La reciente decisión del Gobierno nacional de impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, a través de la conformación de un comité promotor de firmas encabezado por miembros del propio Ejecutivo, ha abierto un debate que va mucho más allá de la viabilidad jurídica o política de una reforma constitucional. En el fondo, lo que se pone en discusión es el uso de esta iniciativa como una herramienta de campaña anticipada para reforzar al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, en el tramo final del mandato del presidente Gustavo Petro.
La lectura política del movimiento resulta inevitable. La propuesta de una constituyente aparece en un momento en el que el Gobierno enfrenta un desgaste profundo, con bajos niveles de aprobación, una agenda legislativa empantanada y un panorama electoral adverso para su sector. En ese contexto, introducir en la agenda pública un debate de alto voltaje simbólico como el cambio de la Constitución cumple una función clara, de tratar de reagrupar a las bases ideológicas del petrismo, polarizar el escenario y trasladar la discusión del balance de gestión a una narrativa de confrontación estructural.
Una campaña paralela con recursos públicos
Uno de los elementos más sensibles del debate es el impacto que esta estrategia puede tener en materia de financiación política. La activación de un comité promotor de firmas para una eventual constituyente no es un acto neutro, implica logística, movilización, publicidad y, eventualmente, reposición de votos si se llega a una instancia de consulta o mecanismo participativo formal.
Desde esta perspectiva, la constituyente funciona como una campaña paralela que, aunque formalmente distinta, termina alimentando el mismo objetivo político de fortalecer la candidatura del oficialismo. En la práctica, se abre la puerta a un escenario en el que coexisten dos campañas que convergen en un mismo fin, cada una con topes y reglas distintas, lo que permite ampliar significativamente la capacidad financiera y operativa sin que, en apariencia, se violen los límites legales de una sola candidatura presidencial, evitando repetir lo de la campaña de Petro Presidente.
Este tipo de esquemas no es nuevo en la política colombiana. El uso de consultas, movimientos por firmas y mecanismos participativos como plataformas de posicionamiento político ha sido una constante en los últimos años. La diferencia, en este caso, es que el impulso no proviene de un actor externo al poder, sino del propio Gobierno, utilizando su capacidad institucional y su visibilidad para instalar el tema en la conversación nacional, justo cuando comienzan las camapañas electorales y cuando el objetivo es afianzar al candidato petrista.
El cálculo detrás de un fracaso anunciado
Más allá de la discusión electoral, existe un consenso amplio entre juristas y analistas sobre la inviabilidad práctica de una Asamblea Constituyente en el corto plazo. Los tiempos constitucionales, los requisitos de trámite y el escaso margen que le queda al presidente Petro hacen altamente improbable que una iniciativa de este calado llegue a concretarse durante su mandato.
Sin embargo, el posible fracaso del proyecto no parece ser un obstáculo determinante para el Gobierno. Por el contrario, la lógica política sugiere que el objetivo no es necesariamente materializar la constituyente, sino utilizar su promoción como instrumento de movilización y narrativa. Incluso un eventual naufragio del proyecto puede ser capitalizado discursivamente como una “resistencia del sistema” o una “negación del cambio”, reforzando el relato de confrontación que ha caracterizado al petrismo desde su llegada al poder.
En ese sentido, la constituyente opera más como un símbolo que como una meta realista. Su valor está en el camino, no en el resultado.
La Constitución como campo de disputa ideológica
La insistencia del oficialismo en cambiar la Constitución no es un hecho aislado ni coyuntural. Responde a una visión ideológica que considera insuficiente el marco institucional vigente para desarrollar su proyecto político. Resulta paradójico que esta crítica recaiga sobre la Constitución de 1991, en cuya elaboración participaron sectores de izquierda y que ha sido el soporte jurídico de muchas de las banderas que hoy defiende el Gobierno. De hecho el propio Gustavo Petro, fue parte de la constituyente del 91 y ahora dicen que la qie ayudaron a redactar ya no les sirve.
No obstante, el discurso ha mutado. La Carta del 91, que en su momento fue presentada como un avance democrático, ahora es señalada como un obstáculo. Esta lógica no es exclusiva de Colombia. En múltiples experiencias latinoamericanas, los gobiernos de izquierda han recurrido a procesos constituyentes como mecanismo para redefinir las reglas de juego, ampliar el poder del Ejecutivo y reconfigurar el sistema político, aun cuando esos procesos hayan derivado en crisis o fracasos, como ocurrió recientemente en Chile. De todos modos, la constituyente es parte de la hoja de ruta y del guión preparado por la izquierda internacional.
El rol del Ejecutivo y la delgada línea institucional
Otro aspecto que genera preocupación es la participación directa de funcionarios del Gobierno en la promoción de la constituyente. Que un ministro encabece o impulse un comité promotor plantea interrogantes serios sobre la neutralidad del Estado y el uso de recursos públicos con fines políticos. La frontera entre gobierno y campaña se vuelve difusa, alimentando la percepción de que la institucionalidad está siendo instrumentalizada para objetivos electorales.
Este escenario erosiona la confianza ciudadana en las reglas del juego democrático y refuerza la idea de que el poder se utiliza para inclinar la balanza en favor del proyecto oficialista. En un país con antecedentes recientes de investigaciones por financiación irregular de campañas, el mensaje resulta especialmente delicado.
No está lejano pensar que lo que busca el Gobierno y la izquierda radical, es poder captar dineros que puedan utilizarse en la campaña del candidato oficialista sin que estos recursos ingresen a su campaña, maquillándolos como que son para la constituyente, que curiosamente es parte del discurso de Iván Cepeda.
Iván Cepeda y el legado del petrismo
La figura de Iván Cepeda aparece en el centro de esta estrategia. Como eventual heredero político del presidente Petro, su candidatura carga con el peso de un gobierno desgastado y cuestionado. La constituyente le ofrece una plataforma para diferenciarse de la gestión cotidiana y proyectarse como el abanderado de una transformación estructural pendiente.
Además, no es un secreto que Cepeda ha expresado en distintos escenarios su interés en modificar la Constitución. En ese sentido, la iniciativa actual no solo fortalece su campaña, sino que adelanta uno de los ejes programáticos que podría marcar un eventual gobierno suyo.
La apuesta parece no ser en sí la constituyente, sino la financiación de la camapaña del oficialismo ampliando la capacidad de obtener recursos; pero sí de paso, surte efecto el tema de la constituyente, habrán adelantado en tema en caso que Cepeda llegue al poder. Es un dado lanzado sobre el tablero político.
Una apuesta de alto riesgo para la democracia
El uso de mecanismos participativos como instrumentos de campaña plantea un desafío profundo para la democracia colombiana. Cuando la movilización ciudadana se convierte en un medio para eludir controles, ampliar presupuestos políticos o prolongar debates estériles; el sistema pierde legitimidad y se degrada el sentido mismo de la participación.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente, más que una respuesta a una necesidad institucional urgente, se perfila como una táctica electoral cuidadosamente calculada. Una jugada que busca maximizar recursos, ocupar la agenda pública y reforzar al candidato del oficialismo, aun a costa de profundizar la polarización y tensionar los límites del sistema democrático.
En ese tablero, la pregunta de fondo no es si habrá o no constituyente, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para sostener su proyecto político y qué costos institucionales está dispuesto a asumir en el camino.
