La aprobación del impuesto para la seguridad en Antioquia, impulsado por el gobernador Andrés Julián Rendón y avalado por la Asamblea Departamental, ha generado una ola de inconformidad en diversos sectores políticos, empresariales y sociales.
Aunque la inseguridad es un problema latente en el departamento y el fortalecimiento de su financiación parece una necesidad urgente, las críticas en torno al diseño, modo de aplicación, cobro y forma de la aprobación y posible impacto del impuesto; han expuesto fracturas en la relación del gobierno departamental con sus aliados y con la sociedad antioqueña.
Un contexto marcado por la inseguridad
Antioquia enfrenta múltiples desafíos en materia de seguridad. El incremento en delitos como extorsión, homicidios y robos, sumado a la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales y urbanas, exige mayores recursos para reforzar las capacidades de la Fuerza Pública y de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.
Ante este panorama, el gobernador Andrés Julián Rendón presentó un proyecto de ordenanza que busca implementar un nuevo impuesto con el propósito de financiar iniciativas en este frente.
Sin embargo, aunque la seguridad es una prioridad indiscutible, el camino hacia la aprobación de este impuesto ha sido accidentado. La medida, que se aplicará principalmente a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comerciales e industriales de los municipios del área metropolitana de Medellín y Rionegro, ha despertado el rechazo de actores clave que cuestionan tanto su diseño como su implementación.
Federico Gutiérrez lidera la oposición
Uno de los opositores más visibles al impuesto ha sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien no solo expresó su desacuerdo con la medida, sino que también dejó claro que no permitirá que Empresas Públicas de Medellín (EPM) sea utilizada como canal para recaudar este tributo a través de las facturas de servicios públicos.
Gutiérrez argumentó que el impuesto representa una carga excesiva para los ciudadanos y empresarios, especialmente en un momento en el que la economía enfrenta serias dificultades. Según el Alcalde, imponer un nuevo tributo podría comprometer aún más la competitividad del departamento y generar un impacto negativo en el bolsillo de las familias y las empresas.
El rechazo de los alcaldes metropolitanos
Además, con él Alcalde de Medellín, varios mandatarios resaltan una inequidad estructural en el diseño del impuesto, señalando que este se enfoca exclusivamente en los municipios del área metropolitana y Rionegro, mientras que los más de 100 localidades, que también enfrentan graves problemas de seguridad, no estarían contribuyendo proporcionalmente al financiamiento de estas iniciativas.
Los mandatarios locales del área metropolitana también han expresado su incomodidad con el impuesto. Para ellos, el hecho de que recaiga únicamente sobre los habitantes y empresas de los municipios metropolitanos y de Rionegro crea un desequilibrio en la distribución de la carga tributaria.
Mientras que el área metropolitana asume la responsabilidad económica de financiar la seguridad de todo el departamento, otros municipios quedan exentos, lo que, según los críticos, refuerza una percepción de inequidad.
Los gremios empresariales, los más afectados
Los gremios empresariales han sido especialmente críticos con el nuevo tributo, argumentando que las empresas en Antioquia ya enfrentan una carga impositiva desproporcionada. Entidades como Fenalco Antioquia, Acopi, Libertank, Proantioquia, Intergremial Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia han manifestado su rechazo, subrayando que el impuesto pone en riesgo la competitividad, la sostenibilidad de las empresas y el empleo en el departamento.
Acopi, que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), fue especialmente enfático en su descontento. La entidad denunció que, en un principio, ni siquiera fueron convocados a la socialización del proyecto de ordenanza y que el contacto tardío fue insuficiente para entablar un diálogo efectivo. Según Acopi, esta situación refuerza la percepción de que el impuesto no fue consensuado y se impuso sin considerar los efectos que tendría sobre los pequeños empresarios, quienes ya enfrentan serias dificultades económicas.
Fenalco Antioquia, por su parte, participó desde el inicio en las discusiones, pero mantuvo una postura crítica, advirtiendo que el impuesto afectará de manera significativa al comercio en un momento en el que las políticas nacionales han golpeado al sector empresarial. Según su directora ejecutiva, María José Bernal, este tributo es “un golpe más” para un sector que lucha por sobrevivir en medio de una economía debilitada.
El impacto acumulativo de los impuestos
Los gremios coinciden en que la carga tributaria actual es insostenible. Según sus cálculos, las empresas en Antioquia ya enfrentan una carga impositiva que supera el 75% de sus ingresos, considerando los tributos cobrados por la DIAN, los municipios, el Distrito y el Departamento. La introducción de este nuevo impuesto, argumentan, podría llevar al cierre de muchas empresas, especialmente Mipymes, y al aumento del desempleo en la región.
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, aunque ha intentado mantener una postura más conciliadora, también ha expresado preocupación por el impacto del impuesto en la competitividad empresarial. Su directora ejecutiva, Lina Vélez, ha hecho un llamado al diálogo, buscando una aplicación más equilibrada y justa del tributo.
El mensaje de Álvaro Uribe y la fractura política
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe político del gobernador Andrés Julián Rendón, también se unió a las críticas. En su cuenta de X, Uribe cuestionó la forma en que se aprobó el impuesto, señalando la falta de socialización y el riesgo de generar divisiones entre los aliados del gobernador.
El mensaje de Uribe refleja una fractura que ha comenzado a surgir entre Rendón y algunos sectores de su propio partido y aliados. Esta situación podría tener repercusiones políticas para el Gobernador, quien ha visto cómo el rechazo al impuesto no solo proviene de sus opositores, sino también de figuras clave dentro de su círculo político.
Cuestionamientos a la gestión del Gobernador
La aprobación del impuesto ha puesto bajo la lupa la gestión de Andrés Julián Rendón. Aunque la necesidad de recursos para la seguridad es incuestionable, sus críticos lo acusan de haber actuado con arrogancia y de no haber construido el consenso necesario para garantizar una implementación más aceptable de la medida.
Además, sectores políticos y empresariales han cuestionado su falta de carisma y habilidad para comunicar de manera efectiva las razones detrás del impuesto. Según sus detractores, la Administración Departamental ha mostrado un enfoque impositivo que no solo erosiona la confianza en el gobierno, sino que también socava las alianzas que Rendón construyó durante su campaña electoral.
¿Traición al discurso electoral?
El impuesto también ha reavivado críticas sobre las promesas de campaña del Gobernador. Durante su candidatura, Rendón prometió no aumentar los impuestos, un compromiso que ahora sus detractores consideran roto. Esta contradicción ha alimentado la percepción de que el mandatario de los antioqueños ha traicionado a sus electores, lo que podría tener consecuencias negativas para su imagen y su legado político.
Pero la falta de carisma no solamente es una crítica que se da en contra del gobernador Rendón, sino también de su principal asesora, Lina Cuartas, quien viene siendo cuestionada por diferentes sectores de la prensa local y otros interlocutores, fortaleciendo tendencia de arrogancia institucional en la comunicación de la Gobernación, incrementando el efecto negativo de la imagen, en vez de buscar generar un efecto asertivo para hacer entender las correctamente las necesidades de la Gobernación.
Un futuro incierto
A pesar de la controversia, el gobernador Rendón ha logrado sacar adelante el impuesto, argumentando que es indispensable para enfrentar los problemas de seguridad en Antioquia. Sin embargo, el costo político de esta decisión podría ser elevado.
El camino hacia la implementación del impuesto será crucial para determinar si Rendón puede reconstruir las relaciones con los sectores políticos, empresariales y sociales que hoy lo critican, o si esta medida marcará un punto de inflexión en su mandato.
Por ahora, el rechazo al impuesto sigue creciendo, y el Gobernador enfrenta el desafío de demostrar que su decisión no solo es necesaria, sino también justa y beneficiosa para el departamento en el largo plazo.
