El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado formalmente al llamado “Cartel de los Soles” como una organización criminal de carácter transnacional. Esta acusación marca un punto de inflexión en el abordaje internacional hacia el régimen venezolano, al vincular directamente a altos funcionarios del chavismo con estructuras del narcotráfico y redes de terrorismo internacional.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló como cabecillas a figuras clave del régimen venezolano, entre ellos al propio presidente ilegítimo Nicolás Maduro y a su segundo a bordo, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exmilitar con larga trayectoria en el aparato estatal venezolano. Incluir al propio presidente Nicolás Maduro, resalta como su legitimidad continúa siendo cuestionada por múltiples gobiernos en América y Europa. La caracterización de esta red criminal no es nueva en los círculos de seguridad internacional, pero su oficialización desde el Tesoro representa una señal clara de endurecimiento por parte de Washington.
El Cartel de los Soles: origen y estructura
El nombre “Cartel de los Soles” tiene su origen en los distintivos de los grados militares usados por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, en la que muchos de los implicados han servido, la mayoría, generales cuyos distintivos son soles. Desde principios de la década de 2000, diversas investigaciones periodísticas y reportes de agencias como la DEA han vinculado a miembros de las fuerzas armadas venezolanas con el tráfico de cocaína desde Colombia, a través de territorio venezolano y con destino final en Centroamérica, Europa y África Occidental.
En informes del Departamento de Justicia de EE. UU., se ha documentado que el Cartel de los Soles no opera como una organización tradicional aislada, sino como una red integrada en el propio aparato estatal. Utiliza recursos públicos, instalaciones militares, protección institucional y contactos diplomáticos para facilitar el tráfico de drogas, el lavado de activos y la compra de armamento.
Zona binacional: un corredor estratégico para el crimen organizado
En paralelo a la declaración del Tesoro, Nicolás Maduro anunció recientemente la creación de una “zona económica binacional” entre Colombia y Venezuela. La medida, que fue confirmada por el jefe de Gabinete del gobierno colombiano, Alfredo Saade, ha generado preocupación en sectores políticos y sociales de ambos países. El proyecto busca, en teoría, estimular el comercio fronterizo, sin embargo, su implementación coincide con la creciente actividad de grupos armados ilegales en la región, lo que ha generado sospechas y fuertes críticas.
Las zonas fronterizas entre Norte de Santander (Colombia) y Táchira (Venezuela), así como Arauca y Apure, ya albergan una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC. Estos grupos, considerados organizaciones terroristas por varios países, dominan rutas de narcotráfico, extorsión y contrabando. Su vinculación operativa con el Cartel de los Soles ha sido señalada en diversos reportes de inteligencia. Venezuela ha sido utilizada como territorio de acopio y tránsito de estupefacientes, pero también como fuente de armas y pertrechos, algunos provenientes de países como Irán.
La preocupación aumenta con informes de la Fundación Ideas para la Paz y de InSight Crime, que documentan cómo las dinámicas criminales en esa región binacional se han sofisticado, con apoyo logístico desde altos niveles institucionales de Venezuela. La ausencia de control fronterizo, la complicidad de actores oficiales y el vacío de autoridad legítima han hecho de esa franja un corredor clave para redes criminales trasnacionales.
Reacciones políticas y advertencias de seguridad
La iniciativa de crear una zona binacional fue rechazada por senadores y representantes de varios partidos colombianos, quienes advierten que lejos de impulsar el desarrollo económico, la medida podría institucionalizar la impunidad en una zona ya marcada por la violencia, la informalidad y la criminalidad. La Comisión Segunda del Senado colombiano ha pedido explicaciones al gobierno de Gustavo Petro por avalar un proyecto en el que, según exmilitares y analistas, se corre el riesgo de legitimar enclaves dominados por el narcotráfico.
Por su parte, el gobierno estadounidense ha reiterado su llamado a la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Maduro y sus vínculos con el crimen organizado. Las sanciones individuales, bloqueos financieros y recompensas por información siguen activos. Entre ellas destaca la recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por la captura de Nicolás Maduro, acusado de “narcoterrorismo” desde marzo de 2020.
Perspectivas a corto y mediano plazo
Con esta nueva calificación del Cartel de los Soles como organización criminal transnacional, Estados Unidos refuerza su estrategia de aislamiento frente al régimen venezolano. Más allá de la retórica diplomática, la acción tiene implicaciones económicas y judiciales concretas, al permitir el congelamiento de activos, la persecución internacional de miembros de la red y una mayor coordinación con aliados latinoamericanos y europeos.
Mientras tanto, la región fronteriza colombo-venezolana se perfila como uno de los principales focos de tensión para la seguridad regional. La falta de controles eficaces, la connivencia de sectores estatales y la expansión de economías ilegales plantean un desafío que rebasa las fronteras de ambos países
