La carrera política de Juan Carlos Upegui, exconcejal de Medellín y excandidato a la alcaldía por el grupo Independientes, ha terminado en una debacle judicial que ha dejado en evidencia la manera fraudulenta en la que pretendía alcanzar el poder y atornillarse en el concejo distrital.
El Consejo de Estado ha sido contundente en dos fallos consecutivos que han decretado su muerte política, estableciendo un precedente ejemplar para quienes intenten burlarse de la Constitución y la ley.
Han sido dos derrotas judiciales con un mensaje claro para la Política Colombiana, pues el Consejo de Estado ha sido categórico en que Upegui no solo estaba inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Medellín debido a que su padre, Henry Upegui Zapata, ocupaba un cargo en un colegio bajo la influencia de la administración de Daniel Quintero, sino que también se valió del Estatuto de la Oposición para hacerse con una curul en el Concejo de Medellín de manera ilegal.
En un primer fallo, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó la nulidad de su ingreso al Concejo, declarando que su participación como candidato a la alcaldía estuvo viciada por la inhabilidad. Sin embargo, lejos de aceptar la decisión, Upegui insistió en su permanencia en la política con el respaldo de su mentor, el exalcalde Daniel Quintero, y su grupo Independientes.
La respuesta de la justicia no se hizo esperar. En una segunda sentencia, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la Pérdida de investidura de Upegui, cerrándole cualquier posibilidad de aspirar a cargos públicos en el ámbito local y regional, y dejando en el aire su futuro a nivel nacional. Este fallo equivale a una sentencia de muerte política, un golpe demoledor para la figura que Quintero había impulsado como su heredero.
En qué consistió la Inhabilidad de Upegui?
El origen de los problemas legales de Upegui radica en la prohibición constitucional establecida en el artículo 95 del Código General Disciplinario y en la Ley 617 de 2000, que impide que un candidato aspire a la alcaldía si un familiar suyo ha ejercido autoridad civil o administrativa dentro del año previo a la elección.
En este caso, el padre de Upegui, Henry Upegui Zapata, se desempeñaba como director del Centro de innovación del Maestro – Mova, una dependencia adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín. Este cargo le otorgaba funciones administrativas y de manejo de recursos públicos, lo que generó la inhabilidad de su hijo.
La ley es clara en que un candidato no puede aspirar a la alcaldía si su padre o madre han ejercido poder en el mismo municipio en los 12 meses anteriores a las elecciones. A pesar de que esta norma es ampliamente conocida y que ha sido aplicada en múltiples ocasiones, Upegui decidió ignorarla y lanzar su candidatura con el respaldo de Daniel Quintero.
En un intento desesperado por desvirtuar su inhabilidad, Upegui y su equipo jurídico argumentaron que el cargo de su padre no representaba una autoridad significativa dentro de la estructura de la administración distrital. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que, al manejar presupuestos y tomar decisiones administrativas, Henry Upegui sí ejercía autoridad, lo que automáticamente inhabilitaba a su hijo.
El costo de la terquedad en un caso de abuso político
Desde el inicio, Upegui sabía que su candidatura violaba la ley, pero decidió desafiar la normativa con un discurso de victimización, denunciando una supuesta persecución política que intentó llevar con Daniel Quintero, a instancias internacionales. No obstante, la justicia ha sido contundente en demostrar que no se trataba de persecución, sino de la aplicación estricta de las normas electorales violadas por Upegui.
Incluso su propio abogado, el exmagistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes Barreiro, sufrió un duro revés al perder ambas demandas, lo que demuestra la solidez jurídica de los fallos.
Pero Upegui no es el único afectado. Con esta decisión, el otro gran derrotado es Daniel Quintero, quien ha visto como su movimiento político se desmorona por las constantes violaciones a la ley de sus exfuncionarios hoy imputados y sumidos en investigaciones y escándalos por corrupción, así como muchos de sus aliados. Su estrategia de perpetuar su legado a través de Upegui fracasó rotundamente, dejando en evidencia el desgaste y la falta de legitimidad del grupo Independientes.
El Clan de Quintero con un historial de ilegalidades
Juan Carlos Upegui, primo de la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, en evidente nepotismo durante la administración, ha sido un operador clave en las estrategias políticas del exalcalde. Su trayectoria ha estado marcada por un oportunismo ideológico, pasando por distintos partidos de extremos opuestos hasta recalar en Independientes, donde, una vez alcanzada la alcaldía, se le creó un cargo hecho a su medida: la Secretaría de la No Violencia, con un multimillonario presupuesto.
La ambición por la alcaldía lo llevó a inscribirse en las elecciones de 2023 a pesar de conocer su inhabilidad como quedó claro en la sentencia. Tras su derrota electoral, recurrió al Estatuto de la Oposición para ocupar una curul en el Concejo, en un acto que ahora la justicia ha calificado como ilegal.
No es la primera vez que un miembro del grupo Independientes enfrenta un castigo judicial en el concejo con pérdida de investidura. Antes de Upegui, el exconcejal Alex Flórez también perdió su investidura por conductas indebidas, lo que confirma un patrón tramposo dentro de este grupo político.
Incluso en el mismo quinterismo, Upegui fue objeto de demandas por parte de sus antiguos aliados. Albert Corredor, quien también aspiró a la alcaldía y fue cercano en extremo a Daniel Quintero, interpuso una acción judicial contra Upegui, alegando su inhabilidad. Aunque Corredor no logró tampoco quedarse con la curul en el Concejo, sus denuncias ayudaron a que el Consejo de Estado confirmara la violación de la ley por parte de Upegui.
Un precedente ejemplar. La justicia no perdonará a los tramposos
La contundencia de los fallos contra Upegui envía un mensaje claro a todos los actores políticos de Colombia: la inhabilidad no es un asunto negociable, y quienes intenten vulnerar la ley serán castigados con la máxima severidad.
El Consejo de Estado ha sentado un precedente ejemplar para las futuras elecciones: no habrá espacio para quienes busquen engañar al Estado y a la ciudadanía con maniobras ilegales.
Este caso no solo marca el ocaso político de Juan Carlos Upegui, sino que también expone las debilidades y contradicciones del proyecto político de Daniel Quintero. Independientes ha quedado reducido a un grupo con serios cuestionamientos legales y muchos de sus integrantes con líos jurídicos, disciplinarios y fiscales por corrupción y malas prácticas, donde las aspiraciones de poder han chocado de frente con la realidad de la justicia.
La política en Medellin avanza hacia un nuevo escenario, y con este fallo, queda claro que las trampas y los atajos ilegales ya no tendrán cabida en la democracia colombiana.