El gobierno de Gustavo Petro, que prometió una transformación profunda en el país bajo la bandera del cambio y la paz, se enfrenta a una realidad que contradice sus promesas. Las cifras son alarmantes: bajo su administración, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo han aumentado de manera significativa, poniendo en jaque no solo la seguridad nacional, sino también los derechos humanos de miles de colombianos. La incapacidad del gobierno para contener la expansión de grupos armados y su manejo ineficiente de los acuerdos de paz no solo han exacerbado el conflicto interno, sino que han generado una creciente crisis humanitaria y social.
El crecimiento imparable del EGC-Clan del Golfo y las disidencias de las FARC
Uno de los principales grupos criminales que ha aprovechado la debilidad de las políticas de seguridad del actual gobierno es el EGC-Clan del Golfo, que ha expandido su control territorial a niveles sin precedentes. Según los datos más recientes, este grupo armado ha incrementado su presencia de 213 municipios en 2022 a 442 municipios en 2024, cubriendo vastas zonas del noroccidente y oriente del país. Esta expansión territorial es un reflejo directo de la falta de una estrategia coherente por parte del gobierno de Gustavo Petro para enfrentar las amenazas que representan estas organizaciones.
Por su parte, las disidencias de las FARC también han aprovechado la situación y su proceso de negociación, para fortalecer su presencia en el país. Desde el inicio del mandato de Petro, estos grupos han pasado de operar en 124 municipios a 299, consolidándose como una fuerza activa en el conflicto armado colombiano. A pesar de los esfuerzos iniciales del gobierno por abrir canales de diálogo con algunos de estos grupos, la realidad en el terreno muestra que la violencia y la criminalidad han seguido su curso, deslegitimando los intentos de paz y permitiendo que estos actores ilegales se reorganicen y continúen su expansión.
El aumento de la violencia y el desplazamiento forzado
La presencia extendida de grupos armados como el EGC-Clan del Golfo y las disidencias de las FARC ha generado un incremento significativo en la violencia y el desplazamiento forzado. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, más de 183,000 colombianos han sido víctimas del desplazamiento forzado entre 2023 y 2024, lo que refleja el impacto devastador de la inseguridad y la violencia descontrolada en todo el país. Este fenómeno, que afecta principalmente a las regiones más vulnerables, se ha visto exacerbado por la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Las cifras del desplazamiento son solo la punta del iceberg. El informe también revela que el Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las FARC, ha llevado a cabo 611 acciones armadas en el mismo periodo, de las cuales el 43% se concentraron en el departamento del Cauca, una región que se ha convertido en uno de los principales escenarios del conflicto armado. Esta concentración de la violencia en Cauca no es casual, ya que el EMC ha logrado consolidar su control sobre 41 municipios de este departamento, prácticamente tomando el control total de esta zona del país.
El ELN y la Segunda Marquetalia: actores clave en la crisis de seguridad
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), que supuestamente estaba en conversaciones de paz con el gobierno, continúa sus actividades delictivas en 13 departamentos, según el mismo informe de la ONU. Este grupo guerrillero no solo ha mantenido su presencia, sino que ha aprovechado el contexto de negociación para rearmarse y expandir su control en varias regiones del país. Las promesas de paz del gobierno se ven cada vez más lejanas, mientras el ELN sigue adelante con sus operaciones, sembrando miedo y violencia entre la población civil.
A su vez, la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC que opera en 4 departamentos, ha seguido actuando sin mayores contratiempos. La presencia de este grupo en el escenario del conflicto armado colombiano añade una capa adicional de complejidad a la ya difícil situación de seguridad en el país. La falta de una estrategia clara y efectiva por parte del gobierno para enfrentar a estos grupos ha permitido que sigan operando con relativa impunidad, lo que ha incrementado la incertidumbre y la inseguridad en las zonas rurales de Colombia. A este panorama se suma el debilitamiento de la fuerza pública y las Fuerzas Armadas, que va desde recortes presupuestales para operar hasta normas que limitan su accionar.
Cocaína: el motor del conflicto que Petro no ha logrado frenar
El crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia ha sido otro de los grandes fracasos de la administración de Petro. El informe revela que las hectáreas sembradas de coca en el país superan las 26,000 en el último año, una cifra alarmante que contrasta con la casi nula erradicación en el último año. El narcotráfico, que sigue siendo el principal motor financiero de muchos de los grupos armados en el país, ha florecido bajo la inacción del gobierno, alimentando la violencia y la corrupción en todas las esferas del poder.
La falta de políticas efectivas para combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico no solo ha fortalecido a los grupos armados, sino que ha tenido un impacto devastador en las comunidades rurales, muchas de las cuales dependen económicamente de este cultivo ante la falta de alternativas viables. La erradicación manual y las políticas de sustitución de cultivos impulsadas por anteriores gobiernos han quedado en el olvido, y las comunidades siguen atrapadas en el círculo vicioso del narcotráfico y la violencia. Sorprende sí, el más reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar las cosechas de coca, lo que sólo beneficia a los grupos narcotraficantes.
El fracaso del cese al fuego y el aumento del reclutamiento forzado
El cese al fuego, una de las principales apuestas del gobierno para avanzar en los diálogos de paz, dentro del programa bandera de la “Paz Total”, ha sido objeto de numerosas violaciones por parte de los grupos armados. En 2023, se registraron más de 20 violaciones al cese al fuego solo por parte del Estado Mayor Central, lo que evidencia la falta de compromiso real por parte de estos actores con el proceso de paz. Las constantes violaciones al acuerdo no solo deslegitiman las negociaciones, sino que también generan una mayor desconfianza entre la población civil, que se siente cada vez más vulnerable ante la violencia desenfrenada. Esta situación solo muestra una “burla” de los grupos armados en negociaciones al gobierno y los procesos.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis de seguridad es el aumento en el reclutamiento forzado, especialmente de menores. Según diversas denuncias, este fenómeno ha ido en aumento, y los grupos armados continúan captando a jóvenes y niños para nutrir sus filas. Este tipo de prácticas, que constituyen una grave violación a los derechos humanos, pone en evidencia la incapacidad del Estado para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, perpetuando el ciclo de violencia y destrucción que afecta a Colombia desde hace décadas.
Según informaciones de inteligencia, los grupos armados han encontrado en el reclutamiento forzado de menores, una alternativa para blindarse de los bombardeos de ejército y la fuerza aérea ante la posición gubernamental de qué no se puede bombardear si hay sospecha de menores. Así estos grupos utilizan a los niños y niñas como escudos de Guerra.
La escalada de los enfrentamientos entre grupos armados
La expansión territorial de los grupos armados no solo ha generado un aumento en la violencia contra la población civil, sino que también ha intensificado los enfrentamientos entre las diferentes facciones que operan en el país. Según el informe de la ONU, los enfrentamientos entre actores armados ilegales han aumentado en un 54% desde 2023, lo que ha provocado una escalada en el conflicto armado interno. Este aumento en la confrontación entre grupos armados no solo agrava la crisis de seguridad, sino que también dificulta cualquier intento del gobierno por establecer una paz duradera en el país.
La inacción del gobierno ante esta situación ha sido criticada por múltiples sectores de la sociedad. La falta de una política clara y efectiva para combatir la violencia y la criminalidad ha permitido que estos grupos operen con relativa impunidad, mientras el Estado parece estar cada vez más ausente en las zonas más afectadas por el conflicto.
Una crisis que pone en jaque los logros del pasado
El panorama de seguridad en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro es sombrío. Las cifras y los informes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas dejan claro que el país ha retrocedido en su lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Los avances logrados por administraciones anteriores han sido prácticamente desmantelados, y Colombia se encuentra en una situación de vulnerabilidad que amenaza con desestabilizar aún más el futuro de la nación.
El gobierno de Petro ha fracasado en su promesa de traer paz y seguridad al país. Lejos de lograr avances significativos, sus políticas han permitido que los grupos armados crezcan en fuerza y territorio, mientras que la violencia y el desplazamiento forzado alcanzan niveles alarmantes. La crisis de seguridad en Colombia no solo afecta a miles de ciudadanos, sino que también pone en peligro la estabilidad de la región, dejando al país en una encrucijada peligrosa de cara a un futuro incierto.
Las preocupantes cifras del conflicto armado en Colombia contrastan con el muy bajo nivel de ejecución presupuestal de los ministerios y entidades encargadas de la política social y la política pública, lo que demuestra que no hay una serie intervención del Estado para atender la necesidades sociales en la población civil afectada por el conflicto, dejando además, el poder de control territorial a los actores armados que se han convertido en autoridad y reemplazan el Estado.
Es imperativo que el gobierno reevalúe su estrategia de seguridad y adopte medidas más efectivas para frenar la expansión de los grupos armados, garantizar la seguridad de la población civil y avanzar en un proceso de paz real y sostenible. De lo contrario, Colombia seguirá sumida en un ciclo de violencia, narcotráfico y criminalidad que solo beneficia a los actores ilegales que hoy se sienten empoderados frente a un Estado que parece haber perdido el control.