Durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha registrado un repunte alarmante de los homicidios que no se veía desde hace más de una década. Los datos oficiales de Medicina Legal, consolidados y analizados por el periodista Melquisedec Torres, muestran que en 2025 se registraron 14.780 homicidios dolosos en el país, una cifra que solo encuentra parangón en 2010, cuando Colombia vivía la transición entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y se reportaron 15.856 asesinatos. Desde entonces, y hasta antes del actual gobierno, el país había logrado mantener cifras significativamente menores.
Lo más inquietante no es únicamente el número, sino el silencio que lo rodea. Este repunte no ocupa el centro del debate público, no ha generado una interpelación sostenida al Gobierno ni se ha convertido en eje de discusión entre los candidatos que aspiran a gobernar el país. La seguridad, paradójicamente, ha dejado de ser un tema prioritario en medio de una coyuntura que evidencia un deterioro profundo de la convivencia y la protección de la vida.
Un dato oficial que desnuda una tendencia preocupante
Las cifras que sustentan este diagnóstico no provienen de fuentes alternativas ni de ejercicios de oposición política. Son datos oficiales de Medicina Legal, extraídos de sus boletines electrónicos, cuya finalidad declarada es servir como base técnica para la formulación de políticas públicas orientadas a reducir tanto las lesiones fatales como no fatales en el territorio nacional. En ese sentido, el aumento de homicidios no es una percepción ni una narrativa, sino una realidad estadística verificable.
El hecho de que en 2025 Colombia haya vuelto a niveles de violencia letal similares a los de hace 15 años indica una ruptura clara con la tendencia descendente que, con altibajos, se había sostenido durante más de una década. Para analistas de seguridad y conflicto, este quiebre está estrechamente ligado a decisiones de política pública adoptadas durante el actual gobierno, en particular al enfoque de la llamada “Paz Total”.
La Paz Total y el debilitamiento del control territorial
Uno de los elementos centrales del análisis es la forma en que la política de Paz Total ha reconfigurado la relación del Estado con los actores armados ilegales. Bajo la promesa de reducir la violencia mediante el diálogo y los ceses al fuego, el gobierno optó por disminuir la presión operativa sobre grupos armados y bandas criminales, lo que en múltiples regiones se tradujo en un fortalecimiento de estas estructuras.
La expansión y multiplicación de frentes guerrilleros y organizaciones armadas ilegales ha devuelto al país a escenarios que recuerdan dinámicas de hace tres décadas. Zonas como el Cauca, el Catatumbo y el nordeste antioqueño se han convertido en epicentros de crisis humanitarias, con asesinatos asociados al narcotráfico, disputas territoriales y control armado de comunidades enteras. En estos territorios, el Estado ha perdido capacidad efectiva de control, mientras los grupos ilegales imponen reglas, administran economías ilícitas y ejercen violencia sistemática.
Concesiones urbanas y deterioro de la convivencia
El deterioro de la seguridad no se limita a las zonas rurales. En las principales ciudades del país, el gobierno ha optado por una política de concesiones a estructuras delincuenciales urbanas que, lejos de desactivar la violencia, ha contribuido a su normalización. La escena de cabecillas de bandas criminales recibiendo tarima pública al lado del presidente Petro, sacados de centros de reclusión, como ocurrió en la cárcel de Itagüí en el tarifazo de la Alpujarra, se convirtió en un símbolo de un mensaje ambiguo frente al delito.
En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la lucha territorial entre pandillas ha revivido fenómenos como las “fronteras invisibles”, afectando la movilidad, la economía local y la seguridad cotidiana de los ciudadanos. La delincuencia común, cada vez más violenta, ha encontrado un entorno de menor disuasión, mientras las políticas de prevención y control urbano han sido relegadas frente a una narrativa centrada exclusivamente en la negociación. En la memoria del país queda la frase del presidente de pagar a los jóvenes delincuentes para que no maten, o la más reciente, que roban celulares por amor.
El impacto del narcotráfico y la tecnología de la violencia
Otro factor determinante en el aumento de homicidios es el crecimiento sostenido del narcotráfico. La expansión de cultivos ilícitos, la disputa por corredores estratégicos y el aumento del tráfico de drogas han intensificado la violencia armada. Este fenómeno no solo alimenta a los grupos ilegales tradicionales, sino que también introduce nuevas dinámicas de confrontación, incluyendo el uso de tecnologías como drones para ataques indiscriminados.
La combinación de economías ilícitas robustas y avances tecnológicos ha elevado la letalidad de los enfrentamientos. Civiles, policías y militares se han convertido en blancos frecuentes de ataques que antes eran excepcionales. La Fuerza Pública, de hecho, ha puesto una parte significativa de los muertos, con policías y soldados asesinados por francotiradores o en emboscadas en distintos municipios del país.
Violencia política y señales de regresión democrática
El repunte de homicidios también se ha visto acompañado por el retorno de la violencia política, un fenómeno que Colombia había logrado reducir de manera significativa en años recientes. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los atentados contra aspirantes al Congreso, como el ocurrido en Arauca que dejó varios escoltas muertos, marcan un punto de inflexión preocupante.
Estos hechos no solo incrementan las cifras de violencia letal, sino que erosionan la confianza en el proceso democrático y generan un clima de temor que afecta la participación política. La seguridad de los actores políticos, de los líderes sociales y de los ciudadanos en general se ha visto comprometida en un contexto donde el Estado parece reactivo más que preventivo.
El abandono de la seguridad como política pública integral
Uno de los señalamientos recurrentes de los analistas es que el gobierno de Gustavo Petro abandonó la seguridad y la convivencia como políticas públicas integrales, trasladando casi toda la responsabilidad al marco de la Paz Total. Este enfoque, según sus críticos, descuidó componentes esenciales como la prevención del delito, el fortalecimiento de la autoridad civil, la protección de la Fuerza Pública y la articulación entre justicia, inteligencia y control territorial.
La promesa del “Gobierno de la Vida” contrasta de manera directa con los resultados observados. La retórica oficial no ha logrado traducirse en una reducción efectiva de la violencia, y los datos de homicidios muestran una realidad opuesta a los objetivos declarados.
El silencio político frente a una crisis evidente
Quizás uno de los aspectos más llamativos de este panorama es la ausencia del tema en la agenda política nacional. Como lo advierte Melquisedec Torres, el incremento de homicidios no se ha convertido en un eje central del debate electoral. Ni el gobierno ni los candidatos del oficialismo han sido cuestionados de manera sostenida por esta situación, y la oposición tampoco ha logrado posicionar el tema con la contundencia que amerita.
Este silencio resulta difícil de explicar frente a una cifra que devuelve al país a niveles de violencia de hace 15 años. La falta de discusión pública sobre la seguridad y la vida sugiere una desconexión entre la realidad que viven millones de colombianos y las prioridades del debate político.
Un llamado a recuperar la seguridad como propósito nacional
El repunte de los homicidios en Colombia no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Es el resultado de decisiones de política pública, de la pérdida de control territorial, del fortalecimiento de economías ilícitas y del debilitamiento de la disuasión estatal. Ignorar esta realidad implica normalizar la violencia y renunciar a uno de los deberes fundamentales del Estado como lo es el de proteger la vida, como está consagrado en la constitución.
En un contexto electoral, la seguridad debería volver a ocupar un lugar central como propósito nacional. No como consigna, sino como política integral basada en datos, diagnóstico y acción efectiva. Las cifras de Medicina Legal no son solo estadísticas; representan vidas perdidas y comunidades afectadas. El país no puede permitirse que este drama siga fuera de la agenda pública.
