viernes, julio 4, 2025
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Antioquia se respeta. ¿por qué un acto de desagravio en La Alpujarra es más que una protesta?

El pasado acto en la plazoleta de La Alpujarra, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con delincuentes condenados, individuos señalados por delitos graves en el Valle de Aburrá; no fue un evento cualquiera. Fue un hecho que tocó fibras profundas de la historia, la dignidad y la memoria de un departamento que ha pagado con sangre su lucha contra la violencia y el narcotráfico. Para muchos antioqueños, aquello no fue un acto de reconciliación, sino una afrenta directa a una sociedad que ha construido su resiliencia a pulso.

El acto de desagravio convocado en el mismo lugar donde se pisoteó, según perciben miles de ciudadanos, la dignidad de Antioquia, busca más que un rechazo simbólico: es la reafirmación de un principio de resistencia frente a lo que consideran un intento de imponer narrativas que legitiman a quienes han lastimado históricamente al departamento.

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Una historia de resistencia y sacrificio

Antioquia no ha sido indiferente al dolor que deja el crimen organizado. Durante años, Medellín llegó a ser catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Entre atentados, secuestros, extorsiones y masacres, las familias antioqueñas resistieron con coraje el embate de carteles, guerrillas y bandas armadas que pretendían someter la región bajo el poder de la ilegalidad.

La transformación de Medellín y del departamento no se logró por magia ni por discursos vacíos. Fue fruto del trabajo conjunto entre ciudadanía, Estado, academia y empresa, una alianza que dejó de lado intereses partidistas para reconstruir un tejido social roto por la violencia. Así, Medellín pasó de ser un epicentro de muerte a convertirse en referente de resiliencia urbana para el mundo.

Policías, soldados, jueces, fiscales y miles de ciudadanos inocentes perdieron la vida en esa lucha. Las autoridades locales y la sociedad civil no cedieron ante el miedo, impulsando proyectos de urbanismo social, educación y seguridad que permitieron reducir homicidios y recuperar barrios enteros del control criminal. El costo fue alto, pero el resultado consolidó el carácter antioqueño como uno firme frente a la delincuencia.

Por eso, para muchos, ver al presidente de la República compartiendo espacio con individuos ligados a estructuras criminales, sin un mensaje claro de justicia y reparación, significa un retroceso moral y un insulto a quienes han defendido la libertad y el orden en Antioquia.

Un acto de desagravio como respuesta política y social

El acto de desagravio en La Alpujarra no es solo una manifestación de protesta, sino un grito colectivo de dignidad. Se trata de reafirmar que en Antioquia se respeta la historia de lucha contra la ilegalidad, se honra a sus víctimas y se defiende un principio: el Estado no puede legitimar la criminalidad como forma de hacer política.

Este evento es también una reacción a la percepción de que el gobierno nacional busca avanzar en una agenda ideológica que algunos ciudadanos interpretan como una forma de “cambio en reversa”. Para miles de antioqueños, la frase “si Antioquia resiste, Colombia se salva” no es un lema vacío, sino una convicción de que, si la región cae en la permisividad frente a la ilegalidad, se pierde un bastión de resistencia cívica en el país.

En un contexto donde se percibe que el gobierno actúa con permisividad frente a actores criminales, la ciudadanía reclama claridad, justicia y coherencia. Para quienes promueven el acto de desagravio, el presidente Petro tiene derecho a visitar cualquier lugar de Colombia, pero no a ultrajar la memoria de una sociedad que ha padecido los estragos de la criminalidad.

La persecución a los líderes regionales: un ataque a la autonomía

El clima político en Antioquia se encuentra tenso. Tres de sus líderes más representativos enfrentan procesos que, para sectores de la opinión pública, tienen un claro tinte político.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso judicial que divide opiniones en el país. En Antioquia, muchos interpretan este caso como un intento de acallar a una figura que ha representado la mano firme frente a la criminalidad.

El gobernador Andrés Julián Rendón también se encuentra en el radar de la Fiscalía, luego de sus críticas abiertas a la gestión del gobierno Petro y de su defensa de la autonomía regional. Para muchos, la presión judicial es una represalia por mantener posturas contrarias al gobierno central.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfrenta auditorías a su campaña presidencial, mientras que, según sus defensores, la campaña de Petro no ha recibido un escrutinio de la misma intensidad a pesar de denuncias de irregularidades. Para miles de ciudadanos, estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón de persecución contra líderes que representan la resistencia antioqueña a políticas que consideran nocivas para la región.

Estos procesos, al confluir en el mismo momento histórico, refuerzan en sectores de Antioquia la idea de que el gobierno nacional busca debilitar liderazgos que puedan contradecir su agenda, consolidando un discurso de “amigos y enemigos” que profundiza la polarización.

Cultura, resiliencia y dignidad: valores en disputa

Antioquia ha forjado una identidad basada en el trabajo, la disciplina y la solidaridad. En cada crisis, desde las violencias de los ochenta hasta los retos económicos y sociales actuales, la región ha demostrado que puede salir adelante sin ceder a la ilegalidad como atajo para la supervivencia.

En su himno, el pueblo antioqueño canta “¡Oh libertad! que perfumas las montañas de mi tierra”, recordando que su carácter altivo y libre rechaza las cadenas de la opresión y las prácticas que buscan imponer agendas autoritarias.

Hoy, muchos sienten que ese espíritu está bajo ataque. La narrativa de una “paz total” que no exige justicia real, los intentos de perseguir líderes regionales y el uso de figuras criminales como interlocutores políticos se perciben como una amenaza a esa cultura de legalidad que la región ha defendido.

Por eso, el acto de desagravio en La Alpujarra es, para quienes lo promueven, un acto de amor propio. No se trata de negarse al diálogo ni a la reconciliación, sino de rechazar la impunidad disfrazada de paz. Es una afirmación de que Antioquia tiene derecho a exigir respeto a su historia, a su dignidad y a sus víctimas.

Este sábado, cuando miles de ciudadanos se reúnan para recordar que “Antioquia se respeta”, no estarán simplemente rechazando un acto específico del gobierno. Estarán defendiendo un modelo de sociedad que cree en la justicia, en el esfuerzo colectivo y en la necesidad de un Estado que no pacte con la ilegalidad a espaldas de sus ciudadanos.

Porque al final, como dice un refrán antioqueño, “nadie defiende lo que no ama, y nadie ama lo que no conoce”. El acto de desagravio es un recordatorio de ese amor profundo por Antioquia y de la convicción de que un pueblo que ha resistido la violencia no merece ser humillado por la complacencia con quienes la promovieron.

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