El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la orden ejecutiva 14059, ha generado un terremoto político, diplomático y económico sin precedentes en Colombia. En la medida, el gobierno norteamericano incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al exembajador Armando Benedetti en la conocida Lista Clinton, el registro internacional de sancionados por vínculos con el narcotráfico y lavado de activos.
La noticia cayó como un mazazo sobre la Casa de Nariño. Con esta decisión, Colombia pasa de ser aliada estratégica de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico a convertirse en objeto de sanción, desconfianza y aislamiento financiero. Nunca antes un mandatario colombiano había sido vinculado oficialmente a una lista de sanciones de este calibre, lo que marca un punto de quiebre histórico en las relaciones bilaterales y ponen a Colombia en el margen de ser considerado un “narcoestado”.
La Lista OFAC, el “exilio financiero” global
La inclusión en la Lista Clinton, administrada por la OFAC, no es un castigo simbólico. Es, en los hechos, una muerte financiera y comercial internacional.
Las personas o entidades incluidas en ella sufren el bloqueo inmediato de todos sus activos, cuentas bancarias y bienes bajo jurisdicción estadounidense. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas norteamericanas realizar cualquier tipo de transacción con los sancionados.
La medida tiene un alcance extraterritorial en bancos, aerolíneas, inmobiliarias y plataformas digitales en todo el mundo y se suelen suspender relaciones con los designados para evitar sanciones secundarias. En la práctica, significa que los afectados no pueden abrir cuentas, usar tarjetas de crédito, comprar propiedades o contratar servicios financieros en ninguna parte del planeta.
En el caso de Petro y su entorno, la sanción incluye la congelación de cualquier activo o inversión en Estados Unidos o en países aliados. Según fuentes diplomáticas, se trata de una de las decisiones más severas aplicadas por Washington a un jefe de Estado en ejercicio en América Latina desde los tiempos de Manuel Noriega en Panamá.
Las razones y el contexto. Narcotráfico y corrupción
La orden ejecutiva número 14059, firmada bajo el argumento de “illicit drugs”, se enmarca en la política estadounidense de atacar a quienes faciliten, promuevan o se beneficien directa o indirectamente del narcotráfico.
En este caso, la medida llega tras meses de tensiones entre los gobiernos de Petro y Trump, especialmente luego de la descertificación de Colombia en materia antidrogas. La Casa Blanca había señalado un incremento de cultivos ilícitos y una permisividad estatal frente a grupos armados vinculados al narcotráfico, en un contexto de debilitamiento de la Fuerza Pública y fracasos en la erradicación.
Los vínculos familiares y políticos también han sido determinantes. Nicolás Petro, hijo del mandatario, fue capturado y procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras reconocer ingresos irregulares durante la campaña presidencial.
Armando Benedetti, exembajador en Caracas y figura clave en la campaña de 2022, fue señalado de participar en una presunta red de financiación ilegal. A ello se suma el señalamiento de Verónica Alcocer, primera dama, cuya inclusión en la lista responde, según los analistas, a la extensión de sanciones hacia el entorno económico y patrimonial del mandatario.
En conjunto, el mensaje político de Estados Unidos es inequívoco y considera que el núcleo de poder del actual gobierno colombiano está contaminado por actividades ilícitas.
Un gobierno cercado por escándalos
Mientras el presidente enfrenta el aislamiento internacional, su administración se hunde en una espiral de crisis institucional y corrupción interna. El presidente del Senado, Iván Name, fue capturado y enfrenta juicio por corrupción; el presidente de la Cámara, Andrés Calle, también está detenido e investigado; el excanciller Álvaro Leyva Durán fue sancionado con 12 años de inhabilidad por la Procuraduría; los exministros Luis Fernando Velasco del Interior y Ricardo Bonilla de Hacienda; están acusados por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se habrían desviado miles de millones de pesos destinados a ayudas humanitarias.
La suma de estas crisis pinta un panorama de colapso ético y político dentro del alto gobierno. La idea de un “cartel de corrupción en el poder” ha pasado de ser una metáfora opositora a convertirse en una hipótesis judicial en curso.
La Fiscalía, los órganos de control y la prensa nacional han revelado contratos irregulares, tráfico de influencias, desvío de fondos públicos y favoritismos políticos que hoy cercan a buena parte del círculo cercano del presidente.
Repercusiones diplomáticas y económicas
La decisión de la OFAC implica no solo una sanción personal, sino un golpe directo a la reputación internacional de Colombia. Las entidades financieras extranjeras podrían restringir el acceso a crédito al país por temor a riesgos reputacionales.
Empresas multinacionales, especialmente del sector energético y financiero, podrían reevaluar inversiones ante la percepción de inestabilidad institucional. Y en materia diplomática, la cooperación antidrogas, militar y de inteligencia con Estados Unidos, pilar de la política exterior colombiana por más de cuatro décadas, queda gravemente comprometida.
En términos políticos, la inclusión de Petro y su entorno en la lista OFAC debilita su autoridad moral y lo aisla en la región. Mientras intenta posicionarse como un líder progresista global, el golpe de Washington lo relega a la categoría de mandatario bajo sospecha internacional, similar a los casos de Venezuela o Nicaragua.
El costo interno de desconfianza y parálisis
En el plano interno, el impacto de la medida podría ser devastador para la gobernabilidad. El Congreso, donde el petrismo ya enfrenta fracturas, podría distanciarse aún más ante el temor de sanciones colaterales. La oposición ha reclamado explicaciones oficiales, y los organismos de control tendrán la presión de demostrar independencia ante un escenario de desprestigio global.
La economía, de por sí debilitada por la pérdida de confianza inversionista, podría enfrentar una nueva desvalorización del peso y un repunte del riesgo país si la crisis se profundiza.
Una crisis sin precedentes
La inclusión de Gustavo Petro, su familia y sus aliados en la Lista OFAC no solo es un golpe jurídico o financiero, es un terremoto político e institucional que deja al gobierno en su punto más crítico. Colombia pasa de ser un socio confiable a un país observado con desconfianza por la comunidad internacional.
El presidente, en lugar de concentrar esfuerzos en recomponer la gobernabilidad y rescatar la credibilidad, enfrenta ahora el reto más grande de su mandato como es el de demostrar su inocencia y rescatar la legitimidad del Estado colombiano frente al mundo.
