Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que calificó a su homólogo colombiano Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”, han generado un terremoto político y diplomático de dimensiones históricas. La afirmación, más allá de su tono explosivo, marca un punto de quiebre en las relaciones bilaterales entre ambos países y deja a Colombia al borde del aislamiento internacional.
Lo que antes era una alianza estratégica de cooperación antidrogas, sostenida durante más de cuatro décadas, se transforma hoy en un escenario de desconfianza y recelo. Washington ya había dado señales de su molestia con la descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, pero la acusación directa de Trump eleva el conflicto a otro nivel, el de la posibilidad de que el país sea tratado como un actor complaciente con el crimen transnacional.
Un quiebre en la relación histórica entre Bogotá y Washington
La ofensiva verbal del mandatario norteamericano no ocurre en el vacío. Llega tras una serie de decisiones y posturas del gobierno Petro que, a ojos de Estados Unidos, debilitaron la cooperación en seguridad. Entre ellas, la suspensión de fumigaciones con glifosato, la reducción de operaciones militares en zonas cocaleras, el nombramiento de exnarcotraficantes como “gestores de paz” y la permisividad frente a los cultivos ilícitos.
Estas medidas, sumadas al discurso de Petro en foros internacionales en el que ha llegado a afirmar que “el petróleo hace más daño que la cocaína” Lo, han sido interpretadas como señales de flexibilidad ante el narcotráfico. Para Trump, tales políticas no solo ponen en riesgo la seguridad regional, sino que consolidan la imagen de un gobierno ideológicamente aliado de regímenes señalados por actividades ilícitas, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
Washington considera que el Cartel de los Soles, integrado por altos mandos militares y políticos del régimen venezolano, opera como una red transnacional de tráfico de drogas. En ese contexto, la cercanía política de Petro con Maduro y su negativa a reconocer la existencia de ese cartel, son vistas con creciente suspicacia.
La sombra del “Pacto de la Picota” y las sospechas de financiamiento ilícito
Las sospechas de Estados Unidos sobre la posible infiltración del narcotráfico en la política colombiana no son nuevas, pero ahora adquieren una gravedad inédita. Fuentes del Departamento de Estado y de agencias federales, según medios estadounidenses, estarían verificando presuntos aportes del Cartel de los Soles a la campaña presidencial de Petro en 2022.
En ese marco, vuelve al centro del debate el “Pacto de la Picota”, el escándalo que estalló cuando se conoció que emisarios del petrismo, incluido su hermano Juan Fernando Petro, visitaron cárceles para ofrecer beneficios judiciales a presos por narcotráfico a cambio de respaldo político. Aunque el entonces candidato negó cualquier negociación, el episodio dejó una herida abierta que hoy, a la luz de las declaraciones de Trump, adquiere un nuevo significado.
El mismo presidente Petro, ha defendido públicamente su política de “Paz Total”, bajo la cual se suspendieron órdenes de captura y extradición a varios jefes de organizaciones narcotraficantes. Esa medida, junto con la retórica de reconciliación hacia quienes estuvieron al margen de la ley, ha sido interpretada en Washington como una concesión excesiva que erosiona el Estado de Derecho.
De socio estratégico a país bajo sospecha
La acusación de Trump, aunque aún no respaldada por documentos públicos hasta ahora, tiene implicaciones devastadoras. En primer lugar, pone en riesgo los flujos de cooperación militar y de inteligencia, esenciales para las operaciones antinarcóticos en el Caribe y la región andina. En segundo lugar, podría afectar los tratados comerciales con Estados Unidos, al tiempo que se elevan los aranceles a productos colombianos, lo que impactaría directamente la economía nacional.
Trump ha sugerido incluso revisar los acuerdos de cooperación y congelar fondos de apoyo a la fuerza pública, una medida que recordaría la época más difícil de las relaciones bilaterales, cuando en los años 90 el gobierno de Ernesto Samper fue señalado por el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña.
La diferencia es que ahora Colombia no enfrenta solo un cuestionamiento moral, sino un riesgo real de aislamiento internacional. El país podría verse en la misma senda de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia, naciones sancionadas por sus vínculos con estructuras criminales y por su negativa a cooperar con agencias internacionales.
Consecuencias internas y un costo político incalculable
Las repercusiones internas no se harán esperar. Los sectores opositores ya exigen explicaciones y reclaman al presidente transparencia sobre las finanzas de su campaña. Mientras tanto, el procurador general Gregorio Eljach ha señalado la necesidad de “conocer evidencia fáctica” que respalde la acusación, en una declaración que refleja el desconcierto institucional ante un hecho sin precedentes.
El impacto político para Petro puede ser profundo. En un país donde el narcotráfico ha marcado la historia reciente, ser señalado por el principal aliado internacional como “líder del narcotráfico” representa una crisis de legitimidad sin precedentes. En términos diplomáticos, podría significar la pérdida de confianza de los organismos multilaterales y la reducción del margen de maniobra de Colombia en los escenarios internacionales.
Entre el discurso ideológico y la realidad política
Más allá de los efectos inmediatos, este episodio revela la tensión ideológica que caracteriza al gobierno Petro. Su insistencia en redefinir la política antidrogas desde un enfoque social ha sido aplaudida por algunos sectores progresistas, pero también ha generado temor entre los aliados tradicionales. Para Washington, la línea entre el discurso y la permisividad es cada vez más delgada.
Las palabras de Trump, más allá de su tono provocador, podrían marcar el inicio de una reconfiguración geopolítica en la región. Colombia, otrora bastión de la cooperación con Estados Unidos, comienza a deslizarse hacia el eje de los regímenes cuestionados.
El país enfrenta ahora un desafío monumental como lo es el de reconstruir su credibilidad internacional o resignarse a ser visto como un Estado que coquetea con la ilegalidad bajo la bandera del cambio. La historia dirá si la acusación de Trump fue un exceso político o la advertencia de un quiebre irreversible en la diplomacia colombiana.
