Colombia vivió este 23 de noviembre una de las jornadas de protesta más significativas en los últimos años. Miles de ciudadanos se volcaron a las calles de casi todas las capitales departamentales y numerosas ciudades intermedias, mostrando un rechazo contundente hacia las políticas del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, un hecho relevante marcó la diferencia en esta jornada: en Barranquilla, una ciudad clave para el ascenso de Petro al poder, la marcha tuvo que ser suspendida por amenazas de grupos armados, lo que plantea serias interrogantes sobre la seguridad y el control estatal en regiones donde aún se percibe una fuerte influencia de actores ilegales.
Este día de movilización masiva refleja el estado de una nación profundamente polarizada y afectada por múltiples crisis. Los manifestantes no solo salieron a rechazar las decisiones del gobierno, sino que también hicieron visible el acumulado de problemas sociales, económicos e institucionales que afectan al país.
El caso de Barranquilla: entre el temor y la política
Barranquilla, capital del Atlántico, no solo es un centro económico y cultural clave, sino que fue un bastión fundamental para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La suspensión de la marcha en esta ciudad, debido a amenazas de a la seguridad, no es solo un problema de orden público; es también un recordatorio de la compleja realidad política y social que enfrenta esta región.
Por un lado, esta decisión refleja la persistencia de dinámicas de inseguridad que afectan la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho a la protesta. Por otro, muestra cómo, a pesar del respaldo que aún conserva Petro en esta zona, el descontento comienza a emerger incluso en territorios tradicionalmente afines a su gobierno. Las amenazas recibidas por los organizadores de la marcha, provenientes de grupos armados ilegales, ponen en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones donde actores ilegales ejercen una preocupante influencia.
El clamor de una nación en crisis
El ciclo de protestas contra el gobierno Petro no es nuevo, pero la jornada del 23 de noviembre se destacó por la masividad y el alcance de las movilizaciones. Las razones que llevaron a miles de colombianos a marchar son tan diversas como los sectores sociales que participaron. Sin embargo, todas confluyen en un sentimiento común: el rechazo a un gobierno percibido como autoritario, polarizante y distante de las verdaderas necesidades de la población.
Crisis económica
La economía colombiana atraviesa un momento crítico. La inflación, el alto costo de los combustibles, el desempleo y la devaluación de la moneda han golpeado duramente a las familias, especialmente a las de menores ingresos. Los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto que las políticas gubernamentales están teniendo en sus bolsillos, en particular las medidas relacionadas con los combustibles y la energía, que han incrementado el costo de vida.
Los manifestantes son conscientes que en materia económica el país va por mal camino, la intervención absurda a Ecopetrol y la suspensión de los contratos a la exploración y la idea de cambiar el objeto del negocio de la estatal petrolera a energías sustentables dejando de lado el petróleo, ha lesionado las finanzas, un mal que se suma al derroche en burocracia, alto gasto público, dejando al país al borde de no tener con qué pagar sus deudas y afectando a todos los sectores.
Crisis institucional y concentración de poder
Uno de los temas que más indignación generó entre los manifestantes fue lo que consideran una vulneración a la independencia de los poderes del Estado. El presidente Petro ha sido señalado de intentar consolidar su poder al imponer aliados cercanos en cargos clave como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y, más recientemente, en la Corte Constitucional. Este manejo, calificado por algunos como autoritario, ha despertado alarmas sobre el equilibrio de poderes y el respeto por la democracia.
Entre tanto, Petro viene acuñando en todos los escenarios, un fantasioso golpe que ya tiene múltiples orígenes, golpe de estado, golpe blando, golpe de corbatas, golpe económico entre otros con los que señala a la derecha, el congreso, a los medios de comunicación, a los magistrados del CNE, a los opositores y recientemente a JP Morgan. Esta retórica intenta socavar la institucionalidad y con ello hacer llamados insistentes a las bases campesinas, sindicales, estudiantiles, étnicas y de grupos de izquierda radical, para promover una “revolución” en contra de la estabilidad del país. Esto también lo rechazaron los marchantes hoy.
Reformas controvertidas
Las reformas impulsadas por el gobierno han sido otro detonante del descontento social. Propuestas como las reformas a la salud, pensiones y el sistema laboral han sido ampliamente criticadas por expertos y ciudadanos, quienes temen que estas medidas puedan generar efectos adversos en el empleo, la seguridad social y el acceso a servicios básicos. La percepción de que estas iniciativas no han sido suficientemente consultadas con los sectores afectados ha agudizado la oposición.
´Petro insiste en imponer su gobierno de “cambio” para el mal con inconvenientes reformas a las leyes y a la constitución. Esta insistencia no la hace desde el sano debate democrático sino desde la promoción de acciones corruptas de compra de votos en el congreso, socavando también la ética institucional, corriendo la ”línea ética” desde el desvío de recursos en entidades como UNGRD que ya deja mas de una decena de investigados y varios imputados.
Corrupción y falta de ética
Los constantes escándalos por corrupción y el manejo cuestionable de recursos públicos han mermado la confianza de los ciudadanos en la administración Petro. Casos de derroche, contratos irregulares y decisiones que priorizan intereses políticos sobre las necesidades del país han sido temas recurrentes en las pancartas y consignas de los manifestantes.
Y es que el país ya no aguanta más escándalos como los del Ministerio de la Igualdad, por donde se viene desangrando gran parte de las finanzas del país, UNGRD el caso mas sonado, pero están el Ministerio del Deporte, los exagerados alquileres de oficinas y edificios en el Ministerio de Agricultura, la presunta orquestación de ordenes para corrupción desde el Ministerio de Hacienda, las maletas de dinero de Laura Sarabia y las chuzadas, los escándalos de Verónica Alcocer y sus amigos, Benedetti, entre otros.
Políticas de paz cuestionadas
Aunque el gobierno ha defendido sus políticas de paz como una apuesta por la reconciliación, muchos colombianos consideran que las negociaciones con grupos armados ilegales y la liberación de delincuentes ya condenados representan una amenaza para la justicia y la seguridad. Los manifestantes rechazaron lo que califican como una legitimación de estructuras criminales que continúan generando violencia en el territorio.
El que Petro inicie procesos de paz con quienes ya estaban pagando sus penas en cárceles y los libere para supuestamente meterlos en otro proceso de paz de “punto final” en donde también entran narcotraficantes, molesta a los ciudadanos. La marcha no solo critica los nuevos nexos de Petro con los paramilitares sino las largas que da a quienes le han traicionado su confianza en las mesas de diálogos como el ELN y las FARC en disidencias, que violan los acuerdos bajos la complacencia del Gobierno.
Agenda ideológica y transformaciones sociales
Las decisiones del gobierno relacionadas con temas sociales, como la despenalización del aborto, la implementación de una agenda de género y las propuestas de reforma en la patria potestad, han generado una fuerte polarización. Amplios sectores de la población consideran que estas medidas son innecesarias y representan una imposición ideológica que no responde a las prioridades del país.
La falta de personas con capacidad de análisis técnico remplazadas por personas sin preparación pero con afinidad ideológica, muestra el camino de un país hacia el fracaso del modelo. Primar la ideología sobre los principios técnicos es la lógica que se ha demostrado entre la retórica y la inacción.
Un movimiento ciudadano que crece
A diferencia de las movilizaciones organizadas por sectores afines al gobierno, que han sido caracterizadas por una baja convocatoria y, en ocasiones, episodios de violencia, las marchas en contra de Petro han destacado por su masividad, organización y carácter pacífico. Esta jornada no fue la excepción: desde Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga hasta ciudades intermedias como Manizales, Pereira y Villavicencio, miles de colombianos marcharon con una misma consigna: exigir un cambio de rumbo.
Los organizadores destacaron la diversidad de los participantes, que incluyeron jóvenes, adultos mayores, trabajadores, empresarios, estudiantes y líderes comunitarios. Este amplio espectro refleja cómo el descontento trasciende las barreras partidistas y se convierte en un movimiento nacional.
La crisis en las regiones y el clamor por autonomía
Otro tema que marcó las movilizaciones fue la demanda de mayor atención a las regiones, especialmente en un contexto de crisis por la temporada invernal. Los manifestantes exigieron que el gobierno priorice la atención a los damnificados y que respete la autonomía fiscal de las regiones para gestionar sus recursos.
Este punto es especialmente relevante en un país donde las diferencias entre las necesidades de las regiones y las políticas del gobierno central han sido históricas. La falta de atención a las problemáticas locales ha llevado a que las regiones se unan al descontento generalizado.
El desafío para el gobierno
Las marchas del 23 de noviembre no solo representan un rechazo masivo a las políticas del gobierno, sino que también son una advertencia sobre el creciente malestar social que atraviesa el país. Los ciudadanos están exigiendo soluciones concretas y una gestión transparente que responda a las verdaderas necesidades del país.
Para el presidente Petro, el desafío es monumental. La persistencia de estas protestas, que se han intensificado en los últimos meses, muestra que el descontento no desaparecerá fácilmente. La respuesta del gobierno será crucial para definir si este malestar se convierte en una crisis política mayor o si se logra restablecer la confianza en las instituciones.
En un país marcado por la polarización, las movilizaciones pacíficas de este tipo representan una expresión democrática legítima y necesaria. Lo que queda por ver es si el gobierno será capaz de escuchar estas voces y actuar en consecuencia, o si, por el contrario, persistirá en un rumbo que sigue generando divisiones y desconfianza.
Mientras tanto, los colombianos continúan alzando su voz, mostrando que la protesta pacífica sigue siendo una herramienta poderosa para exigir un cambio en tiempos de incertidumbre y malestar generalizado.