sobre los empleadores, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Para los trabajadores, representa un avance en derechos y compensaciones, aunque para el sector productivo implica un aumento significativo en los costos laborales.
Cambios en jornadas y recargos, lo que viene para empleados
Uno de los puntos centrales de la reforma es la reducción de la jornada laboral a un máximo de 42 horas semanales, distribuidas entre cinco y seis días, con un día obligatorio de descanso. La jornada diurna queda fijada entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., lo cual anticipa un mayor pago por recargos nocturnos para labores fuera de ese horario. Este ajuste se aplicará a partir de 2026.
Asimismo, las jornadas dominicales y festivas deberán pagarse con un recargo del 100%, aunque esta medida se aplicará gradualmente: 80% a partir de julio de 2026, 90% a partir de esa misma fecha, y el 100% en 2027. Las horas extras estarán limitadas a un máximo de dos por día y 12 a la semana.
El contrato a término fijo solo podrá renovarse hasta por cuatro años. Superado ese plazo, la relación laboral será considerada indefinida. Además, se garantiza el pago de vacaciones y prestaciones sociales en contratos de obra o labor. Por su parte, los contratos por prestación de servicios no serán modificados, al tratarse de relaciones de carácter civil.
Sectores productivos en alerta por costos, informalidad y carga para pymes
La Andi y Fenalco manifestaron su preocupación por el incremento en los costos laborales. Según Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la reforma afecta la viabilidad de las pymes y eleva los costos de contratación. Fenalco calcula un impacto del 18% al 34% en los costos, lo que podría aumentar la informalidad y reducir el empleo formal en sectores que operan en horarios nocturnos y festivos.
La nueva norma también modifica las condiciones para el contrato de aprendizaje. A partir de la entrada en vigencia, los aprendices del Sena y estudiantes universitarios deberán recibir un apoyo económico mensual no inferior a un salario mínimo. Las empresas que no contraten aprendices deberán pagar una cuota mensual de 1,5 salarios mínimos por cada uno que dejen de vincular, una cifra sustancialmente mayor al esquema anterior.
Regulación de plataformas digitales y exclusiones del texto final
Un punto relevante abordado por el Congreso fue la relación laboral con trabajadores de plataformas digitales. La reforma establece que estas empresas deberán asumir el 40% de los aportes a salud y pensión, calculados sobre una fracción de los ingresos percibidos por los trabajadores. Además, deberán garantizar la afiliación a riesgos laborales para repartidores y otros prestadores de servicios.
Pese a que el gobierno buscaba incluir medidas de protección reforzada para mujeres embarazadas, prepensionados y personas con discapacidad, estas disposiciones fueron eliminadas del texto final. También se descartaron temas como la extensión de la licencia de paternidad, el contrato sindical, el trabajo familiar y comunitario, y las garantías frente a prácticas antisindicales.
Una reforma política antes que técnica
Aunque el proyecto fue presentado como resultado de una concertación, diversos sectores criticaron que no se escucharon todas las voces. Hasta el último momento, el gobierno y la bancada del Pacto Histórico establecieron líneas rojas inamovibles, especialmente en lo relacionado con los pagos dominicales, las horas nocturnas y el salario de aprendices.
Algunos sectores afirman que la reforma fue el resultado de un acuerdo político para evitar una consulta popular que el presidente Petro había anunciado si no se aprobaba su articulado tal como lo presentó. Esta reforma, por tanto, ha sido leída por parte del sector privado como una “moneda de cambio” para evitar la confrontación directa con el Congreso.
Aunque el Ejecutivo cedió en varios aspectos, se mantuvo firme en los puntos que mayor impacto generan en la contratación formal. La reforma será un eje clave en la política social del gobierno Petro, aunque su implementación real dependerá de los efectos económicos que genere en el mercado laboral colombiano.
