Tras el anuncio del Gobierno nacional de fijar un incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expuso una serie de reparos sobre los posibles efectos económicos y sociales de la medida.
El dirigente gremial centró sus observaciones en el impacto que, según indicó, recaería principalmente sobre los trabajadores informales, las finanzas públicas y la dinámica inflacionaria.
Mac Master señaló que el ajuste decretado beneficia de manera directa a un segmento limitado de la población ocupada, mientras que deja por fuera a cerca de 11 millones de personas que reciben ingresos inferiores al salario mínimo y que se desempeñan en la informalidad.
De acuerdo con sus estimaciones, este grupo percibe en promedio alrededor de 1.040.000 pesos mensuales y no accederá al aumento salarial, aunque sí enfrentará incrementos en precios de bienes y servicios asociados al nuevo nivel del salario mínimo.
Según el Presidente de la Andi, el efecto indirecto del ajuste se manifestará en un aumento del costo de vida para quienes no están cobijados por relaciones laborales formales. En ese contexto, afirmó que los incrementos en la canasta familiar, el transporte y los servicios públicos reducirían el ingreso real de estos hogares, sin que exista una compensación directa derivada del decreto.
En materia inflacionaria, Mac Master citó en declaraciones recientes, el análisis del Banco de la República que relacionan los aumentos del salario mínimo con presiones adicionales sobre los precios.
De acuerdo con esos estudios, cada incremento de cinco puntos porcentuales en el salario mínimo tendría un efecto cercano a un punto porcentual en la inflación. Bajo esa lógica, el ajuste anunciado podría traducirse en un impacto inflacionario adicional estimado en alrededor del 4%, lo que, en su criterio, plantea retos para la estabilidad de precios.
El dirigente gremial también se refirió a las implicaciones fiscales del aumento. Indicó que, según cálculos habituales, cada punto porcentual de incremento en el salario mínimo representa un costo cercano a 400.000 millones de pesos para el Estado.
Con un aumento del 23,7%, el gasto adicional superaría los 9 billones de pesos, destinados a cubrir obligaciones como pensiones, contratos de prestación de servicios y transferencias a entidades como el ICBF. Mac Master cuestionó la capacidad del Gobierno para asumir ese nivel de gasto dentro del marco fiscal vigente.
Otro de los puntos planteados por la Andi fue el cambio en la metodología utilizada para fijar el salario mínimo, al incorporar el concepto de salario mínimo vital. Según Mac Master, este enfoque no fue objeto de una discusión amplia dentro de la mesa de concertación laboral y se adoptó sin que Colombia haya ratificado el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece parámetros técnicos específicos para este tipo de cálculos.
Desde la óptica del gremio empresarial, la ausencia de concertación y de criterios previamente acordados introduce incertidumbre sobre los efectos de la política salarial en el empleo formal y en la sostenibilidad económica.
Las observaciones de la Andi se suman así al debate abierto tras la expedición del decreto, en un escenario marcado por posiciones divergentes entre el Gobierno y los sectores productivos frente al alcance y las consecuencias del incremento salarial.
