El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la Administración Distrital iniciará acciones legales para exigir el cumplimiento de la orden judicial que establece el retorno de la comunidad Emberá a su territorio de origen.
Asimismo, confirmó que se presentará una acción de tutela con el objetivo de garantizar los derechos de los menores de edad pertenecientes a esta población.
Durante una rueda de prensa realizada el pasado lunes 19 de mayo desde el Parque Nacional, el Alcalde denunció que menores Emberá han sido utilizados para realizar bloqueos en vías públicas, situación que, según expresó, vulnera sus derechos fundamentales. “Eso no está permitido, eso no lo pueden hacer. Eso vulnera los derechos de los niños y los pone en riesgo. Y no vamos a permitir que eso siga sucediendo», declaró Galán.
Según información de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la mañana del lunes un grupo de aproximadamente 500 personas, procedentes de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, se instaló en la carrera Séptima con calle 39, en el costado norte del Parque Nacional. La Administración desplegó equipos para dialogar con los líderes de la comunidad, reiterando que el uso del espacio público para asentamientos no está autorizado.
El mandatario señaló que esta situación ha impedido el acceso de los menores a servicios ofrecidos por el Distrito, tales como educación formal y atención en los Centros Amar. Indicó que 320 niños Emberá están inscritos en colegios oficiales, pero ninguno asistió a clases el día de la ocupación. Además, cerca de 100 menores tampoco accedieron a la atención prevista en los Centros Amar.
El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, afirmó que el espacio público no puede ser destinado a asentamientos y solicitó al Gobierno Nacional y a la Unidad para las Víctimas definir una estrategia de retorno. “El Parque Nacional no es un lugar en el que vayamos a permitir nuevamente asentamientos”, dijo.
Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, reportó la presencia de cerca de 150 menores en el asentamiento. Señaló que existe preocupación por el alto número de niños concentrados en el área, y expresó que la administración interpreta esta presencia como un posible uso intencional de la población infantil. “Hubo una instrucción para llenar el parque de niños y niñas (…) Eso se llama instrumentalización”, manifestó.
Las autoridades distritales solicitaron el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia para reforzar la protección de los menores. También se anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter preventivo para identificar riesgos y activar rutas de atención.
La alta consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación, Isabelita Mercado, confirmó que se presentará una nueva acción de tutela en nombre de los menores Emberá. “El Distrito presentará una nueva acción de tutela con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de estos niños, los cuales se ven vulnerados en el contexto de una vía de hecho”, señaló.
El alcalde Galán reiteró que Bogotá ha invertido aproximadamente 22.000 millones de pesos en atención a la población Emberá, y que el enfoque principal de la Administración ha sido la protección de los derechos de niños y niñas. Indicó que el Distrito ha estado presente en las unidades de protección integral, pero que las entidades nacionales no han cumplido con sus responsabilidades frente al retorno o reubicación de esta población.
En su intervención, el Alcalde denunció nuevamente el uso de menores en bloqueos y protestas, y reiteró el llamado a las autoridades judiciales para que se cumpla con la decisión de retorno. También solicitó la intervención de las entidades responsables del nivel nacional y de organismos internacionales dedicados a la protección de los pueblos indígenas.
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