La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, presentó su renuncia irrevocable al cargo, efectiva a partir del 1 de junio de 2025, según lo expresó en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro fechada el 12 de abril. La decisión, explicó, fue tomada tras “una profunda reflexión personal y profesional” en un contexto que exige “responsabilidad y coherencia”.
Buitrago, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial, señaló que da un paso al costado “a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas”, debido a que en las últimas semanas se han presentado “intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo”.
En su misiva, advirtió: “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos, mi actuar siempre está regido por lo que considero adecuado al derecho y a la equidad”. Aunque no precisó nombres, fue contundente al expresar: “No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y/o tomando estas decisiones”, dejando entrever presiones externas que habrían afectado su gestión.
La ministra agradeció al presidente la oportunidad de servir al país y resaltó el trabajo de su equipo: “He actuado con integridad, independencia y compromiso y me enorgullece el trabajo realizado”, especialmente en iniciativas para dignificar a las personas privadas de la libertad, programas de justicia en entornos seguros y redes justas.
Sin embargo, denunció que “los recortes presupuestales impidieron avanzar mucho más”, pese al esfuerzo de los funcionarios del Ministerio, a quienes elogió por haber logrado “vencer barreras y avanzar”.
Finalmente, Buitrago manifestó su disposición para una transición ordenada y expresó un mensaje directo al presidente Petro: “Le deseo desde lo más profundo de mi corazón, que lo genuino que Usted ambiciona: la paz, se materialice. Muchas personas han muerto por ello y más lo harán si no se concreta”.
Con esta renuncia, el Gobierno deberá enfrentar no solo una nueva designación en una cartera clave para el fortalecimiento institucional, sino también responder a los señalamientos de presiones políticas que se habrían ejercido sobre la gestión de la ministra.
