El subsidio a los combustibles ha sido un tema polémico en Colombia, especialmente en los últimos años, donde los costos asociados han generado un debate sobre responsabilidades y estrategias fiscales. Entender cómo se distribuyeron los 68,8 billones de pesos destinados a subsidiar la gasolina y el ACPM entre 2022 y 2024 es clave para desentrañar los retos que enfrenta el gobiernos Petro y que hoy tiene a transportadores amenazando con paro.
¿Deuda heredada o gasto gradual?
En primer lugar, es crucial desmentir la idea de que el gobierno actual heredó una “deuda” de 70 billones de pesos por subsidios a los combustibles. La realidad es que estos recursos se gastaron de manera gradual entre 2022 y 2024, divididos entre dos administraciones que enfrentaron retos similares. Según los datos, el gasto total en subsidios fue de 68,8 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
• 2022: 36,7 billones de pesos.
• 2023: 20,5 billones de pesos.
• 2024: 11,6 billones de pesos proyectados.
De este total, el gobierno anterior de Iván Duque, en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2022, destinó 23 billones de pesos. El gobierno actual, en cambio, ha gastado 46 billones en subsidios desde su inicio hasta la fecha, aunque estos incluyen montos asociados al proceso de transición y ajuste de precios de los combustibles.
El legado de los subsidios y la transición
La administración actual ha argumentado que no era posible eliminar de forma inmediata los subsidios heredados sin generar un impacto drástico en los consumidores. Para ilustrarlo, habría sido necesario duplicar el precio de la gasolina de 8,000 a 16,000 pesos por galón en un solo mes, algo políticamente inviable y socialmente conflictivo.
Por esta razón, desde el Gobierno Petro, asumieron 22 billones de pesos durante el periodo de transición en el que se ajustaron gradualmente los precios de la gasolina. Aunque esta cifra podría considerarse como parte del “legado” del gobierno anterior, la velocidad y el diseño de los incrementos recayeron en las decisiones de la administración actual de Petro.
Sin embargo, el gasto en subsidios no se detuvo con la alineación de los precios de la gasolina. Una decisión clave del gobierno actual fue mantener los subsidios al diésel o ACPM, un combustible crucial para el transporte de carga y el sector agrícola. Este subsidio, que representa 24 billones de pesos, es enteramente responsabilidad de la administración Petro y explica gran parte de los costos asociados a esta política en los últimos dos años. el gobierno entonces decidió negociar con los transportadores y mantener el subsidio; pero hoy es acusado de no cumplir los pactos y se cierne la amasa de paro camionero.
Impacto fiscal, un problema compartido
El alto costo de los subsidios ha tenido un impacto significativo en las finanzas públicas de Colombia. El déficit fiscal del gobierno anterior cerró en 5,2% del PIB en 2022, en parte porque no se ajustaron los precios de los combustibles. Esto dejó un margen fiscal limitado para el nuevo gobierno, que asumió el desafío de reducir el déficit mientras enfrentaba la presión de los costos heredados y la necesidad de implementar nuevas políticas sociales y económicas.
A pesar de los esfuerzos del gobierno actual por aumentar gradualmente los precios de la gasolina y eliminar subsidios por un valor de 25 billones de pesos, el déficit fiscal no ha disminuido significativamente. De hecho, actualmente se encuentra en 5,6% del PIB, lo que representa un desafío importante para la sostenibilidad fiscal del país.
Un aspecto clave a considerar es que, si bien la eliminación de subsidios a la gasolina ha reducido el gasto público, la decisión de continuar subsidiando el diésel ha mantenido una presión sobre las finanzas del gobierno. Esto muestra cómo las decisiones políticas y económicas pueden tener consecuencias duraderas, incluso cuando se implementan medidas correctivas.
No obstante hay voces que señalan que lo que se ha equivocado es el modelo del subsidio teniendo en cuenta la base con los precios internacionales cuando el país produce su propio combustible a precios locales en más de un 80% de la producción, por lo que si se hubiese generado un modelo bajo la realidad del país las finanzas se habrían reajustado sobre un perfil “real” que llaman los expertos y otra sería la situación hoy, pero la idea fue dolarizar los combustibles para tenerlos como referencia ante una posible bonanza en momentos en que el país tenía buenas perspectivas por exploraciones y buenos ingresos por el petróleo.
La sensibilidad política del precio de los combustibles
Los subsidios a los combustibles no solo tienen un impacto económico, sino también social y político. En Colombia, el precio de la gasolina y el diésel afecta directamente el costo de vida de los ciudadanos y los precios de bienes y servicios, ya que el transporte es un componente esencial de la cadena de suministro.
La eliminación abrupta de los subsidios habría generado un aumento inmediato en los precios, lo que a su vez podría haber provocado protestas sociales y una caída en la aprobación del gobierno. Por esta razón, tanto la administración pasada como la actual han optado por manejar esta política de forma gradual, a pesar de sus elevados costos fiscales.
El caso del diésel es particularmente complejo, ya que su precio está directamente relacionado con los costos del transporte de carga, la agricultura y otros sectores estratégicos. Continuar subsidiando este combustible ha sido una decisión política que busca evitar un impacto negativo en la economía, pero que también perpetúa el alto costo de los subsidios en el presupuesto nacional bajo el actual modelo.
Un problema estructural
El análisis de los subsidios a la gasolina entre 2022 y 2024 revela que no existe una solución fácil ni una única administración responsable del problema. Si bien el gobierno anterior dejó un esquema de subsidios insostenible, el actual ha tomado decisiones que han prolongado los costos asociados, como el mantenimiento del subsidio al diésel.
El desafío para cualquier gobierno es equilibrar las necesidades fiscales con las demandas sociales y políticas. En este sentido, la experiencia reciente de Colombia muestra cómo los subsidios a los combustibles pueden convertirse en una carga estructural que limita la capacidad de inversión en otras áreas críticas, como la educación, la salud y la infraestructura.
Finalmente, el debate sobre los subsidios a los combustibles refleja una lección más amplia sobre la importancia de diseñar políticas públicas sostenibles a largo plazo. Mientras estas decisiones sigan siendo influenciadas por consideraciones políticas de corto plazo, será difícil romper el ciclo de dependencia fiscal y social que generan los subsidios en el país.