La renuncia de Freyner Alfonzo Ramírez García, conocido como alias “Carlos Pesebre”, como vocero principal del Espacio de Diálogo Sociojurídico que se adelanta en la cárcel La Paz de Itagüí, marca un punto de inflexión en la estrategia de “paz urbana” impulsada por el Gobierno Nacional en el Valle de Aburrá. Más allá del hecho puntual, la decisión expone fragilidades estructurales del proceso y abre interrogantes de fondo sobre su impacto en la seguridad ciudadana, la credibilidad institucional y el futuro inmediato de Medellín y su área metropolitana.
La carta fechada el 31 de enero de 2026 y dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, no solo formaliza la salida de uno de los principales voceros, sino que deja constancia de denuncias graves como improvisación, falta de asesoría técnica, ausencia de garantías jurídicas y activación de nuevos procesos penales contra quienes participaban en la mesa.
En un contexto urbano históricamente atravesado por la violencia criminal organizada, estas afirmaciones tienen implicaciones que trascienden el ámbito político y alcanzan de lleno la seguridad pública, como lo afirma la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien denunció los graves problemas que atraviesa el proceso, que parece abandonado por el Gobierno, tras los escándalos que le generó al presidente, Gustavo Petro, el haber sacado a los criminales de la cárcel, para posar con ellos en el denominado «Tarimazo de la Alpujarra», para posar con ellos, en una acción que tienen en investigación a la senadora Isabel Zuleta, la mayor promotora de esta mesa, quien al parecer ha transgredido su poder abusando de sus privilegios.
Un proceso cuestionado desde adentro
Uno de los elementos más relevantes del episodio es que las críticas no provienen de sectores externos al proceso ni de la oposición, sino de un actor central de la propia mesa de diálogo. Alias “Carlos Pesebre” sostiene que el espacio se encontraba en un punto muerto y que las expectativas generadas en las comunidades no contaron con respaldo real del Estado. Según el documento, esta situación derivó en una pérdida de credibilidad que aisló el proceso de la sociedad y dejó a los participantes expuestos jurídica y físicamente.
La denuncia sobre la continuidad y activación de nuevos procesos penales, pese a su rol como vocero, resulta particularmente sensible. En la práctica, cuestiona la existencia de los llamados “blindajes jurídicos” y pone en entredicho la capacidad del Estado para ofrecer condiciones mínimas de seguridad jurídica a quienes se vinculan a mecanismos de diálogo. Este punto no es menor, pues uno de los pilares de cualquier proceso de desescalamiento de violencias es la confianza en las reglas del juego y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Las advertencias previas y el debate político local
La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla ha señalado que la renuncia confirma advertencias que venía formulando desde meses atrás sobre las debilidades del modelo de paz urbana. En su lectura, el retiro del vocero principal valida las preocupaciones sobre la falta de soportes jurídicos y técnicos del proceso, así como sobre su diseño institucional.
Carrasquilla también ha cuestionado el silencio de los responsables políticos del proceso, en particular del Alto Comisionado para la Paz y de la senadora Isabel Zuleta, promotora de la iniciativa. Para la concejala, la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones que llevaron a uno de los principales interlocutores a abandonar la mesa denunciando irregularidades de fondo. Este reclamo se inscribe en un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en políticas de seguridad y paz que involucran a actores armados urbanos.
Riesgos para la seguridad en el Valle de Aburrá
El principal desafío que se desprende de esta crisis es el riesgo de una reactivación violenta del accionar de las bandas criminales. El Valle de Aburrá ha experimentado, a lo largo de las últimas décadas, ciclos de relativa contención de la violencia seguidos por repuntes asociados a disputas territoriales, rupturas de pactos informales y reconfiguraciones internas de las estructuras delincuenciales.
La salida de un vocero con capacidad de interlocución puede romper equilibrios precarios. En ausencia de canales de diálogo claros y creíbles, aumenta la probabilidad de que los conflictos entre organizaciones criminales se diriman nuevamente por la vía armada. Esto podría traducirse en enfrentamientos en barrios históricamente sensibles, ajustes de cuentas y un incremento de homicidios selectivos.
A ello se suma el riesgo de la reinstauración de las llamadas “fronteras invisibles”, un fenómeno que limita la movilidad de los ciudadanos, fragmenta el tejido social y afecta de manera directa la vida cotidiana en comunas y corregimientos. La experiencia de Medellín muestra que, cuando estos límites informales reaparecen, los impactos no se restringen a la seguridad, sino que alcanzan el acceso a educación, empleo y servicios básicos.
Impacto en la seguridad ciudadana
Desde una perspectiva de seguridad ciudadana, la crisis de la paz urbana genera un escenario de alta incertidumbre. Las autoridades locales y la fuerza pública podrían enfrentar un aumento de la presión operativa en contextos urbanos densamente poblados, donde la acción policial y judicial requiere de información, coordinación y legitimidad social.
Si los actores criminales perciben que los mecanismos de diálogo carecen de respaldo institucional o que las reglas pueden cambiar de manera unilateral, es probable que refuercen estrategias de control territorial y coerción sobre las comunidades. Esto se traduce en extorsiones, amenazas y reclutamiento forzado, afectando de manera directa a comerciantes, transportadores y líderes sociales; no solo por su accionar, sino como un instrumento de presión para que el Gobierno vuelva a tener su atención.
En este contexto, la seguridad no depende únicamente de la capacidad de respuesta del Estado, sino también de la confianza ciudadana en las instituciones. Un proceso de paz urbana que se perciba como improvisado o políticamente instrumentalizado puede erosionar esa confianza y dificultar la cooperación de las comunidades con las autoridades.
Credibilidad del Gobierno en su recta final
La renuncia de alias “Carlos Pesebre” ocurre en un momento particularmente sensible para el Gobierno Nacional, que transita su recta final con una agenda marcada por cuestionamientos a sus principales políticas de paz y seguridad; dejando la utilidad del proceso, a la época electoral, con las que el gobierno podía utilizar el suspenso del proceso en Itagüí, como una promesa de campaña del continuismo para recabar votos basado en retomar el proceso.
La paz urbana había sido presentada como un componente clave de la estrategia de “Paz Total” en entornos urbanos, y su crisis tiene efectos directos sobre la credibilidad del Ejecutivo. Desde el punto de vista político, la situación alimenta la percepción de falta de coherencia entre el discurso y la implementación. La ausencia de pronunciamientos oficiales inmediatos frente a las denuncias contenidas en la carta refuerza la sensación de improvisación y dificulta la defensa pública del proceso. En términos de gobernabilidad, este escenario reduce el margen de maniobra del Gobierno para sostener iniciativas similares en otros territorios urbanos.
Desafíos institucionales y control del proceso
La solicitud de la concejala Carrasquilla a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación para evaluar las denuncias plantea un desafío institucional ineludible. Más allá de las responsabilidades individuales, es necesario establecer si existieron fallas estructurales en el diseño y la ejecución del espacio de diálogo, y si se cumplieron los marcos legales que rigen este tipo de procesos.
La claridad jurídica es un requisito indispensable para evitar que los mecanismos de paz urbana se conviertan en fuentes adicionales de conflictividad. Sin reglas precisas, protocolos definidos y responsabilidades claramente asignadas, cualquier iniciativa de diálogo corre el riesgo de generar más problemas de los que pretende resolver. «A todas luces, lo que está ocurriendo, es una falta de responsabilidad y compromiso del ejecutivo con lo que prometió en el «Pacto de la Picota»», señala uno de los analistas, quien señala que lo que buscaría es volver a pactar futuros con miras a las elecciones.
Posibles salidas a la crisis
Ante este panorama, las salidas a la crisis pasan por decisiones de fondo. En primer lugar, se requiere una evaluación técnica e independiente del proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá, que identifique fallas, responsabilidades y lecciones aprendidas. Esta evaluación debe ser pública y servir como base para redefinir o, si es necesario, replantear la estrategia.
En segundo lugar, es fundamental restablecer la articulación entre política de seguridad y política social. La experiencia muestra que los diálogos con estructuras criminales urbanas no pueden avanzar sin una presencia institucional robusta en los territorios, que combine control efectivo, oferta social y justicia.
Finalmente, cualquier intento de reactivar o reformular el diálogo debe partir de garantías jurídicas claras y verificables, tanto para los participantes como para las comunidades. Sin ese piso mínimo, la paz urbana corre el riesgo de convertirse en un factor de inestabilidad adicional.
Un punto de inflexión para Medellín
La renuncia de alias “Carlos Pesebre” no es un episodio aislado, sino un síntoma de tensiones más profundas en la forma como el Estado aborda la violencia urbana organizada. Para Medellín y el Valle de Aburrá, el momento es decisivo. La respuesta que se dé a esta crisis definirá si la ciudad logra contener los riesgos de una nueva escalada violenta o si, por el contrario, vuelve a escenarios que creía superados.
El proceso, en un punto muerto y aparentemente abandonado por el Gobierno, deja maniatado a la administración local, pues cualquier diálogo de paz, debe ser autorizado por el Gobierno Nacional en cabeza del presidente, dejando no solo a al deriva el proceso, sino la seguridad y su impacto en Medellín y el Valle de Aburrá
En juego no está solo la continuidad de un proceso de diálogo, sino la seguridad, la confianza ciudadana y la capacidad institucional de enfrentar uno de los desafíos más complejos de la Colombia urbana contemporánea.
