El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una eventual reducción en el precio de la gasolina volvió a poner en el centro del debate uno de los temas más sensibles para la economía colombiana. Tras más de tres años de incrementos consecutivos, el Gobierno abrió la puerta a un posible cambio de tendencia, apoyándose en el supuesto saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y en un contexto de apreciación del peso frente al dólar. Sin embargo, más allá del impacto inmediato en la opinión pública, el anuncio plantea interrogantes profundos sobre sus efectos reales en la economía, su viabilidad técnica y su verdadero alcance sobre el costo de vida.
Durante el actual gobierno, el precio de la gasolina se duplicó, se desmontaron los subsidios históricos y se alineó el valor interno con las referencias internacionales. Paradójicamente, el mismo mandatario que había liderado la crítica social contra alzas mucho más moderadas en el pasado terminó aplicando uno de los ajustes más drásticos en décadas. En ese contexto, la promesa de una posible baja genera expectativas, pero también escepticismo, especialmente cuando se contrasta con la realidad estructural del mercado energético y con la experiencia histórica del comportamiento de los precios en Colombia.
El Fepc como eje del discurso oficial
El argumento central del Gobierno es que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ya no arrastra el déficit que lo convirtió en una carga fiscal durante años. Según el Ejecutivo, el desmontaje de subsidios y los ajustes aplicados permitieron cerrar ese hueco y devolverle equilibrio al mecanismo. Bajo esa premisa, el Estado tendría ahora margen para modificar la tendencia de los precios y trasladar eventuales alivios al consumidor final.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha insistido en que los subsidios históricos beneficiaron de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos y limitaron la inversión social. En su visión, el costo político asumido por el Gobierno fue necesario para ordenar las finanzas públicas. No obstante, para varios analistas, el debate no se cierra con una declaración política, toda vez que persiste la duda sobre si el Fepc está realmente saneado y si ese equilibrio es sostenible en un entorno internacional volátil.
El entorno internacional juega en contra
Uno de los principales cuestionamientos al anuncio presidencial tiene que ver con el contexto externo. El precio del crudo WTI, referencia para Colombia, ha mostrado presiones al alza, impulsadas por la incertidumbre geopolítica, especialmente por la crisis interna en Irán y su potencial impacto sobre la oferta global de petróleo. Históricamente, este tipo de tensiones se traduce en mayores primas de riesgo y en un encarecimiento del combustible a nivel mundial.
A ello se suma que la relación tradicional entre dólar y petróleo no siempre favorece una baja simultánea. Aunque el peso colombiano se ha apreciado en el arranque de 2026, ese comportamiento responde en buena medida a factores financieros coyunturales. Una reversión en el mercado cambiario podría neutralizar rápidamente cualquier efecto positivo sobre los precios internos de la gasolina, dejando sin sustento la promesa de reducción.
Dependencia externa y límites estructurales
Otro elemento que condiciona cualquier intento de bajar el precio de la gasolina es la creciente dependencia de Colombia de las importaciones de combustibles. Las limitaciones operativas de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja han obligado al país a comprar una parte significativa de la gasolina en el exterior. Esto expone el precio interno a los vaivenes del mercado internacional y a los costos logísticos, reduciendo el margen de maniobra del Gobierno.
Este escenario se agrava si se considera la cancelación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos durante el actual mandato, una decisión que limita la autosuficiencia energética futura. Para los expertos, resulta difícil sostener una política de precios a la baja cuando el país depende cada vez más de la oferta externa y cuando la producción local no crece al ritmo del consumo.
¿Baja la gasolina, bajan los precios?
Uno de los puntos más relevantes del debate tiene que ver con el impacto real que una eventual reducción en el precio de la gasolina tendría sobre la economía cotidiana de los colombianos. La experiencia histórica muestra una asimetría clara, que cuando la gasolina sube, los precios de los alimentos, el transporte y los bienes de la canasta familiar reaccionan casi de inmediato. El aumento se traslada rápidamente a los costos de producción y distribución, alimentando la inflación.
Sin embargo, cuando el precio del combustible baja, ese efecto no se reproduce en sentido contrario con la misma intensidad. Los precios rara vez descienden al mismo ritmo ni en la misma magnitud. Las empresas suelen absorber la reducción como un alivio de costos o como un margen adicional, sin trasladarlo plenamente al consumidor final. Este fenómeno, ampliamente documentado por economistas, limita el impacto real de una rebaja en la gasolina sobre el costo de vida.
Rigideces de precios y expectativas inflacionarias
La dificultad para que una baja en la gasolina se traduzca en precios más bajos tiene varias explicaciones. En primer lugar, existen rigideces estructurales en la formación de precios. Muchos bienes y servicios ajustan al alza rápidamente, pero presentan resistencia a bajar, especialmente en entornos donde las expectativas inflacionarias siguen altas. En Colombia, tras varios años de inflación elevada, los agentes económicos tienden a anticipar nuevos aumentos y no reducciones sostenidas.
En segundo lugar, el costo del combustible es solo uno de los múltiples componentes del precio final de los productos. Mano de obra, impuestos, alquileres, tasas de interés y logística también pesan de manera significativa. Por ello, incluso una reducción moderada en la gasolina podría diluirse en el conjunto de costos, sin generar un impacto perceptible para los hogares, y mas cuando los costos de personal, se incrementaron en la producción por cuenta del alza del 23% en el salario mínimo y con la entrada en vigencia de la reforma laboral.
El componente político del anuncio
En este contexto, varios analistas interpretan el anuncio presidencial como una jugada política en el tramo final del gobierno. Con un calendario electoral en marcha y un ambiente social marcado por el alto costo de vida, la promesa de una gasolina más barata funciona como un mensaje de alivio y como una herramienta de narrativa electoral. Se suma a otros movimientos, como el fuerte incremento del salario mínimo y los anuncios de inversión pública, orientados a recuperar respaldo ciudadano y al repentino cumplimiento de promesas a sindicatos y trabajadores, como el nombrar un representante de los trabajadores en la junta directiva de Ecopetrol.
Desde esta óptica, el anuncio no necesariamente busca una transformación estructural inmediata, sino instalar una expectativa favorable en la opinión pública. El riesgo es que, si la rebaja no se materializa o resulta marginal, el efecto sea contrario y refuerce la percepción de desconexión entre el discurso oficial y la realidad económica. En este sentido, el gobierno pretendería incidir en las urnas para la elección del continuismo del petrismo, basado en inversiones repentinas, baja del combustible, alza del salario, nuevos subsidios, alivios a situaciones complejas en educación, salud y otras deudas sociales.
Consecuencias fiscales y sostenibilidad
Un aspecto clave que permanece sin respuesta es el impacto fiscal de una eventual reducción del precio de la gasolina. Incluso con un Fepc supuestamente saneado, una baja sostenida podría reabrir presiones sobre las finanzas públicas, especialmente si el precio internacional del petróleo vuelve a subir o si el dólar se fortalece. En ese escenario, el Estado tendría que decidir entre asumir nuevos costos o permitir que los precios vuelvan a subir, con el consiguiente desgaste político.
Por ahora, el Gobierno no ha presentado un cronograma, ni cifras concretas, ni escenarios alternativos que permitan evaluar la sostenibilidad de su anuncio. Esa falta de precisión alimenta la percepción de que se trata más de una señal política que de una decisión económica plenamente estructurada, mas cuando por meses, el gobierno viene lanzando alarmas por la crisis fiscal.
Entre la expectativa y la realidad
El debate sobre la gasolina revela una tensión de fondo en el cierre del gobierno Petro, como lo es la dificultad de reconciliar promesas políticas con restricciones económicas. Incluso si el precio del combustible llegara a bajar, el impacto sobre los precios de la canasta familiar sería limitado y probablemente tardío, lo que reduce el beneficio real para los hogares.
En ese sentido, el anuncio presidencial parece moverse más en el terreno de la expectativa que en el de la transformación estructural. La historia económica reciente muestra que la gasolina es un poderoso detonante inflacionario cuando sube, pero un débil corrector cuando baja. Ese desequilibrio explica por qué muchos expertos miran con cautela la promesa oficial y advierten que, más allá del titular, la realidad del mercado terminará imponiendo sus propios límites.
