El pasado 21 de junio, la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín fue escenario de un controvertido evento liderado por el presidente Gustavo Petro, que sigue generando debate en la opinión pública. Durante el acto, varios cabecillas de bandas criminales fueron subidos a la tarima, en presencia del mandatario, luego de haber sido trasladados desde la cárcel de Itagüí. Muchos de estos internos fueron encarcelados durante la primera administración del exalcalde Federico Gutiérrez.
Desde el primer momento, IFMNOTICIAS alertó sobre irregularidades en la convocatoria, denunciando la llegada de buses presuntamente pagados por el Gobierno Nacional para llenar la plaza. Habitantes de la comuna Nororiental informaron al medio sobre ofrecimientos de dinero para asistir al evento. Ver nota.
En la jornada, se observó la entrega de almuerzos y refrigerios a los asistentes, lo que fue documentado por ciudadanos y difundido en redes sociales. Ver nota.
La senadora Isabel Zuleta, en plena concentración, utilizó su cuenta de X para invitar a los asistentes a tomar fotos y videos con el fin de desmentir los señalamientos sobre presuntas dádivas a cambio de la asistencia: “Vamos a mostrarle a ellos, quienes creen que ustedes están aquí por un almuerzo o un refrigerio, que no es así”. Además, impulsó el uso del hashtag #PazUrbana para mostrar apoyo al acto.
Adicionalmente, IFMNOTICIAS dejó en evidencia desde ese 21 de junio lo que le habían comentado al medio; la propia senadora Zuleta fue quien solicitó la participación de los internos en el acto.
Por otro lado, fuentes de IFMNOTICIAS confirmaron que la llamada “Mesa de Itagüí” fue movilizada en su totalidad para reforzar la asistencia al evento. Ver nota.
El traslado de los internos se hizo en buses del INPEC y, pese a los intentos de este medio por comunicarse con el director de la cárcel de Itagüí para obtener explicaciones, no se obtuvo respuesta. Incluso, un derecho de petición enviado por IFMNOTICIAS permanece sin contestar.
Días después, se confirmó mediante la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, que el INPEC autorizó el traslado de nueve internos para el evento, atendiendo una solicitud de Isabel Zuleta en su calidad de Coordinadora para la Construcción de Paz Urbana ECSJ–Medellín y Valle de Aburrá. Ver nota.
Los internos trasladados fueron: Juan Fernando Álvarez (condenado a 15 años y 10 meses), Alber Antonio Henao Acevedo (7 años), Juan Carlos Mesa Vallejo (16 años y un mes), Freyner Alfonso Ramírez García (7 años), Juan Camilo Rendón Castro (19 años), y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (14 años), todos por delitos como concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y homicidio.
El Gobierno respaldó la actuación de Zuleta, señalando que su rol como Coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico le permite realizar gestiones para dialogar con estructuras armadas. Zuleta defendió su gestión afirmando en X: «Primero los medios titulan con mentiras y de manera mal intencionada diciendo que autoricé salidas de personas privadas de la libertad. Luego las bodegas esparcen odio. Después, el CD interpone denuncia sin fundamento alguno para desgastar la justicia y judicializar la política».
Y agregó que: «A todos les digo: lo que hacemos es legal. Yo solicité, no autoricé. Esto no es un debate jurídico, es un ataque político. La derecha no busca tener razón, busca engañar con mentiras. informémonos: no dejemos que medios comprados con pauta (de la alcaldía de Medellín que Fico acogió de bolsillo) y las bodegas de odio impongan su narrativa.»
No obstante, líderes políticos cuestionaron la legalidad del traslado. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal fue una de las voces que más cuestionó públicamente el traslado de los internos al acto político en Medellín. Cabal señaló que la participación de los condenados, algunos de ellos por delitos graves como homicidio, extorsión y concierto para delinquir, envía un mensaje de confusión entre el Estado y las estructuras criminales, lo que podría debilitar la confianza ciudadana en la institucionalidad. La congresista advirtió que el marco legal vigente en Colombia, en particular la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), no contempla la posibilidad de que figuras políticas soliciten o autoricen traslados de personas privadas de la libertad para actos públicos. Según Cabal, este tipo de decisiones corresponde únicamente a autoridades judiciales o al INPEC en circunstancias muy precisas, y siempre con conocimiento de los jueces o fiscales a cargo. En su declaración, la senadora insistió en que, aunque los diálogos de paz o de sometimiento son válidos en un Estado de Derecho, estos no pueden confundirse con actos políticos que, a su juicio, terminan equiparando el poder institucional con el crimen organizado.
Ver nota completa: Cabal cuestiona legalidad de salida de presos para evento de Petro en Medellín y la autoridad de Isabel Zuleta para solicitarlo
Zuleta también enfrenta una queja disciplinaria en la Procuraduría, interpuesta por el concejal Alejandro de Bedout, por su participación en la organización del evento. La queja presentada por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, ante la Procuraduría General de la Nación, se centra en la presunta extralimitación de funciones por parte de la senadora Isabel Zuleta al solicitar el traslado de privados de la libertad para un acto público de carácter político. De Bedout argumentó que la participación de cabecillas de bandas criminales en un evento de esta naturaleza, sin la debida autorización judicial ni el conocimiento de las autoridades competentes, vulnera el ordenamiento jurídico colombiano y sienta un peligroso precedente para la institucionalidad. La queja busca que el Ministerio Público establezca si hubo una violación al régimen disciplinario por parte de la congresista y que se tomen las medidas correspondientes.
En su escrito, el concejal señaló además que el traslado y la exposición pública de los internos condenados por delitos graves podría interpretarse como un acto que desdibuja los límites entre el Estado y las organizaciones criminales, en un contexto en el que el país exige claridad y rigor en los procesos de paz urbana. Ver nota.
El traslado de internos de la cárcel de Itagüí al evento político encabezado por el presidente Gustavo Petro en Medellín, por solicitud de Isabel Zuleta, continúa generando un intenso debate en el país y es objeto de escrutinio por parte de las autoridades. Mientras sectores del Gobierno defienden el procedimiento como parte de los esfuerzos por la construcción de paz urbana, diversas voces políticas y de la ciudadanía advierten sobre los riesgos de desdibujar los límites entre la institucionalidad y las estructuras criminales.
Además, es de destacar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció indicando que la presencia de los capos en la tarima representaba una amenaza en su contra. El mandatario pidió a las autoridades estar atentas y reiteró que, si algo le llegara a ocurrir, la responsabilidad sería del presidente Petro.
