La Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más influyentes en el sector petrolero colombiano, encendió las alarmas tras denunciar un cobro inicial de 9,4 billones de pesos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a Ecopetrol, correspondiente al IVA del 19% sobre las importaciones de gasolina realizadas en los últimos años. Según la denuncia, esta suma incluye 6,1 billones directamente a Ecopetrol, 1 billón a la refinería de Cartagena y 2,3 billones en concepto de intereses. Pero lo más preocupante, advierte el sindicato, es que la Dian proyecta ampliar este cobro a 21 billones de pesos si la misma medida se aplica al ACPM, otro combustible de alto consumo en el país.
La noticia no solo ha generado inquietud dentro de la empresa más grande del país, sino que plantea interrogantes sobre la estrategia fiscal del gobierno de Gustavo Petro. Para USO, este cobro representa una “reforma tributaria individual” aplicada a Ecopetrol, que amenaza su estabilidad financiera y podría comprometer su sostenibilidad a largo plazo. “Están incautando la caja de Ecopetrol para cuadrar las finanzas públicas, en medio de un panorama de recaudo insuficiente desde el año pasado”, denunció César Loza Arenas, presidente del sindicato, quien también acusó a la Dian de exceder sus funciones al imponer decisiones con efectos similares a los de una reforma tributaria, sin pasar por el Congreso.
Un impuesto que reabre la polémica fiscal
Este movimiento de la Dian ocurre en un contexto complejo: el gobierno Petro sufrió en 2023 un revés político cuando el Congreso le negó la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria que buscaba incrementar el recaudo para financiar proyectos sociales y de infraestructura. Sin ese respaldo legislativo, el Ejecutivo quedó con menos margen de maniobra fiscal, situación que ahora se refleja en medidas que, según críticos, buscan “recuperar por otras vías” lo que no pudo conseguirse por la ruta legislativa.
Para el sindicato, el cobro no solo es desproporcionado, sino discriminatorio, al aplicar un IVA del 19% sobre los combustibles importados, mientras los de producción interna tributan solo un 5%. Ambos, recuerdan, están destinados al consumo nacional. Este diferencial no solo pone en desventaja a Ecopetrol en el mercado, sino que, de mantenerse, podría trasladarse a los consumidores en forma de alzas en el precio de los combustibles. Un escenario que, en un país altamente dependiente del transporte terrestre, tendría efectos en cascada sobre los precios de bienes y servicios, agravando la ya delicada situación inflacionaria.
El dilema de recaudar hoy a costa del futuro
Pero las implicaciones no terminan ahí. Si Ecopetrol se ve obligada a asumir este pago monumental, no solo reduciría su capacidad de inversión en exploración, producción y transición energética, sino que podría comprometer su rol estratégico como fuente de ingresos para el Estado. En otras palabras, lo que el gobierno gana en recaudo inmediato podría perderlo en dividendos futuros, debilitando una de las principales palancas fiscales del país.
La denuncia de USO también toca fibras políticas sensibles. Diferentes voces recuerdan que curiosamente el actual ministro de Minas, Andrés Camacho, proviene de las filas sindicales de la USO que hoy lo critica, y cuestionan el destino de los recursos públicos. “Si no hay inversión social, ni obras, ni nuevas vías, ni colegios ni universidades, ¿dónde están los 136 billones del presupuesto de 2023? ¿Dónde están los 214 billones del presupuesto de 2024? ¿Y los 577 billones asignados para 2025?”, se preguntan, sumando a sus inquietudes los recursos de la última reforma tributaria y aportes internacionales.
Este episodio refleja una paradoja inquietante: el gobierno que prometió una transición energética justa y mayores recursos para la inversión social, podría estar asfixiando financieramente a la empresa que aún sostiene buena parte de las finanzas públicas. En el centro del debate queda una pregunta de fondo: ¿puede un gobierno avanzar en sus objetivos redistributivos debilitando a su principal fuente de ingresos?
Analistas señalan que el propósito del gobierno en realidad es “cuadrar caja” y ante la imposibilidad de recaudar con una reforma tributaria, estaría usando a Ecopetrol para cobrar los 22 billones que buscaba en la reforma y que la estatal petrolera obligue a un alza mayor en los combustibles para recuperar el dinero; así Ecopetrol sería el instrumento para recaudar lo de la reforma y obtenerla de los ciudadanos que utilizan los combustibles. “Es una forma de aplicar la reforma” señala uno de los analistas, advirtiendo que a la vez se estaría jugando con el patrimonio público de manera irresponsable.
“EL gobierno está desesperado, gasta más de lo que recibe y Petro está presionando para que se busquen recursos por donde sea posible justo par poder temer con qué enfrentar el año electoral“, señala otro de los analistas.
Por ahora, la pelota está en el campo de Ecopetrol, cuya Junta Directiva y administración deberán definir su estrategia legal ante el millonario cobro. Mientras tanto, el mercado y la ciudadanía observan con preocupación un pulso que podría tener impactos profundos en la economía, la política energética y el bolsillo de los colombianos.
