La intención del presidente Gustavo Petro de llevar a consulta popular su reforma laboral enfrenta un panorama desfavorable desde su origen. Más allá del desgaste político que atraviesa su gobierno, el problema de fondo es estructural: Colombia es un país cuya mayoría poblacional no se encuentra vinculada formalmente al sistema laboral. Esto convierte a la consulta en un mecanismo sin eco masivo, orientado a resolver un problema que no representa el interés de la mayoría.
Según cifras oficiales, menos de 5 millones de colombianos tienen contratos laborales formales bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Frente a una población de más de 50 millones de personas, eso representa apenas un 10%. El resto de los trabajadores, incluyendo informales, independientes, contratistas y quienes viven del rebusque, no se verán directamente beneficiados o afectados por los cambios propuestos en la reforma. Para ellos, la discusión sobre indemnizaciones, estabilidad laboral? horarios, extras o contratación a término indefinido; es simplemente ajena a su realidad cotidiana.
Un país con mayoría informal y sin interés en reformas estructurales
Colombia es un país con una tasa de informalidad laboral que ronda el 60%, una cifra que ha persistido durante décadas. En sectores rurales, esa informalidad es aún mayor. La base de la economía nacional no está soportada por empleados en nómina, sino por trabajadores independientes, vendedores informales, campesinos sin seguridad social, madres cabeza de hogar que no cotizan y jóvenes estudiantes sin empleo estable.
Incluso sectores afines al presidente Petro, como las comunidades indígenas o los beneficiarios de programas sociales, están fuera del alcance práctico de esta reforma y de las preguntas de la consulta. Tampoco la sienten como propia. En su mayoría, estas poblaciones no cotizan, no tienen afiliación laboral y, por lo tanto, no verán cambios en su situación con o sin reforma. Tampoco hay garantías de que saldrán a votar por un tema que no afecta directamente su cotidianidad.
Los antecedentes de fracaso en consultas populares
La historia reciente en Colombia demuestra que las consultas populares de carácter nacional rara vez logran superar los umbrales exigidos para que sus resultados sean vinculantes. La consulta anticorrupción del Partido Verde en 2018, promovida por Claudia López, fracasó pese a contar con una fuerte campaña mediática y respaldo ciudadano. Lo mismo ocurrió con el referendo del expresidente Álvaro Uribe en 2003, que tampoco logró la participación requerida, incluso en el momento de mayor respaldo al entonces mandatario.
Más notorio fue el caso del plebiscito por la paz en 2016, cuando el “no” se impuso sobre el “sí”, obligando al expresidente Juan Manuel Santos a recurrir a vías alternas para imponer el acuerdo con las FARC. Petro enfrenta un contexto aún más adverso: baja aprobación, crisis de seguridad, fragmentación política, desconfianza creciente en las instituciones y fracaso de sus políticas y propuestas.
Una apuesta política a contrarreloj
La consulta popular que plantea Petro requiere al menos 14 millones de votos afirmativos para ser aprobada, cifra que supera por mucho los 11.2 millones que obtuvo cuando fue elegido presidente. Lograr ese umbral será especialmente difícil en un país con alta abstención electoral y donde buena parte del electorado enfrenta problemas diarios más urgentes que los debates laborales de la clase media formalizada.
Además, aún si la consulta fuera aprobada, restaría poco tiempo para su implementación. Con las elecciones de 2026 cada vez más cerca, cualquier reforma tendría que sortear un escenario de transición de gobierno, con alta probabilidad de que la siguiente administración desmonte lo aprobado. Petro podría enfrentarse a un escenario en el que, incluso ganando en el papel, pierda en la práctica.
En un país informal, con bajo interés en procesos participativos y una agenda pública dominada por la inseguridad, el desempleo y la polarización, la consulta popular propuesta por Gustavo Petro difícilmente superará el umbral necesario. La apuesta presidencial no solo parece políticamente inviable, sino desconectada de la realidad de la mayoría de los colombianos
Por lo pronto hoy día del Trabajo, Petro y representantes sociales y políticos de su Pacto, llevarán al congreso la iniciativa de consulta popular para buscar concepto positivo y destinar más de 800 mil millones de pesos en el proceso en momentos en que no hay dinero para pagar lo que el gobierno le adeuda a la salud, las electrificadoras o financiar los programas para el Catatumbo.
