La deuda pública de Colombia ha alcanzado niveles sin precedentes bajo el gobierno de Gustavo Petro, marcando un nuevo máximo histórico de $992 billones de pesos al cierre de octubre de 2024. Este aumento de $126 billones en apenas diez meses del año representa un salto alarmante, superior incluso al endeudamiento registrado durante los momentos más críticos de la pandemia.
Este panorama plantea serias dudas sobre la gestión fiscal, la planeación presupuestal y el control del gasto público por parte del actual gobierno.
Un aumento desbordado y sin precedentes
A corte de diciembre de 2023, la deuda pública total se situaba en $866 billones, con $559 billones correspondientes a deuda interna y $306 billones a deuda externa. Sin embargo, para octubre de 2024, estas cifras ya habían escalado a $640 billones en deuda interna y $351 billones en deuda externa, sumando $992 billones. Este incremento de $125.8 billones en menos de un año supera los niveles históricos de endeudamiento registrados en gobiernos anteriores.
Lo que más preocupa a expertos y analistas es la velocidad y magnitud de este incremento, que contrasta con un escenario macroeconómico relativamente estable en comparación con las urgencias fiscales de la pandemia. La pregunta que surge es: ¿por qué se ha disparado la deuda a estos niveles sin una emergencia evidente que lo justifique?
Factores detrás del endeudamiento: mala gestión fiscal y gasto excesivo
El aumento de la deuda pública ha sido atribuido a varios factores relacionados con decisiones del gobierno Petro:
- Gasto público desmedido: La administración ha priorizado un gasto expansivo sin un enfoque claro en el retorno económico. Se han incrementado los presupuestos de ministerios, embajadas y misiones diplomáticas, muchas de las cuales han sido cuestionadas por su utilidad. Asimismo, la ampliación de la burocracia, con nuevas entidades y contrataciones de familiares y allegados de funcionarios, ha generado un aumento innecesario en el gasto público.
- Gastos innecesarios y cuestionados: Los gastos en viajes internacionales del presidente, la vicepresidenta Francia Márquez y otros altos funcionarios han sido objeto de críticas constantes. Además, el gobierno ha incurrido en pagos por servicios personales, como maquilladores y masajistas, que han sido percibidos como un despilfarro en un momento de crisis económica.
- Casos de corrupción: Escándalos como los “carrotanques” de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las presuntas “compras de congresistas” para impulsar reformas gubernamentales han salido a la luz, aumentando la percepción de que parte del endeudamiento se utiliza de manera irregular.
- Deficiente planeación presupuestal: La falta de un plan coherente para equilibrar ingresos y gastos ha derivado en la necesidad de endeudarse continuamente para cubrir déficits crecientes. Este descontrol fiscal ha llevado a que gran parte del recaudo tributario se destine al servicio de la deuda, limitando los recursos disponibles para inversión social y desarrollo económico.
Consecuencias para la economía
El impacto de este nivel de endeudamiento en la economía colombiana es profundo y preocupante:
- Presión sobre el recaudo tributario: Con una parte significativa de los ingresos fiscales destinados al pago de intereses y amortización de la deuda, quedan menos recursos para inversión en infraestructura, salud, educación y otras áreas críticas.
- Pérdida de credibilidad fiscal: El incremento acelerado de la deuda y la falta de control sobre el gasto han generado preocupación entre inversionistas y organismos internacionales, lo que podría traducirse en mayores costos de financiamiento en el futuro.
- Crisis de confianza: La percepción de que la deuda está siendo utilizada para gastos innecesarios o prácticas corruptas mina la confianza de los ciudadanos en la administración pública y en la capacidad del gobierno para manejar los recursos del país de manera responsable.
Comparación con gobiernos anteriores
Ni siquiera durante la pandemia de COVID-19, cuando se registraron gastos extraordinarios para atender la crisis sanitaria y económica, se alcanzaron niveles de endeudamiento similares. En comparación, los gobiernos anteriores, aunque también incrementaron la deuda, lo hicieron bajo circunstancias excepcionales y con un enfoque más claro en programas de recuperación y alivio económico.
El gobierno Petro, por el contrario, ha incrementado la deuda en un contexto de relativa estabilidad económica, lo que ha llevado a muchos analistas a cuestionar la justificación de este aumento. La falta de resultados visibles en términos de desarrollo económico o mejora en las condiciones sociales hace que el endeudamiento actual sea percibido como insostenible.
¿Hacia dónde va Colombia?
El crecimiento histórico de la deuda pública bajo el gobierno Petro plantea serias preguntas sobre el futuro económico del país. Si bien el endeudamiento puede ser una herramienta legítima para financiar proyectos de desarrollo, su uso irresponsable puede llevar a una crisis fiscal que afecte a las generaciones futuras.
Es urgente que el gobierno tome medidas para controlar el gasto, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y garantizar que la deuda se utilice de manera estratégica y transparente. De lo contrario, el país corre el riesgo de enfrentar un círculo vicioso de endeudamiento y recortes presupuestales que limitarán su capacidad de crecimiento y desarrollo a largo plazo.
La situación actual exige no solo un debate nacional sobre la responsabilidad fiscal, sino también una acción decidida por parte del Congreso y los organismos de control para garantizar que los recursos del Estado sean manejados con la diligencia y el rigor que los colombianos merecen.