Con el reinicio de actividades tras la vacancia judicial, el Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que busca la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento del salario mínimo para 2026.
La acción judicial cuestiona el acto administrativo expedido el 29 de diciembre, con el que el Ejecutivo determinó un incremento del 23%, elevando el salario mínimo mensual a dos millones de pesos.
La demanda fue presentada por el ciudadano Germán Castro y está dirigida contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo. En el escrito, el demandante plantea que el decreto podría vulnerar disposiciones de orden legal y constitucional relacionadas con el procedimiento y los criterios que deben observarse para la fijación anual del salario mínimo en Colombia.
Una vez admitida la demanda, el alto tribunal ordenó notificar a las entidades demandadas y dispuso correr traslado del proceso por un término de 30 días. Este traslado también fue extendido a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que emitan concepto y presenten sus argumentos frente a las pretensiones de nulidad planteadas.
Como parte del trámite inicial, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno remitir la totalidad de los documentos que antecedieron la expedición del decreto del salario mínimo para 2026. Esta orden incluye los soportes técnicos, actas, estudios y demás insumos utilizados durante el proceso de definición del incremento, los cuales deberán ser incorporados al expediente para su análisis.
El despacho judicial también informó que la solicitud de medida cautelar elevada por el demandante será tramitada en una providencia separada. Dicha solicitud busca la suspensión provisional de los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo la demanda, decisión que será evaluada de manera independiente por el Consejo de Estado conforme a los requisitos establecidos en la ley.
Desde su expedición, el decreto que fijó el aumento del salario mínimo ha generado reparos en distintos sectores económicos y gremiales. Las críticas se han centrado en la forma como se adoptó la decisión, así como en la suficiencia de los criterios técnicos utilizados para sustentar un incremento del 23%, especialmente tras no haberse alcanzado un acuerdo en la mesa de concertación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.
El trámite ante el Consejo de Estado marca el inicio del control judicial sobre el acto administrativo que definió el salario mínimo para 2026. Por ahora, el decreto continúa vigente mientras avanza el proceso, a la espera de las intervenciones de las entidades involucradas y de las decisiones que adopte el alto tribunal frente a la solicitud de suspensión provisional y al estudio de fondo de la demanda.
