Durante años, el sistema de reposición de votos en Colombia ha sido defendido como un mecanismo legítimo para fortalecer la democracia, reducir la dependencia de las campañas frente a dineros ilegales y garantizar condiciones mínimas de competencia. Sin embargo, con el paso del tiempo y la acumulación de experiencias electorales, ese mismo instrumento ha empezado a mostrar grietas profundas. Para analistas políticos y expertos en financiamiento electoral, la reposición de votos se ha transformado, en ciertos casos, en un negocio rentable que desvirtúa el sentido de la contienda democrática.
Para el analista y experto en inteligencia política desde Washington, Alberto Sierra, el caso del excandidato presidencial Sergio Fajardo se ha convertido en un ejemplo paradigmático para entender cómo funciona esta dinámica y cuáles son sus implicaciones económicas, políticas y éticas. Cómo Fajardo no va a la consulta, su caso histórico sirve para ejemplificar lo que pasa en todas las campañas, algo que no es exclusivo del líder de centro.
Sergio Fajardo y la reposición como modelo repetido
A lo largo de tres elecciones presidenciales, según el analista Sierra, Sergio Fajardo ha recibido más de 34.000 millones de pesos en reposición de gastos de campaña. Se trata de recursos públicos entregados legalmente por el Estado colombiano, en función del número de votos obtenidos en cada contienda.
Las cifras son elocuentes. Aunque Fajardo nunca ha ganado una elección presidencial ni ha llegado al poder ejecutivo nacional, ha logrado mantener votaciones suficientes para superar el umbral mínimo exigido por la ley, generalmente cercano al 4%. Ese umbral, que en teoría busca evitar la dispersión excesiva de recursos, se convierte en la puerta de entrada a una recompensa financiera considerable, incluso para candidaturas sin opción real de triunfo.
En análisis gráficos difundidos en distintos escenarios académicos y mediáticos, se observa con claridad cómo campañas con resultados electorales modestos terminan generando ingresos millonarios vía reposición. Los puntos históricos de votación de Fajardo muestran que, sin necesidad de crecer electoralmente ni de disputar seriamente la presidencia, el sistema garantiza un flujo constante de recursos públicos.
La lógica financiera detrás de la contienda
Para el analista y experto en inteligencia política desde Washington, Alberto Sierra, el problema no radica en un caso individual, sino en la arquitectura misma del sistema. Según Sierra, la reposición de votos, tal como está diseñada, crea incentivos perversos, “No todos los candidatos compiten para ganar; algunos compiten para cobrar”.
La lógica es simple. Una campaña que supere el umbral mínimo puede recibir del Estado montos que, en algunos casos, superan ampliamente la inversión real realizada. Cuando a esto se suman otros mecanismos de financiación permitidos por la ley, anticipos, donaciones privadas dentro del tope, créditos bancarios respaldados por la reposición futura, el resultado es un modelo donde la campaña se convierte en una inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad.
Este fenómeno se amplifica en escenarios de consultas interpartidistas, donde la reposición de votos también aplica. Allí, candidatos sin posibilidades reales de convertirse en presidentes participan no para ganar la consulta, sino para asegurar un caudal de votos suficiente que active el pago estatal en un negocio redondo y casi libre de impuestos.
Consultas como antesala del negocio
Como ya lo ha advertido IFMNOTICIAS en análisis previos, las consultas se han convertido en un espacio particularmente atractivo para este tipo de estrategias. A diferencia de la primera vuelta presidencial, las consultas permiten competir con menor exposición política, menor escrutinio ciudadano y, en algunos casos, con reglas más laxas en términos de control del gasto.
Expertos señalan que muchos aspirantes entienden la consulta no como un mecanismo democrático de selección interna, sino como una oportunidad financiera. El cálculo es frío, obtener un número determinado de votos, acceder a la reposición y, eventualmente, volver a intentarlo en el siguiente ciclo electoral. Las ganancias son constantes con apenas trabajo.
Este comportamiento explica por qué algunos candidatos aparecen recurrentemente en el tarjetón presidencial o en consultas o en alcaldías, gobernaciones y otros cargos de elección popular; pese a que sus resultados electorales se mantienen estables o incluso decrecen. El incentivo no está en crecer políticamente, sino en sostener un piso mínimo de votación que garantice ingresos.
Impacto sobre las finanzas del Estado
Desde la perspectiva fiscal, el impacto no es menor. La reposición de votos se financia con recursos del presupuesto general de la Nación, es decir, con dinero de todos los contribuyentes. Cada elección implica miles de millones de pesos destinados a cubrir campañas que, en muchos casos, no generan ningún resultado en términos de gobernabilidad, representación efectiva o renovación política.
En un país con déficits estructurales en salud, educación, seguridad y atención social, el uso de recursos públicos para financiar candidaturas sin viabilidad real plantea preguntas incómodas. ¿Es razonable que el Estado subsidie de manera recurrente proyectos políticos que no buscan gobernar? ¿Cuál es el retorno democrático de esa inversión?
Para varios analistas económicos, el problema no es el monto individual, sino la acumulación. Cuando se suman elecciones presidenciales, consultas, elecciones legislativas y locales, el costo total del sistema de reposición se vuelve significativo y difícil de justificar frente a otras prioridades nacionales.
Por eso llamó la atención e indignó a muchos la intención de Iván Cepeda de participar en una segunda consulta, cuando ya había participado en la del año pasado, pues la conclusión era que igual era el ganador, pero que la intención real era la reposición de votos que le permitía financiar la campaña con estos recursos adicionales.
Implicaciones democráticas y distorsión del sistema
Más allá del impacto fiscal, el efecto más delicado es el democrático. El sistema de reposición, concebido para fortalecer la pluralidad y la equidad, termina incentivando la fragmentación artificial del escenario político. En lugar de promover coaliciones sólidas y proyectos de largo plazo, fomenta la proliferación de candidaturas testimoniales. En el caso de las consultas, lo que podría ser solucionado mediante encuestas, convenciones, coaliciones negociadas y otras fórmulas; en donde el costo no se le traslade al Estado en detrimento de las finanzas públicas ylo asume el candidato o su partido; se le está cargando al sistema de reposición de votos que ha sido utilizado como negocio.
Esto tiene consecuencias directas sobre el electorado. Los ciudadanos enfrentan tarjetones cada vez más extensos, con aspirantes que no representan opciones reales de poder, lo que aumenta la confusión, el abstencionismo y el desencanto con la política.
Además, se produce una desigualdad implícita porque candidatos con mayor visibilidad mediática o reconocimiento previo, aunque no crezcan electoralmente, tienen más facilidad para acceder a la reposición, mientras que liderazgos nuevos o alternativos, sin estructura ni recursos iniciales, enfrentan mayores barreras.
El espíritu de la norma y su desviación práctica
Defensores del sistema recuerdan que el espíritu original de la reposición de votos es sano. Busca reducir la influencia de dineros ilícitos, evitar que el acceso al poder dependa exclusivamente de grandes fortunas y permitir que campañas con respaldo ciudadano recuperen parte de sus costos.
Ese objetivo, en abstracto, sigue siendo válido. El problema surge cuando la norma se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio. Para muchos críticos, la reposición ha dejado de ser un mecanismo de protección democrática y se ha transformado en una oportunidad de negocio electoral.
Alberto Sierra lo resume con una frase contundente: “Cuando la reposición garantiza ganancia sin victoria, la democracia entra en zona de riesgo”.
¿Debe reformarse el sistema de reposición de votos?
La pregunta es inevitable. ¿Debe reformarse el sistema de reposición de votos en Colombia? Para un número creciente de analistas, la respuesta es sí, aunque con matices.
Algunas propuestas apuntan a elevar los umbrales mínimos, reducir los montos por voto, condicionar la reposición a resultados efectivos, como el acceso a cargos de representación, o establecer límites al número de veces que un mismo candidato puede beneficiarse del sistema sin lograr avances reales.
Otros plantean un mayor control sobre los gastos reportados, auditorías más estrictas y sanciones más severas para campañas que utilicen la reposición como principal motivación.
Lo que parece claro es que mantener el sistema tal como está profundiza la percepción de que la política se ha convertido en un negocio financiado por el Estado, más que en un ejercicio de representación ciudadana.
Un debate necesario en plena coyuntura electoral
En un contexto electoral marcado por desconfianza institucional, déficit fiscal y desgaste democrático, el debate sobre la reposición de votos no puede seguir siendo marginal.
El ejemplo de Sergio Fajardo no es una acusación personal sobre un candidato que ha hecho las cosas bien y evitó participar innecesariamente en la consulta en una decisión ética, lo que evita onerosos gastos al Estado; sino un caso ilustrativo de cómo la ley permite, y en algunos casos incentiva, comportamientos que erosionan la legitimidad del sistema como presuntamente lo pretendía hacer, Iván Cepeda
La pregunta de fondo no es si la reposición debe existir, sino para quién y con qué propósito. Mientras no se aborde esa discusión, la contienda electoral seguirá siendo, para algunos, menos una carrera por el poder y más una fórmula rentable para vivir cómodamente de los recursos públicos.
