El anuncio del Gobierno Nacional sobre una reducción en el precio de la gasolina a partir de febrero volvió a abrir el debate sobre la política de combustibles en Colombia y el impacto real de las decisiones oficiales en el bolsillo de los ciudadanos. Aunque el Ejecutivo confirmó que el valor del galón disminuirá en 300 pesos, distintos analistas y expertos en el sector energético consideran que el ajuste es limitado frente a los incrementos acumulados en los últimos años.
Durante la actual administración, el precio de la gasolina ha registrado aumentos superiores a los 7.000 pesos por galón, como parte del proceso de saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Este mecanismo, según el Gobierno, acumuló un déficit significativo tras años de subsidios que mantuvieron el combustible por debajo de su precio de referencia internacional. El pago de esa deuda fue uno de los principales argumentos para justificar los incrementos aplicados de manera gradual desde 2023.
En ese contexto, el anuncio presidencial de una reducción de 300 pesos ha sido interpretado por diversos sectores como un ajuste marginal. De acuerdo con cálculos de expertos consultados por distintos medios económicos, si se tiene en cuenta la evolución del precio internacional de la gasolina, el fortalecimiento del peso frente al dólar y la recuperación financiera del Fepc, el valor del galón debería registrar una disminución mayor, estimada entre 3.000 y 5.000 pesos. Bajo ese escenario, la rebaja anunciada equivale a cerca del 1,8 % del precio actual, que ronda los 16.000 pesos en algunas ciudades.
Algunos analistas señalan que, incluso con los ajustes recientes, Colombia estaría pagando un precio por galón cercano a los 12.300 pesos si se aplicara estrictamente la referencia internacional, sin otros componentes internos. Esta diferencia es uno de los puntos centrales del debate, ya que pone en discusión la estructura del precio final, que incluye impuestos, márgenes de distribución y otros costos regulatorios.
Desde el Gobierno se ha insistido en que la reducción será gradual y mensual, aunque hasta ahora no se ha especificado el monto total que se espera disminuir ni el tiempo que tomará ese proceso. El Ministerio de Minas y Energía ha reiterado que las decisiones buscan proteger la estabilidad fiscal y evitar que el Fepc vuelva a generar un déficit que comprometa recursos públicos.
El anuncio llega en un momento políticamente sensible, con un calendario electoral en marcha, lo que ha llevado a algunos sectores a cuestionar el alcance del mensaje oficial. No obstante, desde el Ejecutivo se mantiene la posición de que cualquier ajuste debe hacerse de manera responsable y sostenible.
Mientras tanto, consumidores, transportadores y gremios económicos siguen atentos a los próximos movimientos en el precio de los combustibles, un factor que incide directamente en el costo de vida, la inflación y la competitividad de la economía. El debate sobre si la reducción anunciada es suficiente o simbólica continuará abierto en las próximas semanas, a la espera de nuevos anuncios y de la evolución del mercado internacional.
