Hace pocos minutos se confirmó el asesinato de John Jairo Aréiza, reconocido líder social del municipio de Briceño, norte de Antioquia, quien era dignatario de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Molina e integrante del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
El crimen ocurre en medio de una compleja situación de derechos humanos que atraviesan este municipio y las localidades vecinas de Anorí y Tarazá. En Briceño, más de 2.000 campesinos se han visto obligados a desplazarse hacia el casco urbano a causa de los enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Aréiza, quien había sido víctima de desplazamiento por los combates entre grupos armados, retornó a su hogar para revisar su ganado y fue reportado como desaparecido el pasado 20 de octubre.
Tras varios días sin conocerse su paradero, su cuerpo fue hallado sin vida el miércoles 22 de octubre, con impactos de arma de fuego, en el límite entre las veredas La Calera y Cucurucho, en zona rural de Briceño.
Indepaz recordó además la Alerta Temprana 013/25 emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la AT 013/25, en las que se advirtió sobre la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados, lo que representaba “un permanente riesgo de violación a los derechos de la población” en varios municipios del norte antioqueño, entre ellos Briceño.
El instituto también señaló que esta advertencia se suma a la AT 004/20, que incluyó a Briceño dentro de su ámbito de riesgo, y a la AT 019/23, dirigida específicamente a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan una creciente amenaza por su labor social y comunitaria.
En dichas alertas, la Defensoría destacó el riesgo que enfrentan las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social, tanto individual como colectivamente, en diversos sectores del país.
Ante la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender con prioridad la crisis humanitaria que afecta a las comunidades rurales de Briceño y Anorí. La entidad rechazó de manera enfática los actos de violencia que ponen en peligro a la población civil y constituyen una violación directa al Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, Indepaz reiteró que la imposición de normas y el control social por parte de los grupos armados ilegales continúan representando un riesgo constante para los derechos fundamentales de las comunidades campesinas. Con el asesinato de John Jairo Aréiza, ya son 159 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025.
