El primer debate del polémico proyecto de ordenanza que busca implementar un impuesto de seguridad a través de los servicios públicos en Antioquia quedó en suspenso este lunes, tras la radicación de una recusación contra dos diputados del Centro Democrático. La medida, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, enfrenta ahora no solo divisiones políticas, sino también cuestionamientos éticos que amenazan con retrasar su aprobación.
Las recusaciones: un golpe al trámite legislativo
El debate, que debía desarrollarse en la Comisión Primera de la Asamblea de Antioquia, fue suspendido luego de que el diputado Luis Eduardo Peláez radicara un recurso señalando posibles conflictos de interés de los diputados Luis Gabriel Gómez Grisales, presidente de la comisión, y Carlos Humberto García Velázquez. Según Peláez, ambos corporados habrían recibido apoyo económico indirecto de una empresa cervecera que donó $600 millones al Centro Democrático en las elecciones territoriales de 2023, y que podría verse afectada por el impuesto propuesto.
Peláez argumentó que esta relación pone en duda la imparcialidad de los diputados en un tema que podría incidir directamente en los intereses económicos de las empresas donantes. Ante el señalamiento, el propio Gómez Grisales decidió suspender la sesión para evitar vicios en el trámite. Ahora, será la Comisión de Ética de la Asamblea la encargada de determinar si efectivamente existe un conflicto de intereses.
Un proyecto contra el tiempo
La suspensión del debate complica el calendario para la aprobación del impuesto de seguridad, que todavía necesita superar dos debates antes de finalizar el actual periodo de sesiones. Pese a los retrasos, el proyecto parece contar con respaldo suficiente en la Comisión Primera, donde al menos seis votos estarían asegurados, y en la plenaria, donde los apoyos a la administración de Rendón inclinan la balanza a favor de la iniciativa.
Sin embargo, no todo es consenso. Bancadas como la de Creemos, Alianza Verde y el Pacto Histórico ya han expresado reparos al proyecto, sumándose a la oposición liderada por Peláez. Estas posturas reflejan un panorama político dividido, en el que los tiempos legislativos y las estrategias políticas jugarán un papel clave para definir el destino de la propuesta.
¿Qué está en juego?
El proyecto del gobernador Rendón busca crear un impuesto de seguridad que se recaudaría a través de los servicios públicos, una medida que ha generado opiniones encontradas.
Sus defensores argumentan que es necesario reforzar la seguridad en el departamento ante el aumento de los índices de criminalidad. Por otro lado, los opositores critican la medida como una carga adicional para los ciudadanos y plantean dudas sobre su implementación y uso transparente de los recursos.
Con los números actualmente favorables al bloque oficialista, el mayor desafío ahora es garantizar que el proyecto no se vea entorpecido por las recusaciones y el desgaste político que estas generan. Lo cierto es que la controversia en torno al impuesto de seguridad no solo es un reflejo de las tensiones políticas en la Asamblea de Antioquia, sino también de los retos de gobernabilidad que enfrenta el departamento.
