El Partido Conservador atraviesa uno de los procesos internos más tensos de los últimos años. Lo que debía ser un trámite ordenado para definir al precandidato presidencial de la colectividad se transformó en un escenario de disputas jurídicas, desacuerdos políticos y cuestionamientos sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas por su dirigencia. El detonante fue la ampliación del plazo para la inscripción de precandidaturas, inicialmente fijado entre el 4 de octubre y el 10 de noviembre de 2025, decisión que para varios sectores constituye una vulneración directa a los acuerdos internos previamente formalizados; y la carta de un sector que busca que el excontralor Felipe Córdoba sea el candidato oficial por la colectividad.
La veedora del partido, María Eugenia Correa, envió recientemente, a la presidente de la colectividad, Nadia Blel; una carta en la que expresa su inconformidad con la modificación del calendario. Según Correa, el plazo original fue socializado de manera oficial y respetado por militantes y aspirantes que confiaron en la decisión adoptada por el Directorio Nacional. Para la veedora, alterar esas reglas sin una justificación estatutaria compromete la seguridad jurídica del proceso y afecta la confianza de las bases conservadoras.
En su comunicación, Correa también advirtió sobre la participación irregular de Jorge Quevedo Hernández en la votación que extendió el plazo. El dirigente conservador, explicó, se encuentra suspendido temporalmente por una medida disciplinaria que le impide actuar con voz y voto en cualquier instancia formal del partido. A juicio de la veedora, la intervención de Quevedo invalida la decisión adoptada. Por ello, solicitó que se anule su voto y se mantenga vigente el plazo inicial acordado por unanimidad.
Este episodio puso en evidencia fracturas internas que habían permanecido latentes. Sectores del partido ven con preocupación decisiones que consideran “improvisadas” o “orientadas a favorecer intereses particulares”, mientras otros defienden la ampliación como una estrategia para atraer nuevas figuras y ampliar el abanico de opciones de cara a 2026.
El ingreso de nuevas figuras y el choque con los sectores tradicionales
La controversia tomó mayor fuerza cuando el excontralor general Felipe Córdoba confirmó públicamente su interés en aspirar a la candidatura presidencial conservadora. Córdoba afirmó que su eventual postulación responde a una invitación formal de la mayoría del Directorio Nacional, un respaldo que, según dijo, recibió con agradecimiento y que lo llevó a evaluar su inscripción dentro del nuevo plazo extendido. Esta postulación, se evidenció con una carta de mas de 12 parlamentarios a la Presidente del partido, hace unos días.
El anuncio generó reacciones inmediatas. El senador Efraín Cepeda y otros dirigentes tradicionales alertaron sobre la posibilidad de que esta apertura termine facilitando una alianza de sectores conservadores con grupos identificados políticamente con el presidente Gustavo Petro. Para estos sectores, Córdoba es cercano al trujillismo y respaldado por fuerzas conservadoras que han colaborado con el actual Gobierno; además lo han acusado de no ser conservador sino liberal. Estas diferencias, podrían terminar participando en la consulta de marzo no como candidato de la derecha, sino dentro del Frente Amplio o espacios cercanos a la izquierda, aseguran.
El excontralor, por su parte, rechazó estas interpretaciones. En una entrevista radial, Córdoba aseguró que nunca ha militado formalmente en partidos, pero se declara defensor de principios conservadores desde siempre, enfatizando en la familia, tradición católica y postura provida. Su eventual ingreso a la contienda abriría un nuevo escenario, pues representaría una apuesta por renovar la dirigencia histórica del partido y medirse con aspirantes provenientes de sectores más institucionales. Lo cierto es que el sector de lo apoya crtica de frente a la dirección de la última década y media del partido, de la que dicen, no ha sido la mejor y es la que ha llevado al partido Conservador a la crisis que vive actualmente.
La disputa entre legalidad interna y estrategia electoral
La extensión del plazo, además de sus implicaciones políticas, ha desatado un debate jurídico dentro de la colectividad. La veedora Correa enfatizó que la seguridad jurídica del proceso depende de respetar los estatutos y las decisiones adoptadas por unanimidad. A su juicio, desconocer el plazo originalmente fijado no solo afecta la confianza de los aspirantes, sino que pone en riesgo la legitimidad de la consulta conservadora.
El escenario se complica porque el partido busca aprovechar el margen que ofrecen las normas electorales para configurarse como una fuerza determinante en el calendario de 2026. Al ampliar el plazo, doce miembros del Directorio Nacional buscaban incluir nuevas figuras que fortalezcan la contienda interna, pero esta estrategia ha sido leída por otros como un intento por influir en la correlación de fuerzas internas.
Para algunos conservadores, el riesgo central es que la falta de cohesión derive en la imposibilidad de presentar una candidatura sólida que represente de manera inequívoca a la colectividad. Más aún cuando, por primera vez en dos décadas, el partido aspira a recuperar la capacidad de tener un candidato presidencial propio tras años de adhesión a coaliciones de Gobierno. Lo cierto es que el conservadurismo tiene claro su crecimiento en los últimos años, principalmente en los jóvenes y en sectores de la población que le apoyan, lo que le ha representado la alta votación en las pasadas elecciones legislativas y en los concejos de juventud. Con ese respaldo, hay concenso de que el partido está llisto para buscar nuevamente la Presidencia.
Las tensiones internas y el fantasma del petrismo
El conflicto también expone la división entre sectores conservadores que buscan mantener una identidad claramente diferenciada del Gobierno Petro y aquellos que, desde 2022, han tenido acercamientos estratégicos con la Casa de Nariño. El llamado “trujillismo”, por ejemplo, defiende la idea de que el Partido Conservador participe en la consulta de marzo, pero no en el bloque de derecha sino dentro del Frente Amplio, escenario que permitiría alianzas con sectores afines al Gobierno y al centro.
Para el conservadurismo tradicional, esa posibilidad representa una desviación ideológica y una renuncia al proyecto institucional del partido, especialmente en un momento en que su dirigencia busca reconstruir confianza entre votantes inconformes con el rumbo del país. El malestar social con la administración Petro ha llevado a la colectividad azul a considerar que existe un espacio real para recuperar protagonismo electoral y capitalizar el desgaste del oficialismo. El país aun recuerda el momento en que esa decisión se dio en el partido, al derrocar de la dirección del partido a Carlos Andrés Trujillo y disminuyendo su influencia al interior de las bancadas azules en el Congreso de la República, en donde Efraín Cepeda, adquirió mayor protagonismo.
Este dilema coloca al partido ante una encrucijada estratégica que va entre el mantenerse fiel a su identidad histórica o abrir la puerta a alianzas más amplias que, aunque pragmáticas, podrían diluir su carácter ideológico. En concepto de los más tradicionales, esa etapa de pactos y delegar el poder en acuerdos programáticos a la deriva, solo para tener participación en los gobiernos de turno, ya se quemó y ahora el partido debería enfocarse en un candidato que pueda determinar el futuro del país.
Una de las líneas de pensamiento en el partido señala que el partido que debe tomar el liderazgo en la derecha es el Conservador y no el Centro Democrático, pues receurdan que en suma de las dos, cámaras, tienen más congresistas el partido Conservador que el uribismo; pero son concientes quienes defienden esta posición que su juego de cercanía a Petro en los primeros años de su gobierno y algunos residuos parlamentarios que aun lo apoyan, les pasa factura en este proceso. «Mientras el CD tiene a un lídera claro como Uribe, en el Conservador no tenemos un liderazgo sólido», afirmó un parlamentario antioqueño en coversación con IFMNOTICIAS.
El partido conservador busca recuperar influencia en un país polarizado
El contexto general en el que ocurre este conflicto es uno de profunda fragmentación política. La colectividad, fundada hace más de un siglo, busca regresar al escenario presidencial después de haber renunciado a presentar candidato propio en varias elecciones, optando por respaldar coaliciones o gobiernos de turno. Su último presidente fue Andrés Pastrana (1998-2002), y desde entonces el partido no ha logrado articular una figura con verdaderas opciones nacionales.
Sin embargo, su desempeño en las elecciones legislativas de 2022, donde obtuvo un número significativo de curules, revitalizó la idea de volver a competir con fuerza propia. Con el crecimiendo del inconformismo ciudadano frente al actual gobierno, a la situación económica y de seguridad; voces influyentes dentro del conservatismo consideran que 2026 representa una oportunidad histórica para recuperar espacio y disputar la Presidencia.
El desafío radica en articular una candidatura sólida, un proceso interno transparente y una estrategia coherente que permita al partido presentarse ante el electorado como una alternativa viable en medio de un clima de polarización y desgaste institucional.
Un futuro político que depende de la cohesión interna
El Partido Conservador enfrenta hoy un desafío decisivo. La disputa por la ampliación del plazo para inscribir precandidaturas es solo una expresión de tensiones más profundas, que son pugnas por el control del partido, diferencias sobre la identidad ideológica, temores a alianzas con sectores cercanos al oficialismo y una crisis de confianza en la dirección nacional.
Si la colectividad logra resolver sus conflictos internos mediante mecanismos institucionales y respetuosos de sus estatutos, podría fortalecer su unidad y competir con mayor solidez en la contienda presidencial. Si no lo hace, corre el riesgo de llegar a 2026 fragmentado, con una candidatura débil o incluso con la imposibilidad de consolidar una consulta ordenada. En un escenario político volátil, cada decisión interna tendrá implicaciones directas en la capacidad del partido para recuperar protagonismo nacional.
