La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades encontradas en un contrato firmado durante los primeros días de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Según informó el ente acusador, las anomalías en el convenio fueron detectadas tras varios meses de investigación orientada a revisar los procedimientos administrativos utilizados en la contratación durante su mandato.
De acuerdo con la Fiscalía, las diligencias permitieron establecer que entre el 1 y el 26 de marzo de 2020 se suscribió un contrato por un valor de $445.000.000 millones de pesos, cuyo objetivo era la entrega de 800 kits de ayudas humanitarias dirigidos a población en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas del conflicto armado en el departamento.
En el curso de la investigación, la Fiscalía señaló que el contrato fue firmado con una distribuidora y comercializadora de alimentos vinculada a una persona que, según los registros revisados, había realizado aportes económicos a la campaña política de Palacios. El hallazgo llevó al ente acusador a examinar si existía una posible relación entre dicho aporte y la posterior adjudicación del convenio, lo que motivó la imputación de cargos al exmandatario.
Las autoridades indicaron que el análisis del proceso contractual permitió identificar aspectos que, presuntamente, no se ajustaron a la normativa vigente. Los investigadores revisaron los criterios de selección, los procedimientos administrativos aplicados y la forma en que fue elegido el contratista. Asimismo, evaluaron si la emergencia sanitaria justificaba plenamente los mecanismos utilizados para la celebración del convenio y si estos respetaban los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano.
La Fiscalía explicó que la imputación se formuló tras determinar que la adjudicación del contrato podría haberse realizado en contravía de la ley, teniendo en cuenta la relación entre el contratista y la campaña política del entonces gobernador. El ente acusador precisó que la investigación continúa con el fin de esclarecer por completo las circunstancias en que fueron suscritos y ejecutados los compromisos contractuales, así como para determinar eventuales responsabilidades adicionales.
El contrato fue celebrado con el propósito de garantizar la entrega de ayudas humanitarias a comunidades afectadas en uno de los departamentos con mayores índices de vulnerabilidad del país. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que las presuntas irregularidades detectadas justifican el avance del proceso penal contra el exgobernador, en cumplimiento de los controles propios de la contratación estatal.
Con la imputación, se abre paso a la siguiente fase judicial, en la que un juez deberá analizar los elementos expuestos por la Fiscalía y definir el curso del proceso. El ente acusador reiteró que su actuación se enmarca en la verificación del adecuado manejo de los recursos públicos asignados durante la emergencia por COVID-19. La defensa de Ariel Palacios, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos dentro del trámite correspondiente.
