La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir al senador Iván Cepeda de la consulta presidencial del denominado Frente por la Vida marca un punto de inflexión en la carrera hacia las elecciones de 2026. Tras una votación ajustada de 6 contra 4, en la que fue decisiva la participación de conjueces, el tribunal electoral concluyó que Cepeda se encuentra legalmente impedido para participar en ese mecanismo interpartidista, previsto para el 8 de marzo. El fallo no solo redefine el camino del senador del Pacto Histórico, sino que también tiene implicaciones políticas más amplias sobre la estrategia de la izquierda, la legitimidad de las consultas y el uso de recursos públicos en campaña.
Una decisión jurídica con impacto político
El debate en el CNE giró en torno a la interpretación de las normas que regulan la participación en consultas internas e interpartidistas dentro de un mismo calendario electoral. La mayoría de magistrados y conjueces consideró que Cepeda, al haber participado en una consulta interpartidista en 2025 junto a figuras como Carolina Corcho y Daniel Quintero, no podía volver a presentarse a otro proceso similar. Esa participación previa activó, según el fallo, una restricción clara prevista en la legislación electoral.
La intervención de los conjueces fue determinante. En una primera votación, la sala plena no había logrado una mayoría suficiente, lo que obligó a llamar a conjueces para destrabar el proceso que fue aplazado en varias oportunidades. Con su incorporación, y en particular con el voto del conjuez Hollman Ibáñez, se consolidó la mayoría que cerró la discusión y dejó en firme la exclusión de Cepeda. Desde el punto de vista institucional, el procedimiento siguió el cauce previsto para estos casos y permitió resolver uno de los expedientes más sensibles del actual calendario electoral.
El mensaje del CNE y los límites de la interpretación política
Para distintos analistas, la resolución envía un mensaje claro, sobre que las reglas electorales no son interpretables al antojo de los actores políticos, incluso cuando estos se consideran mayoritarios o con legitimidad histórica. En este caso, el CNE aplicó un criterio que ya había sido utilizado en situaciones anteriores, como la que dejó por fuera a Daniel Quintero tras su participación en la misma consulta previa. La coherencia del precedente refuerza la idea de que no se trató de una decisión ad hoc, sino de la aplicación estricta de una norma existente.
Sin embargo, desde sectores de la izquierda se ha intentado presentar el fallo como una decisión política más que jurídica, sembrando dudas sobre la imparcialidad del órgano electoral. Ese discurso, advierten expertos, no es nuevo y suele aparecer cuando las decisiones institucionales resultan desfavorables. El riesgo, señalan, es que se erosione la confianza en las instituciones electorales justo en un momento en que la legitimidad del proceso democrático es clave.
La ruta que le queda a Cepeda
Antes de conocerse la decisión, Iván Cepeda había anticipado que, si el CNE no lo autorizaba para participar en la consulta del Frente por la Vida, acudiría directamente a la primera vuelta presidencial como candidato del Pacto Histórico. Con el fallo en firme, esa opción se convierte en el único camino viable dentro del calendario electoral. En términos prácticos, esto implica una campaña distinta, sin el impulso político y simbólico que suele otorgar una consulta interpartidista.
Además, la salida de Cepeda de la consulta reconfigura el escenario de la izquierda. Lo que se presentaba como un mecanismo amplio de definición de candidatura comienza a diluirse, dejando en evidencia tensiones internas y diferencias estratégicas entre sus principales figuras, como es el caso de Roy Barreras.
El componente económico detrás de la disputa
Uno de los puntos más sensibles del debate ha sido el impacto económico de las consultas. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo que la pretensión de Cepeda era un “descaro”, al señalar que la consulta no solo tiene efectos políticos, sino también financieros, a través de la reposición de votos que otorga el Estado. Según esta lectura, permitir que un candidato participe en más de una consulta dentro del mismo proceso electoral implicaría que el erario financie dos veces una misma aspiración presidencial.
Para Valencia y otros críticos, el verdadero incentivo detrás de la insistencia de Cepeda en participar en la consulta del Frente por la Vida no era únicamente político, sino económico, dado que la reposición de votos representa una suma significativa de recursos. Esta interpretación cobró fuerza tras la reacción del Pacto Histórico, que decidió retirarse de la consulta una vez confirmada la exclusión de su principal figura.
El retiro del Pacto Histórico y lo que revela
La decisión de los sectores afines a Cepeda de enviar una carta a la Registraduría retirándose de la consulta fue leída por varios analistas como una confirmación de que el mecanismo estaba diseñado, en la práctica, alrededor de su candidatura. Al quedar Cepeda por fuera, la consulta perdió sentido para ese bloque, lo que refuerza la tesis de que no se trataba de una competencia real entre varias figuras, sino de un instrumento para validar y financiar a un candidato previamente definido.
Este retiro colectivo también dejó al descubierto la fragilidad de la consulta de la izquierda. Con la salida de Cepeda y la posterior decisión de Camilo Romero de abandonar el proceso, el espacio quedó reducido a unas pocas figuras, entre ellas Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, sin la fuerza política inicial que se había anunciado.
Reacciones y llamados a reformar las instituciones
Tras el fallo, algunas voces de la izquierda aprovecharon el momento para pedir una reforma del Consejo Nacional Electoral, cuestionando su composición y su rol de representación política de los partidos en el sistema democrático. Para otros sectores, este tipo de llamados responden más a una reacción coyuntural que a un análisis estructural del funcionamiento del CNE, cuyo diseño incluye representación de distintos partidos y busca reflejar el pluralismo político.
El riesgo de este discurso, advierten expertos en derecho electoral, es que se debilite la autoridad de las instituciones encargadas de arbitrar la competencia democrática. En lugar de fortalecer el sistema, la descalificación permanente puede generar mayor desconfianza ciudadana y alimentar narrativas de fraude o persecución sin sustento jurídico.
El nuevo mapa de las consultas presidenciales
Con la exclusión de Cepeda y la retirada del Pacto Histórico, el panorama de las consultas cambia de manera significativa. En la práctica, quedan en pie las consultas de la centro derecha y del centro, esta última encabezada por Claudia López y con apenas dos integrantes confirmados, a la espera de una eventual incorporación de Sergio Fajardo, quien ha insistido en seguir de frente a primera vuelta. Esto concentra la atención mediática y política en esos espacios, mientras la izquierda enfrenta el reto de reorganizar su estrategia sin un mecanismo de consulta amplio.
Una de las interpretaciones sobre el por qué existen consultas de pocas personas como la de Claudia López y la eventual de Roy Barreras, en donde claramente se sabe quién resultaría ganador, es la ausencia de encuestas permanentes que midan, a ciencia cierta, el potencial electoral que puede alcanzar a tener algún candidato. En este sentido, analistas dicen que algunos de los candidatos prefieren medirse en las urnas, antes de ir directamente a una primera vuelta, no sólo por el tema económico, sino para medirse, en realidad, frente al caudal de votos potencial que puedan tener con miras a la elecciones.
Aún hay tiempo para que se terminen de conformar las consultas y se registran ante el Consejo Nacional Electoral, quedando en duda todavía la participación de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, de quién se ha advertido en la semana anteriores que estaría interesada en participar, ante los tropiezos jurídicos de su esposo, caso que todavía está en evaluación para fallo en el CNE con la pretensión de que vuelva a ser habilitado.
Un precedente que pesa hacia adelante
Más allá del caso puntual de Iván Cepeda, la decisión del CNE sienta un precedente relevante para el proceso electoral de 2026. Reafirma que las consultas no son un terreno flexible para ensayar interpretaciones convenientes y que existen límites claros para evitar ventajas indebidas, tanto políticas como económicas. El impacto de este fallo no se agota en una candidatura, sino que redefine las reglas del juego y obliga a los partidos a ajustar sus estrategias dentro del marco legal.
En ese contexto, el episodio deja una lección central para la contienda que se avecina, enfatizando que la fortaleza de la democracia no depende solo de la competencia entre proyectos políticos, sino del respeto efectivo a las reglas que garantizan equidad, transparencia y confianza en el proceso electoral.
