Cada cierre de año, el aumento del salario mínimo vuelve a ocupar el centro del debate económico y político en Colombia. Gobierno, empresarios y sindicatos concentran su atención en el porcentaje del ajuste, con la expectativa de que un mayor ingreso nominal se traduzca en mejores condiciones de vida para los trabajadores. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que este ejercicio anual no está resolviendo el problema de fondo sobre como el incremento del salario mínimo no está mejorando de manera sostenida los ingresos reales de la mayoría de los colombianos.
El debate suele presentarse como una confrontación entre quienes defienden aumentos altos para proteger el poder adquisitivo y quienes advierten sobre los riesgos para el empleo formal. No obstante, esa discusión, aunque relevante, se queda corta frente a un problema estructural mucho más profundo y es que en Colombia, el salario mínimo dejó de ser un piso de protección para convertirse en el techo aspiracional de millones de trabajadores.
Un salario mínimo que funciona como techo y no como punto de partida
Uno de los indicadores más reveladores del mercado laboral colombiano es la relación entre el salario mínimo y el salario mediano. En el país, el salario mínimo equivale a más del 92% del salario mediano, es decir, de la remuneración que divide en dos mitades iguales a los trabajadores formales. Esta cifra muestra que una proporción muy amplia de empleados gana lo mismo o apenas un poco más que el mínimo legal, lo que evidencia una fuerte compresión salarial.
En términos prácticos, esto significa que la mayoría de los trabajadores no cuenta con una escalera real de ascenso en sus ingresos. El salario mínimo no es el punto desde el cual se progresa, sino el máximo al que se llega y en el que muchos permanecen durante años. La movilidad salarial es limitada porque la economía no está generando suficientes empleos intermedios o de alta remuneración.
Comparaciones internacionales y el contraste con economías más dinámicas
Cuando se observa el contexto internacional, la diferencia resulta evidente. En Estados Unidos, el salario mínimo representa cerca del 25% del salario mediano. En países como España o el Reino Unido, esa relación se sitúa entre el 53% y el 61%. Estas economías cuentan con mercados laborales más diversificados y productivos, capaces de generar una amplia gama de salarios y de ofrecer trayectorias de progreso económico a los trabajadores.
El contraste pone en evidencia que el problema colombiano no es simplemente el nivel del salario mínimo, sino la incapacidad estructural de la economía para producir salarios más altos. Allí donde hay productividad, inversión y competencia por el talento, los ingresos crecen de manera natural. Donde esos factores faltan, el salario mínimo se convierte en el referente dominante.
Un impacto limitado que deja por fuera a la mayoría de trabajadores
Otro elemento clave del debate es el alcance real del salario mínimo. En Colombia, el aumento anual beneficia de forma directa a cerca de cinco millones de trabajadores formales. Sin embargo, más de trece millones de personas se encuentran en la informalidad y otros cuatro millones trabajan bajo contratos de obra, labor o prestación de servicios. Para estos grupos, el incremento del salario mínimo no representa una mejora en sus ingresos.
Por el contrario, muchos de ellos terminan asumiendo los efectos negativos del ajuste. Una gran cantidad de obligaciones y costos están indexados al salario mínimo y no al índice de precios al consumidor. Multas de tránsito, sanciones administrativas y penales, tarifas, arriendos, el SOAT y otros pagos aumentan automáticamente con cada incremento. Incluso la Unidad de Valor Tributario, que incide en compromisos financieros y fiscales como los créditos de vivienda, se ve impactada.
El aumento de costos de vida y la erosión del poder adquisitivo
Este fenómeno genera una paradoja, mientras algunos trabajadores reciben un mayor salario nominal, amplios sectores de la población enfrentan un aumento generalizado de sus gastos. En la práctica, el incremento del salario mínimo puede traducirse en una presión adicional sobre el costo de vida, especialmente para quienes no están vinculados al empleo formal.
Además, los aumentos nominales de los últimos años han sido parcialmente neutralizados por la inflación. Aunque el salario mínimo ha crecido a tasas elevadas, el encarecimiento de bienes y servicios esenciales ha reducido el impacto real de esos ajustes. El resultado es que el trabajador gana más en papel, pero su capacidad de compra no mejora en la misma proporción.
Más cargas laborales para los empresarios
Desde la perspectiva empresarial, el salario mínimo no es un costo aislado. A su alrededor giran las prestaciones sociales, las vacaciones, las horas extras y los aportes parafiscales, todos calculados sobre la base del salario. Un aumento significativo del mínimo eleva automáticamente toda la estructura de costos laborales.
Esta presión se intensifica cuando se suman otras medidas adoptadas en los últimos años. La reducción gradual de la jornada laboral, aunque busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, incrementa el costo por hora trabajada. A ello se suma la reforma laboral, que redefine el horario diurno y nocturno y amplía el pago de horas extras y recargos, encareciendo aún más la contratación formal.
Para muchas empresas, especialmente las micro y pequeñas, absorber este conjunto de costos resulta cada vez más difícil. Sectores como el comercio, el transporte, la vigilancia y seguridad privada, la agricultura y los servicios intensivos en mano de obra enfrentan márgenes estrechos y poca capacidad de trasladar estos costos al precio final sin afectar la demanda.
El riesgo de más informalidad y menos empleo formal
Ante este escenario, numerosos empleadores optan por reducir personal, congelar nuevas contrataciones o modificar las modalidades de vinculación laboral. El traslado hacia contratos de prestación de servicios, esquemas por obra o trabajo independiente se convierte en una alternativa para sobrevivir financieramente.
El efecto agregado de estas decisiones es un aumento de la informalidad y del llamado, rebusque. Lejos de fortalecer el empleo digno y estable, el entorno regulatorio y de costos laborales, puede terminar empujando a más personas fuera del sistema formal, debilitando la protección social y la base contributiva del Estado.
Inflación, precios y efectos en cadena
El incremento de los costos laborales también tiene un impacto indirecto sobre los precios al consumidor. Muchos productores y prestadores de servicios buscan compensar el mayor gasto ajustando sus tarifas, lo que presiona la inflación y reduce el poder adquisitivo general. Se configura así un círculo en el que el aumento salarial, pensado para proteger al trabajador, contribuye a encarecer el costo de vida.
Este fenómeno afecta especialmente a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes básicos. En ese contexto, los beneficios del aumento del salario mínimo se diluyen rápidamente. Como si fuera poco, el decreto de Emergencia Económica, hará mayor presión sobre los precios reales como en el caso de los licores cuyo IVA pasa del 5% al 18% entre otros.
Un debate más político que estructural
Cada vez más analistas coinciden en que el énfasis exclusivo en el salario mínimo responde, en parte, a una lógica política y electoral. Fijar aumentos elevados tiene un alto valor simbólico y comunicacional, pero no sustituye una estrategia integral de desarrollo económico. En ausencia de crecimiento sostenido, productividad y formalización, el salario mínimo se convierte en un instrumento de corto plazo con efectos limitados.
Experiencias internacionales muestran que los ingresos altos no se decretan. Países como Dinamarca, Suiza, Noruega o Singapur, que no cuentan con un salario mínimo fijado por el Estado, logran mejores niveles salariales gracias a economías productivas, competitivas y con alta demanda de talento.
El desafío de fondo, crear condiciones para mejores salarios
Para Colombia, el reto va mucho más allá del ajuste anual del salario mínimo. Implica mejorar la productividad, reducir la informalidad, simplificar la regulación y generar un entorno de confianza que estimule la inversión y la creación de empleo de calidad. Sin estos cambios estructurales, el salario mínimo seguirá siendo el eje del debate, sin lograr transformar de fondo los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.
La discusión debería desplazarse del porcentaje del aumento hacia las barreras que impiden que el salario mínimo deje de ser el techo aspiracional. Solo en un mercado laboral dinámico, donde las empresas compitan por el talento y los salarios crezcan como resultado natural de la productividad, el salario mínimo podrá cumplir su función de protección básica sin convertirse en un freno para el desarrollo económico y social del país.
