Angie Rodríguez presentó su renuncia al cargo de superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS, función que ejercía de manera paralela a su rol como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y secretaria general de la Presidencia. La decisión fue comunicada directamente al presidente de la República mediante una carta en la que expuso las razones que la llevaron a apartarse de esa responsabilidad específica.
En su pronunciamiento, Rodríguez señaló que su salida se produce en medio de lo que describió como una campaña de desprestigio en su contra y el presunto uso indebido de su nombre para el cobro irregular de dineros en entidades de salud intervenidas por el Estado.
Según explicó, estos hechos motivaron la presentación de una denuncia formal ante las autoridades competentes contra persona indeterminada, con el fin de que se investigue quiénes estarían invocando su nombre y su supuesta cercanía con el Ejecutivo para exigir pagos.
La funcionaria indicó que, días antes de hacer pública su renuncia, radicó la denuncia para que los organismos judiciales determinen la responsabilidad de quienes, presuntamente, se han presentado ante EPS intervenidas solicitando recursos de manera irregular.
En su declaración, sostuvo que estas actuaciones no corresponden a hechos aislados, sino a una serie de señalamientos, hostigamientos y montajes que, según afirmó, buscan afectar su imagen y su trayectoria en el servicio público.
Rodríguez explicó que su decisión de apartarse del cargo ad hoc responde a la necesidad de proteger la institucionalidad y permitir que las investigaciones avancen sin interferencias. Aclaró que su renuncia se limita a esa función específica y no implica su salida de los demás cargos que actualmente desempeña en el Gobierno nacional. En ese contexto, defendió su conducta en el ejercicio de funciones públicas y reiteró su compromiso con la transparencia y la ética en la administración del Estado.
El anuncio se produce en un momento complejo para la Nueva EPS, que enfrenta una situación financiera crítica y múltiples cuestionamientos por fallas en la prestación de servicios en distintas regiones del país. En Antioquia, la deuda de la entidad con los hospitales públicos se estima en cerca de $300.000 mil millones de pesos, lo que afecta la sostenibilidad de al menos 125 instituciones y compromete la continuidad de la atención a miles de usuarios.
A nivel departamental, el pasivo total de las EPS con la red hospitalaria pública de Antioquia alcanza aproximadamente 1,5 billones de pesos, de los cuales cerca de $500 mil millones corresponden a obligaciones generadas después de las intervenciones estatales. Aunque Savia Salud concentra el mayor volumen de deuda, la Nueva EPS figura entre las entidades que ejercen mayor presión financiera sobre el sistema.
A esta situación se suman problemas en la atención a los afiliados. En Pereira, la Personería alertó sobre incumplimientos reiterados de la Nueva EPS y de Coosalud EPS, relacionados con demoras en citas especializadas, retrasos en la entrega de medicamentos y la no prestación de servicios de alta complejidad, hechos que, según el ente de control, comprometen el derecho fundamental a la salud.
