La prohibición del parrillero en motocicletas será una realidad en Bucaramanga y su área metropolitana a partir del 2 de febrero de 2026. Así quedó consignado en el acta de la audiencia de seguimiento convocada por el Juzgado Quince Administrativo de la capital de Santander, en la que se revisaron los compromisos asumidos por los alcaldes frente al control de la informalidad en el transporte.
Durante la diligencia judicial se acordó que las autoridades locales tendrán que implementar una serie de medidas orientadas a optimizar la movilidad, combatir el transporte informal y promover una cultura vial responsable en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Estas decisiones se adoptaron en el marco del Consejo Metropolitano de Movilidad Sostenible, como parte de un proceso judicial en curso.
Según lo establecido, antes del 29 de agosto de 2025 los alcaldes y directores de tránsito tienen que presentar al juzgado un informe detallado con la hoja de ruta de acciones para mejorar el servicio de transporte público. Este plan deberá incluir propuestas para optimizar rutas, aumentar cobertura y frecuencia, y aplicar tecnologías que mejoren la calidad del servicio.
El 1 de septiembre se analizarán los estudios entregados y para el 31 de octubre se tendrá que reportar el avance de las medidas. En paralelo, los directores de tránsito deben reforzar los controles, incrementando las sanciones por infracciones mediante la utilización de patios, grúas y comparendos, como parte de una estrategia para reducir la impunidad en la movilidad.
Uno de los compromisos adoptados por las alcaldías es garantizar claridad sobre cómo suplirán la demanda de empleo que actualmente representa el mototaxismo. Las administraciones deberán presentar propuestas enfocadas en la generación de empleo formal y programas de formación que permitan reducir la dependencia de este tipo de transporte, atendiendo sus causas estructurales y promoviendo la formalización laboral.
La restricción del parrillero deberá ser definida mediante actos administrativos que cada municipio expedirá a más tardar el 15 de diciembre de 2025. En esos documentos se establecerán las zonas y horarios en los que aplicará la prohibición. Antes de que inicien las sanciones, se realizarán campañas pedagógicas a partir del 31 de diciembre de ese mismo año.
El 1 de diciembre de 2025, las administraciones presentarán un segundo informe de avances relacionados con la implementación de estas restricciones, que buscan desincentivar el uso del mototaxismo en la región.
La estrategia integral también contempla operativos acompañados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, vigilancia con cámaras, control a los “terminalitos”, verificación de antecedentes de conductores informales, y campañas de educación ciudadana sobre normas de tránsito, movilidad sostenible y uso de medios alternativos como bicicletas o senderos peatonales.
Estas disposiciones judiciales buscan articular, esfuerzos institucionales en toda el área metropolitana para abordar las problemáticas derivadas del uso informal de motocicletas en el servicio de transporte.
