El nombramiento de René Guarín Cortés como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no es un hecho administrativo más. Se trata de una decisión que toca el núcleo mismo de la seguridad nacional, la confianza institucional y la memoria histórica de Colombia. La DNI no es una dependencia cualquiera, es el organismo encargado de producir inteligencia estratégica para la defensa del Estado, la protección de la democracia y la anticipación de amenazas internas y externas. Por eso, quien la dirige no solo administra información sensible, sino que encarna un estándar ético y profesional que debe estar por encima de cualquier duda razonable.
La designación, firmada por el presidente Gustavo Petro el 15 de enero de 2026, reabrió un debate profundo sobre los límites de la reincorporación política, el alcance real de las amnistías y la delgada línea entre reconciliación y captura institucional.
Un pasado que no es neutro
René Guarín fue integrante del M-19 en los años ochenta, un hecho que por sí solo ya plantea interrogantes sobre su idoneidad para dirigir el principal órgano de inteligencia del Estado que ese grupo combatió. Sin embargo, el cuestionamiento no se limita a una militancia ideológica pasada, sino a hechos judiciales concretos, documentados y de extrema gravedad.
En 1988, Guarín participó en el secuestro de Jorge Valencia Ángel, directivo de la firma Atlas Publicidad. La operación fue frustrada por la Policía, que localizó el vehículo en el que trasladaban al secuestrado. En el enfrentamiento armado murió uno de los cómplices y se incautaron armas de guerra, entre ellas una carabina robada en un asalto previo del M-19, en el que también había muerto un policía. Estos hechos no corresponden a un relato político, sino a un expediente penal.
Ese pasado, lejos de haber sido plenamente esclarecido o asumido públicamente, reaparecería años después en uno de los episodios más dolorosos y complejos de la historia institucional del país, como fue el caso del Palacio de Justicia.
El Palacio de Justicia y el peso del falso testimonio
Décadas después de los hechos de noviembre de 1985, René Guarín reapareció como testigo en los procesos judiciales contra miembros de la Fuerza Pública que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. En ese contexto, declaró que había visto salir con vida a una mujer del edificio que posteriormente habría desaparecido, señalando indirectamente a oficiales del Ejército como responsables.
Ese testimonio resultó ser falso. Años más tarde, pruebas forenses y de ADN confirmaron que varias de las personas presentadas como “desaparecidas” habían muerto dentro del Palacio durante el asalto y el incendio, y que sus cuerpos habían sido enterrados con nombres equivocados. Entre ellos, el de Cristina Guarín, hermana del propio René Guarín, hallado en una tumba que correspondía a otra persona y con evidencia balística que indicaba que estaba armada al momento de morir.
Pese a ello, ese falso relato fue uno de los elementos que contribuyó a la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, quien pasó más de ocho años privado de la libertad antes de ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015. El daño ya estaba hecho. La absolución no reparó los años de cárcel ni la estigmatización pública.
Justicia selectiva y heridas abiertas
El caso del general Jesús Armando Arias Cabrales profundiza aún más la controversia. Condenado por la supuesta desaparición de personas que posteriormente se comprobó que no salieron con vida del Palacio, el general ha sostenido su inocencia desde el inicio. A pesar de nuevas evidencias y de la constatación oficial de errores forenses y administrativos, su recurso de revisión fue negado. Hoy, a los 89 años, continúa privado de la libertad.
En enero de 2024, el gobierno de Gustavo Petro ordenó además retirarle sus condecoraciones, aplicando un decreto posterior a los hechos y cuya constitucionalidad ha sido ampliamente cuestionada. Para amplios sectores jurídicos y militares, ese acto simbolizó no una búsqueda de verdad, sino una decisión política cargada de revancha histórica.
En este contexto, el ascenso de René Guarín a la jefatura de la DNI no puede analizarse de forma aislada. Se inserta en una narrativa más amplia de reinterpretación del conflicto armado, en la que antiguos actores insurgentes ocupan posiciones clave del Estado, mientras persisten dudas profundas sobre la imparcialidad con la que se juzgó a miembros de la Fuerza Pública.
Inteligencia, confianza y riesgo institucional
La Dirección Nacional de Inteligencia maneja información clasificada sobre seguridad, defensa, crimen organizado, terrorismo y relaciones internacionales. La confianza es su principal activo. Por ello, en democracias consolidadas, los directores de inteligencia suelen tener trayectorias técnicas, formación especializada y hojas de vida que resisten el más alto escrutinio público.
La pregunta central no es si una persona puede cambiar ideológicamente con el tiempo, sino si alguien con antecedentes de participación en delitos graves y con un historial de falsedades judiciales puede garantizar la neutralidad, la reserva y la lealtad institucional que exige ese cargo.
La inteligencia del Estado no se construye solo con capacidad operativa, sino con legitimidad. Cuando esa legitimidad se erosiona, se afecta la cooperación interinstitucional, la confianza de aliados internacionales y la credibilidad ante la ciudadanía.
Reconciliación no es amnesia
Colombia ha avanzado, con enormes costos, en procesos de paz, amnistías y reintegración. Pero la reconciliación democrática no implica borrar responsabilidades ni premiar trayectorias opacas. Mucho menos cuando se trata de posiciones que concentran poder, información y capacidad de daño institucional.
El debate no es ideológico. Es institucional. La pregunta no es si René Guarín tiene derecho a participar en la vida política, sino si es aceptable que dirija el sistema de inteligencia de un país que fue víctima directa de las organizaciones a las que perteneció y de las mentiras judiciales que ayudaron a destruir carreras, familias y credibilidad del Estado.
Una decisión que trasciende al gobierno
La designación de Guarín no afecta solo al actual gobierno, sino a la estructura misma del Estado colombiano. La DNI no es un botín político ni un espacio de reivindicación histórica. Es un órgano técnico, sensible y estratégico. Cualquier sombra de duda sobre quien la dirige se proyecta sobre la seguridad nacional.
Por eso, más allá de simpatías o antipatías políticas, el caso plantea una discusión urgente sobre los estándares mínimos que deben exigirse a quienes manejan los secretos del Estado. En un país aún atravesado por economías criminales, tensiones regionales y polarización interna, la inteligencia no puede quedar atrapada en disputas del pasado ni en ajustes de cuentas ideológicos.
La memoria, la justicia y la seguridad no son incompatibles. Pero requieren coherencia. Y esa coherencia hoy está seriamente cuestionada.
